REELECCION PRESIDENCIAL Y CONTINUIDAD DE POLÍTICAS

La reforma de la Constitución impuesta por el MAS en las irregulares sesiones de la Asamblea Constituyente en La Glorieta y en Oruro incluyó la posibilidad de la reelección presidencial inmediata. Esto nos ha devuelto, en la tradición constitucional boliviana, al periodo previo a 1839, llevándonos a un viaje de 170 años de retorno a pasado.

Luego de la propuesta inicial de Bolívar de una presidencia vitalicia que ejercía, sin embargo, una función simbólica por el peso que su constitución otorgaba al Congreso y a los Prefectos, la idea de la reelección incorporada en 1831 fue descartada ocho años más tarde y así se mantuvo, con algunas experiencias frustrantes de reelección, hasta el 2009. En todo este tiempo la reelección solamente era admitida después de haber transcurrido un periodo constitucional.

El último intento de incorporar la figura de la reelección inmediata en la Constitución corresponde a la reforma de 1961, que habilitó a Víctor Paz Estenssoro a postularse nuevamente en 1964, al finalizar su segundo mandato (1960-1964). Esa reforma también fue forzada y muy controversial, aunque Paz Estenssoro logró la reelección llevando como compañero de fórmula al Gral. René Barrientos. La oposición se abstuvo de participar y denunció fraude cuando el binomio Paz-Barrientos logró el 85.9% de los votos válidos que en esa ocasión alcanzaban algo menos de 1.3 millones. A pesar de una victoria tan aplastante, o quizás debido a ella, el gobierno perdió rápidamente legitimidad y quedó interrumpido a los pocos meses, cuando la insurgencia urbana y especialmente estudiantil dio paso al golpe de los generales Ovando y Barrientos. En 1967 se sancionó una nueva Constitución, vigente hasta este año, que restableció la fórmula de la reelección discontinua, es decir, admitiéndola solamente después de que hubiera pasado un periodo constitucional.

El prorroguismo fue el argumento principal en la protesta social que condujo a la caída de Paz Estenssoro, como lo había sido también en 1930 en contra de Hernando Siles, aún cuando éste había cedido formalmente el mando a su consejo de ministros. Incluso podría decirse que el derrocamiento de Andrés de Santa Cruz, luego de 10 años de gobierno, fue en parte justificado por la prolongada permanencia del caudillo. Los tres salieron al exilio por varios años y sólo una perspectiva histórica más amplia permitió valorar sus gestiones de gobierno.

La referencia anterior debería ayudarnos a recordar el carácter efímero del poder y el tradicional rechazo de los bolivianos a los intentos de los políticos de prolongar su permanencia en el poder. Los ciudadanos de este país nunca aceptaron gobiernos “para toda la vida”, rechazando incluso a quienes juzgaron con enorme aprecio antes y después de haberlos expulsado, como los citados Santa Cruz, Siles y Paz Estenssoro.

Además de la tradición, hay razones de fondo para desconfiar de la reelección y desaconsejarla en Bolivia.

La fragilidad y vulnerabilidad de nuestro sistema institucional tiende a concentrar el poder en la figura del Presidente y, por tanto, tiende a personalizar la representación y la capacidad de gestión, aumentando los riesgos de abuso y exclusión. Rechazar la reelección es expresar un temor y un repudio razonables al autoritarismo.

Si nuestro sistema institucional fuera más vigoroso y eficaz, generaría mayor certidumbre y no serían importantes para su funcionamiento las personas, de modo que importaría poco definir quién ocupa qué cargo. Bastarían los mecanismos institucionales para asegurar el respeto a los derechos de las personas y la expansión de sus oportunidades de desarrollo. En un sistema de instituciones fuertes las funciones “hacen” a las autoridades, y no son las autoridades, como ahora, las que hacen a las funciones.

Por lo tanto, la reelección no afecta a la democracia cuando el sistema institucional es fuerte, es decir, cuando las leyes son claras y se cumplen, cuando representan controles que impiden el abuso del poder. Pero cuando el sistema institucional es débil la reelección da lugar a que el caudillismo reemplace a las instituciones, y a que el orden sea impuesto por la fuerza. En ese caso, el autoritarismo sustituye al derecho y la ley.

Cualquiera que sea el método con el que evaluemos la fortaleza de la institucionalidad boliviana, encontraremos que es débil y vulnerable a presiones de grupo o incluso a influencias personales. En ese contexto, es posible anticipar que la reelección debilitará aún más el frágil sistema institucional boliviano: es una amenaza a la democracia.

Este problema, sin embargo, no debería impedirnos buscar cierta continuidad en algunas políticas que requieren del largo plazo para dar frutos. Es tan dañino pretender refundar el país cada cinco años, como lo es creer que la continuidad de las políticas depende de la continuidad de las personas en el poder.

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SEGURIDAD CIUDADANA Y CAMPAÑA ELECTORAL

Cuando muchas encuestas insistían en que la prioridad del electorado era el empleo, la campaña de Manfred se concentró en el tema “Seguridad y empleo”, dando un énfasis mayor en el primero de los dos temas, y Samuel intensificó la emisión de sus spots dedicados al tema. Casi simultáneamente, el gobierno respondió informando de una nueva campaña gubernamental: seguridad ciudadana.

Esta nueva dimensión del debate político –porque eso es- me intrigó. ¿Se trata de una estrategia publicitaria? ¿Está la oposición magnificando el problema? ¿Cómo interpretar la decisión del gobierno?

Una lectura de los periódicos muestra que los atracos, robos y asesinatos llenan grandes espacios noticiosos, y también los accidentes de tránsito, con imágenes terribles de muertos y heridos en las carreteras. Pero podría ser que los periódicos y noticiosos de televisión estén respondiendo a los temores de la gente que, sin duda, crecen, como lo demuestra la frecuencia con que las comunidades reaccionan linchando sospechosos. Cuando las amas de casa se transforman en homicidas, participando en violentos actos de justicia comunitaria, quiere decir que su miedo y su furia son inmensos. ¿Se justifican? ¿Lo que está sucediendo es subjetivo, sobre todo una sensación, un sentimiento de miedo? ¿O tiene bases y causas reales?

Mi sesgo me llevó a mirar los datos y, en el portal del Instituto Nacional de Estadísticas encontré alguna información interesante, proveniente de la Policía Nacional.

Las series no son muy largas, pero abarcan casi toda la década reciente. Puestos en gráfico, los datos son bastante expresivos. El total de delitos registrados por la Policía en Bolivia muestra una tendencia declinante hasta el 2005, cuando alcanzan a 32150 en el año, y una ascendente desde entonces, llegando casi a 46 mil el 2008. Un aumento del 42% en apenas 3 años. Desagregando los datos por delitos, casi todos repiten la misma forma, aunque unos crecieron más rápidamente que otros. Por ejemplo, los robos agravados, o atracos, han aumentado más rápidamente que los hurtos. La gente tiene entonces razón en sentirse insegura. No es que sus cosas simplemente desaparezcan, sino que, cada vez más, se las quitan con violencia.

En el tema de los accidentes de tránsito las tendencias son algo parecidas. Si bien no había un descenso en el número de accidentes durante la primera mitad de la década, su crecimiento era muy lento. Pero desde el 2004 se produce un salto y en los cuatro años que van del 2004 al 2008 la cantidad total de accidentes de tránsito prácticamente se duplicó en el país, pasando de cerca de 21 mil a casi 40 mil. En los últimos cuatro años el promedio anual supera las 1100 personas muertas en accidentes de tránsito, es decir que cada día están muriendo más de 3 personas e accidentes de tránsito. El número de heridos ha aumentado continuamente. En estos momentos es diez veces superior al número de muertos.

De esta rápida revisión de cifras se desprende que la gente tiene razón para estar preocupada. Su seguridad declina y la amenaza de atracos y accidentes es cada vez mayor.

Los mismos datos sugieren que no se trata de tendencias históricas o estructurales, independientes de las situaciones coyunturales. Al contrario, hay cambios de tendencia que coinciden con variaciones en las condiciones político-institucionales del país. En los años 2004 y 2005 cambian las tendencias, ya sea porque se revierten de declinación a crecimiento, como en el caso de los delitos, o porque su ritmo de crecimiento pasa de lento a rápido, como en los hechos de tránsito.

No creo que se trate de una coincidencia. Los últimos cinco años el país ha vivido un proceso debilitamiento institucional que ha afectado especialmente a las entidades encargadas de proporcionar seguridad a los ciudadanos. La Constitución Política del Estado, fundamento de la estructura institucional, fue reemplazada quebrando normas y compromisos, y se impuso una mediante el voto apresurado que, además, será cambiada en cualquier momento. Esa incertidumbre se exacerbó con la paralización del Tribunal Constitucional y los juicios a fiscales y jueces que no siguen la línea gubernamental.

La policía, símbolo directo de la ley para el ciudadano, también ha sufrido una grave erosión de su autoridad. En varios conflictos sociales han sido desarmados y humillados, y con frecuencia se los ve en las cámaras escapando de las pedradas de la turba. Algunos han sido linchados en hechos que sembraron más dudas aún sobre la institución, como es el caso Epizana. La política gubernamental ha sido enviar a la policía pero con órdenes de no actuar, poniendo a oficiales y soldados en situaciones de vulnerabilidad o, en algunos casos, de franca complicidad con acciones delictivas.

En conclusión, hay efectivamente un deterioro de la seguridad ciudadana, y ella está directamente relacionada con la gestión pública, o la falta de ella.

El debilitamiento institucional ha sido una de las principales causas del agravamiento del problema de inseguridad ciudadana. Por lo tanto, no se resolverá poniendo más policías en las calles, armándolos o motorizándolos, o aumentando la severidad de las penas para los delincuentes. Todo esto puede ser parte de una política de seguridad ciudadana, pero nada es más importante que desarrollarla dentro de un marco más amplio de seguridad jurídica y fortalecimiento institucional. Sin Estado de derecho, que implican respeto a la ley y división de poderes, los problemas de seguridad serán crecientes. Salvo que se opte por aumentar los recursos represivos y punitivos, en cuyo caso tal vez se controle algo la delincuencia pero será a costa de crear problemas peores en otros ámbitos, como el de los derechos humanos, por ejemplo, y las libertades civiles.

Se justifica, entonces, que la seguridad ciudadana se haya colocado en el centro del debate electoral. No solamente porque está creciendo, sino porque en ella convergen muchos otros problemas.

El empleo en las propuestas electorales

El debate sobre las propuestas electorales y la generación de empleos está impregnado de malos entendidos y prejuicios. En la predominante cultura rentista boliviana se promueve la idea de que generar empleo es una responsabilidad gubernamental y esto hace que mucha gente confunda empleo con “pega”, que es una remuneración regular aunque no se trabaje ni produzca nada. Es importante pedir más claridad en el tema y sobre todo en lo que concierne a lo que puede y debe hacer el Estado, es decir, a su rol en este campo.

El candidato que más énfasis ha hecho en el empleo es Samuel Doria Medina, con planteamientos convergentes en tres áreas: la reforma educativa con bachilleratos técnicos, la entrega de fondos a emprendedores, y la promoción de productos orgánicos y su correspondiente búsqueda de mercados. El Estado en su perspectiva sería un promotor de la actividad económica, pero dejando a los ciudadanos las actividades de inversión, producción y venta.

El riesgo de este tipo de políticas es que depende mucho de los técnicos o burócratas, que nunca tienen suficiente conocimiento de los mercados y no asumen los riesgos del fracaso. El riesgo para la gente disminuye cuando el Estado proporciona créditos o subsidios, pero esto crea nuevos problemas, como los de hacer dependientes o poco competitivos a los productores y limitar la capacidad fiscal.

Los riesgos son mayores en propuestas como la de BSD, que plantea restablecer un sistema de proteccionismo con prohibiciones a la importación, o de MUSPA que sugiere obligar al uso de productos nacionales. En estos casos, como también en los de Gente y Pulso, se muestra una confianza mucho mayor en los técnicos y burócratas que en los millones de agentes económicos que se relacionan a través de millones de transacciones de compra y venta de bienes y servicios. Esto es ingenuo y puede ser peligroso para una economía, como lo han demostrado muchas experiencias que creyeron que la econometría y la decisión de gabinete podían sustituir a los productores y consumidores que actúan buscando su bienestar.

La propuesta del MAS lleva este riesgo al extremo con su fe en el rol central que debería tener el Estado en la economía, ya demostrada con las estatizaciones realizadas en los últimos años. Algunas de ellas absolutamente contrarias a la oferta de empleo, como las que consistieron en la compra de instalaciones ya existentes en las que se invirtieron muchos millones de dólares –como en la compra de refinerías a Petrobras- sin haber generado un solo empleo ni haber ampliado la capacidad productiva. Afortunadamente para el país y la economía, en la oferta del MAS tiene ahora un lugar de relevancia la distribución directa a la población de una parte de las rentas naturales. Este era un tema que el MAS criticaba por su origen neoliberal, pero que ahora forma parte central de su propuesta. Eso es bueno porque por lo menos una parte del dinero del gas se emplea de acuerdo a las decisiones, necesidades y aspiraciones de las personas, y no de una cúpula política o sindical que cree que lo sabe todo.

Curiosamente, esta política acerca al MAS y su principal adversario, que es Convergencia Nacional/PPB, que propone ampliar la cobertura de la distribución a todos los ciudadanos, utilizando incluso las reservas monetarias fiscales. Es interesante, en el caso de esta coalición, la idea de ligar el empleo a las oportunidades económicas, pues eso les permite reforzar su idea de colocar al Estado como el generador institucional de la seguridad jurídica y el gestor del acceso a los mercados mundiales.

Sintetizando esta breve relación, que es algo injusta con todos por las limitaciones de espacio, debo decir que en mi criterio no son viables ni creíbles las propuestas que expresan más confianza en la burocracia que en la ciudadanía. Pueden ser tentadoras para nosotros, ya que sugieren que ellos resolverán nuestros problemas, pero no tienen el aval de la teoría ni de la experiencia histórica. Es justamente a partir de la experiencia y la teoría que creo más en las propuestas que muestran respeto por la capacidad y la racionalidad de las personas cuando se les permite actuar a partir de sus propios objetivos e intereses individuales.

En mi criterio, si lo único realmente eficaz y continuo en los últimos años ha sido el fortalecimiento de la economía familiar con transferencias directas de recursos, lo lógico sería avanzar hacia un acuerdo nacional que garantice, de una vez por todas, que los bolivianos disfrutaremos de la propiedad de los recursos naturales sin la intermediación del Estado, el paternalismo de la burocracia o la manipulación prebendal de los políticos. La ampliación del mercado interno y la multiplicación de oportunidades sería tan grande en ese caso, que el pleno empleo sería un resultado obvio. El problema es que una política de este tipo eliminaría la mamadera, y son muchos los que viven prendidos a ella o quieren alcanzarla.

A LA GENTE SU PLATA

Roberto Laserna

Hace unos días el Presidente de Nigeria, Umaru Yar’Adua, envió un proyecto de ley al parlamento de su país proponiendo la distribución del equivalente al 10% de los ingresos petroleros directamente a los ciudadanos del delta del Níger. La región, productora de la mayor parte del petróleo de este gigante africano, es también la más azotada por la violencia y donde los contrastes de riqueza y pobreza son los más altos. De hecho, Yar´Adua pretende con este procedimiento satisfacer la demanda fundamental de la población del Níger, que es acceder a una parte de esa riqueza, eliminando así la principal causa de la violencia en la zona.

Hasta ahora, Nigeria fue uno de los casos emblemáticos de la maldición de los recursos naturales, pues desde que se descubrió petróleo en su costa no sólo crecieron las exportaciones y el PIB, sino también la pobreza, el SIDA y la violencia.

Muy cerca de Nigeria se encuentra Ghana, hasta ahora uno de los pocos países africanos que parecía encaminarse hacia una democracia con sólidas instituciones y una economía estable y en crecimiento. Pero hace poco descubrió grandes reservas de petróleo y dentro de un par de años el país se convertirá en exportador petrolero. Los investigadores del Centro para el Desarrollo Global de Washington difundieron un estudio sobre los problemas que podría representar para Ghana la afluencia de esos recursos, y prepararon un memorando al Presidente John Atta Mills sugiriéndole una fórmula para evitar esos problemas: distribuir el dinero petrolero entre todos los ciudadanos (cgdev.org). La directora de este centro, Nancy Birdsall ya había planteado junto a Arvind Subramanian una propuesta similar para Irak hace algunos años, a través de la prestigiosa revista Foreign Affairs.

En Marzo de este año, Muammar Gaddafi propuso liquidar el enorme aparato burocrático de Libia y distribuir entre los ciudadanos los ingresos provenientes del petróleo. La propuesta del caudillo libio es parte de su sorprendente giro político, luego de reconocer el fracaso de la larga revolución que preside y admitir que es tiempo de ensayar algo completamente diferente.

La propuesta ha encontrado la resistencia de la burocracia libia, incluyendo el primer ministro al-Mahmoudi y el presidente del Banco Central, Bin Guidara. Para ellos, la distribución de los recursos petroleros entre todos los ciudadanos causaría una debacle económica, con inflación y caos. Gaddafi replicó: “lo que ustedes quieren es que la situación no cambie y puedan así conservar sus privilegios”, y les exigió que piensen en cómo se puede distribuir directamente a todos los libios el dinero proveniente de las exportaciones petroleras. “El petróleo pertenece a los libios y ellos deben tener ese dinero y hacer con él lo que les plazca”, habría afirmado el líder libio (Javno.com).

Todavía no se sabe la respuesta del Presidente de Ghana, pero sí la de los políticos y burócratas, tanto irakíes como norteamericanos, que han estado a cargo de la reconstrucción de Irak: “Si el dinero es público, lo gastamos nosotros”. No son sus palabras, por supuesto, pero es su lógica. Similar a la de los ministros de Gaddafi y a la de los planificadores del gobierno boliviano, que prefieren mantener el control de los recursos para sostener proyectos grandiosos de industrialización, educación, infraestructura, dejando para la gente los mínimos bonos que garanticen su apoyo político. Sabemos que esos proyectos son grandiosos en intenciones pero pobres en realidad, como lo muestran las experiencias de despilfarro y corrupción que compartimos con muchos países petroleros.

En noviembre del 2006 un grupo de ciudadanos planteó en Bolivia una solución parecida. En un documento firmado entre otros por Eduardo Rodríguez Veltzé, Victor Hugo Cárdenas, Juan Antonio Morales, ex Prefectos departamentales, ex Ministros, periodistas y académicos, se planteó “que se distribuyan todas las rentas naturales entre todos los ciudadanos, sin intermediarios ni promesas, de manera directa y transparente, a fin de que cada uno decida qué hacer con esos recursos para beneficiar a su familia y contribuir al progreso nacional”.

Aquella propuesta no fue una ocurrencia y, como se ve, tampoco aislada. Se basa en investigaciones que detectaron los riesgos de la abundancia en un entorno de débil institucionalidad como el nuestro, y en estudios que descubrieron los impactos positivos de las transferencias directas de efectivo, como los bonos, así como de estudios prospectivos que demostraron que este modelo reduciría la pobreza y las desigualdades y dinamizaría el crecimiento.

Por su parte, el Banco Mundial difundió hace poco una amplia revisión de experiencias de transferencia directa de dinero a la gente. Unas más que otras, todas las experiencias analizadas han sido exitosas.

En síntesis, la distribución directa y en efectivo con absoluta seguridad eliminaría los enormes problemas que crea la abundancia y eso debería bastar para convencernos de la necesidad de llevarla a cabo. Pero si a ese enorme beneficio se le añade la probabilidad de que además reduzca la pobreza y la desigualad, no deberíamos dudar un instante para convertir esta propuesta en política de Estado.

El país vive ahora una coyuntura especial. El boom exportador ha pasado pero el país todavía obtiene mucho dinero de la explotación de sus recursos naturales. El hierro y el litio podrían sumar mucho más a lo que se tiene, así como podrían hacerlo otros recursos ambientales que apenas conocemos. Aprendiendo de lo que ya hicimos con el Bonosol-Renta Dignidad, podemos avanzar más y hacer que finalmente se cumpla la promesa que han hecho todas las constituciones bolivianas: “los recursos naturales son del pueblo”.

Si logramos que las rentas lleguen a sus verdaderos dueños, los ciudadanos bolivianos, sin discriminación ni intermediación, no solamente alcanzaremos niveles superiores de desarrollo y bienestar en Bolivia, sino que ayudaremos a que lo hagan ciudadanos de países tan dispares y lejanos como Libia, Nigeria, Ghana e Irak.

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TAMBIEN LA LLUVIA… Y SOBRE TODO

Según informa la prensa, se comenzó a rodar una película en Cochabamba sobre la guerra del agua de abril del 2000. La protagoniza el buen actor mexicano Gael García, y la dirige Iciar Bollaín, ganadora de varios premios en su carrera. Es gente de oficio y seguramente en la elaboración del guión habrá buscado asesoramiento profesional, pues aunque la película será ficción, si resulta buena proyectará una imagen que terminará reemplazando a la realidad. Y la realidad fue dramática y socialmente muy costosa como para no respetarla, por lo menos en sus aspectos fundamentales.

De todos modos, es bueno que los cochabambinos no olvidemos lo que fue la guerra del agua, sus equivocados preámbulos, su heroico y confuso desarrollo, y sus penosas consecuencias. Esas que todavía vivimos aunque a veces querramos ignorarlas, aferrándonos a una imagen de victorias y triunfos que son desmentidos cada día en los barrios populares de nuestra ciudad.

Si algo es importante para entender lo que fue la guerra del agua es, precisamente, lo que ocurre en los barrios populares.

En 1999 se autorizó la privatización de Semapa, la empresa distribuidora del agua, obligando a la concesionaria internacional a utilizar las aguas de Misicuni en contra de las recomendaciones del Banco Mundial y de otros expertos. En ese tiempo, los barrios populares de Cochabamba se abastecían de agua a costos elevados, sin control de calidad y en cantidades insuficientes. Los carros aguateros llevaban agua cruda, sin tratar, y la vendían por turriles a precios que multiplicaban por siete los de la empresa municipal. Esa diferencia hacía que proliferaran otras formas de abastecimiento, como las asociaciones y cooperativas informales de grupos que perforaban un pozo común y se distribuían los costos, llevando a su casa agua sin tratar, a veces contaminada, pero en flujos más o menos continuos y relativamente baratos. Las familias más pudientes perforaban sus propios pozos y, si podían, entraban más profundo y vendían agua a los vecinos o a los camiones aguateros.

La empresa municipal apenas lograba abastecer la mitad de las necesidades de la población y el resto se las arreglaba como podía. Los pobres pagaban los precios más elevados por la peor agua.

La guerra del agua fue iniciada por los sectores medios en rechazo al aumento de tarifas. El aumento reflejaba la obligación de financiar Misicuni y expandir el servicio. Eran más altas pero aún así daban agua mucho más barata que la que conseguían los que no estaban conectados a la red municipal. La gente de los barrios populares se sumó a la revuelta con la esperanza de evitar que la transnacional “se lleve el agua” o se adueñe “también de la lluvia”, como aseguraban los demagogos, pero sobre todo con el deseo de cambiar su situación.

La protesta fue tan amplia y vigorosa que el gobierno retrocedió en los planes de privatización y canceló el contrato con la empresa transnacional. Esta apenas había invertido y se alejó sin defenderse, buscando refugio en leyes y convenios.

Han pasado nueve años desde entonces. La empresa municipal no ha podido aumentar la cobertura del servicio mientras la ciudad ha seguido creciendo, de manera que hoy son muchas más las familias que deben recurrir a pozos, asociaciones o carros aguateros. Las consignas de “el agua es vida” y “el agua es un derecho humano” son parte de nuestras convicciones y han sido inscritas incluso en la nueva Constitución, pero detrás de ellas sigue existiendo un pujante mercado negro del agua (la de la lluvia también) que tiene a los más pobres entre sus víctimas más rentables. Precisamente en estos días se difunden informaciones de la empresa distribuidora del agua, Semapa, que la muestran sometida a los caprichos corporativos de sus trabajadores y sin capacidad alguna para contraer créditos, evitar fugas de agua o cobrar tarifas que garanticen un servicio equitativo para los cochabambinos.

El problema, claro está, no es solamente de agua. Es de salud, y por tanto de vida o muerte. La mortalidad infantil en los barrios sin agua tratada sigue siendo más alta que en el resto de la ciudad, y posiblemente debido a esta carencia. Basado en las diferencias de tasas de mortalidad, en marzo del año 2000 calculé que la falta de agua en los barrios populares causa la muerte de 40 niños por mes. Esto quiere decir que desde la guerra del agua han muerto por falta de agua más de 4400 niños en Cochabamba. Ese es el verdadero costo de haber postergado todos estos años la solución al problema del agua.

Es cierto que el contrato de entonces no era el mejor, y es cierto que el pueblo mostró coraje y decisión en las calles de la ciudad. También es cierto que se expulsó a una empresa transnacional, pero también es cierto que ésta nunca se defendió. Y es cierto que se derrotó al exdictador Bánzer, y se le cobró el atrevimiento de haber retornado elegido en las urnas. También cayeron partidos y surgieron nuevos líderes, y murió un muchacho y otros fueron heridos. Todo eso es cierto y permite a ideólogos y artistas recrear la emoción de la dignidad ganada en esos días, cuando los cochabambinos creímos todas las mentiras y promesas con tal de rechazar a los policías que querían imponer las equivocaciones de los gobernantes.

Pero la guerra del agua nos ha dejado igual o peor que el año 2000. Por eso me animo a complementar el título de la película para describir la situación del agua: La lluvia también… y sobre todo. Porque hoy, más que en el 2000, dependemos en Cochabamba de la lluvia mucho más que de la empresa municipal y de las promesas traidoras que nos hicieron.

No sé cómo será la película ni de qué manera se reconstruirá la historia. Solamente confío en que en algún momento sus creadores se acuerden de los 4400 niños que no podrán sentirse orgullosos del heroísmo inútil que desplegamos hace nueve años..

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Dalence no es Santos

Guillermo Dalence, un antiguo dirigente sindical, fue Ministro de Minería en el actual gobierno que preside Evo Morales, y asumió la Presidencia de la Empresa Siderúrgica del Mutún con la misión de acelerar el proyecto y facilitar la ejecución del contrato con Jindal.
Hizo lo que pudo.
Hoy está bajo acusación fiscal por corrupción y daños económicos al Estado Multinacional, porque habría pagado millonarios sobreprecios en la compra de terrenos en la zona del Mutún.
La acusación compara los precios pagados, en una compra respaldada por el Decreto 085 firmado por el Presidente y aprobado por sus ministros, con los valores catastrales de esos terrenos. Y por supuesto que hay diferencias enormes. El valor catastral de unas tierras perdidas en el monte, cerca de una frontera inhóspita y lejos de caminos, es minúsculo en comparación con el precio de mercado de unas tierras necesarias para poner en marcha una planta siderúrgica. Son las mismas tierras, claro está, pero los criterios de valoración y las condiciones económicas que definen su valor, son radicalmente diferentes. Los dueños de esas tierras no las iban a vender por el valor catastral, e incluso en una expropiación legal los jueces habrían obligado a pagarlas de acuerdo a un avalúo especializado que tome en cuenta su valor de mercado. A eso no se le puede llamar sobreprecio, sino precio nomás.
En ausencia de competencia, no sabremos nunca si la compra fue con un precio adecuado o si se impuso una arbitrariedad. Los dueños de esas tierras tenían en este caso la sartén por el mango. No solamente tenían la propiedad, sino que sabían que al frente estaba un comprador apurado, urgido y con billetera frágil, porque no negociaba con su propio dinero, sino con el de nadie, es decir, con la plata del Estado. A Dalence su gobierno le exigió comprar de una vez las tierras, le dió poder de excepción para hacerlo, y le dio el dinero, que por supuesto tampoco le pertenecía al gobierno. Dalence hizo lo que se le pidió.
Tal vez merezca estar donde está, pero no debería estar solo.
El gobierno debió haber procedido de acuerdo a ley. Es decir, debió demostrar que era de interés nacional y utilidad pública la expropiación de esos terrenos, tramitar la ley necesaria para ello, y dejar que los jueces definan el valor de las indemnizaciones.
¿Por qué no lo hizo?
La primera hipótesis que salta en este país de desconfiados alude a la corrupción. Sobreprecio es negociado.
Yo me inclino por una hipótesis alternativa: la ineludible ineficiencia del estatismo.
En este caso, además, exacerbada por voluntarismo. El gobierno decidió, por razones políticas e ideológicas, que era prioritaria la siderurgia en el Mutún, y desde el principio procedió por excepción. En vez de declarar desierta la licitación del Mutún, abrió una negociación directa con Jindal, en la que estaba en desventaja, y firmó, por excepción, uno de los contratos de riesgo compartido más objetables que se han firmado en el país. En ese contrato asumió más compromisos de los que podía cumplir, concediendo a cambio de ellos enormes ventajas a la Jindal. Alguna vez hablamos del gas a precio rebajado y de la compra obligada de magnesio. También estaba el tema de las tierras, ésas que tienen a Dalence condenado antes de juicio.
Sin licitación ni expropiación judicial, sin competencia, simulada o real, ¿cómo esperaban que Dalence sepa cuánto debía pagar por esos terrenos? Y si lo presionaban a comprarlos, debilitando su poder de negociación, ¿cómo esperaban que evite pagar “sobreprecios”? Dalence se confió en la confianza que le tenían. Hizo mal, porque no todos pueden “meterle nomás y arreglarlo después”.
Queda por aclarar algo más: lo de ineludible en eso de la ineficiencia del estatismo.
No es un tema ideológico, es más bien práctico y este caso lo muestra con claridad.
Si una empresa privada hubiera necesitado comprar los terrenos, nadie hubiera hablado de sobreprecio. Se hubiera producido una negociación abierta y sencilla en la que el comprador y el vendedor se hubieran puesto de acuerdo. Pero ni el Estado ni las empresas que le pertenecen pueden actuar de esa manera. La ley se los impide. Sus compras están sujetas a procedimientos que, casi siempre, demoran mucho tiempo. Ese tiempo que aquí quisieron ganar con decretos de excepción, y que ha puesto a Dalence en la mira de sus nerviosos compañeros y bajo sospecha del país entero.
El voluntarismo, ese deseo de hacer las cosas rápido, fue el que llevó a los decretos de excepción y el que abrió las puertas a un negocio que ha resultado sospechoso.
El estatismo, como se ve, es inevitablemente ineficiente, porque o hace las cosas lentamente, o las hace mal.
Por eso, suele también devorar a sus hijos. Dalence no es el primero y, tengan la seguridad, tampoco será el último.
El paraíso de las excepciones, los fideicomisos y las licitaciones desiertas está lleno de santos como Dalence.

Los migrantes y el derecho de votar

La búsqueda de votos llevó al MAS a proponer que se incluyera en la votación a los ciudadanos residentes en el exterior. Muchos lo habían planteado antes pero el país era muy pobre y no se consideraba posible contar con los recursos para ello.

El país sigue siendo pobre, pero con el boom de exportaciones hay algo de dinero para hacer algo en ese sentido. Y de ahí nació la transacción: 6% del padrón. De ese modo, se logró limitar la posibilidad de manipulación de votos en el exterior, y se definió una meta más o menos accesible para los magros recursos del país.

El debate ha puesto en evidencia la manera poco reflexiva con que se toman decisiones en el país. Por supuesto que, si se da el derecho de voto a los bolivianos que residen en el
exterior, es injusto que lo limiten a una cierta cantidad y, por extensión, a ciertas áreas. ¿Por qué los bolivianos de Virginia tendrían más derechos que los de Lima? Si se reconocen esos derechos debe ser para todos los ciudadanos que se encuentran en las mismas condiciones. Los migrantes que residen en Murcia reclaman, con justicia, que se abra un empadronamiento limitado y solamente en Madrid.

Si la intención era limitar la influencia del voto de los migrantes, fundando la decisión en argumentos políticos y juridicos razonables, pudo muy bien haberse adoptado la idea de un voto ponderado. Que se inscriban todos los que quieran y puedan, pero el voto del conjunto de residentes en el exterior vale 6% del total. Así todos quedaban incluidos, y su voto se dejaba sentir aún cuando fuera “discriminado” y valiera menos. Esa discriminación se justificaría precisamente en el hecho de su residencia fuera del país por la cual no pueden valorar plenamente las opciones ni sufrir (o disfrutar) las consecuencias de su voto.

Este aspecto nos remite a una dimensión del tema que no es menor. En su última gira el Presidente Morales planteó en España los derechos de los migrantes en todo el mundo. Dijo algo así como que todos los seres humanos deberíamos tener el derecho de vivir donde querramos. Seguramente tenía en mente a los bolivianos de Madrid que lo escuchaban, pero la propuesta es sin duda razonable y debería traducirse en una demanda mundial por el reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes en el lugar en que residan.

Un voto responsable debe implicar que el votante viva las consecuencias de su decisión, por lo que la democracia sería fortalecida si se levantaran las restricciones de ciudadanía en el derecho del voto. De hecho, esto ocurre habitualmente en las elecciones locales, cuando se eligen alcaldes y concejales, y no hay razón alguna para que no se habilite a los extranjeros en las elecciones nacionales.

El Presidente Morales debería promover el voto de los peruanos, brasileros, argentinos, japoneses y alemanes en Bolivia, en vez de ver la manera de romper sus acuerdos . Yo apoyaría esa posición sin dudar un instante.

Cochabamba, la nueva

14 de septiembre, fecha cívica cochabambina en homenaje a la sublevación de 1810, que al final formaría parte de la cadena de rebeliones locales que fundaron las repúblicas americanas.

Hoy no discutiremos si hay o no hay la República de Bolivia. El nombre fue ya reemplazado por el Estado pluri-multi y como 12 adjetivos y apenas quedan rasgos de lo que debe ser una república democrática. Pero ese tema ya lo tocamos. Hoy es fiesta local, y cabe una pequeña reflexión.

En Los Tiempos se difunden los resultados de una encuesta a los llajtamasis. Algunas preguntas indagan sobre símbolos que hacen a la identidad local. Y reluce Cochabamba la nueva por detrás o por encima del aparente culto a las tradiciones vallunas. Y no es una Cochabamba mejor, lamentablemente.

Veamos…

La mayoría considera que el Cristo de la Concordia es el monumento que mejor simboliza a la ciudad y que el plato típico más representativo es el pique macho. Estoy seguro de que si se preguntara por la música y la danza, la mayoría expresaría su adhesión a los caporales y la saya.

Hasta hace apenas 10 años las respuestas habrían sido diferentes, y creo que mejores.

Por ejemplo, la mayoría hubiera mencionado el monumento a las Heroínas de la Coronilla, que es sin duda una obra escultórica y arquitectónica de mejor calidad que el Cristo carioca que se levanta en la colina de San Pedro. El de la Coronilla es un monumento más complejo en su concepción, mucho más expresivo, con mejor tecnología escultórica y, por si fuera poco, representando un hecho crucial de la historia local.

En cuestión de platos, hace diez años hubiera triunfado el picante, sea de lengua, de gallina, de conejo o el mixto, en lugar del apurado pique, sabroso pero simplón.

Y en música, nadie hubiera dudado del reinado de la cueca, con su exaltación de la coquetería y los requiebros seductores de hembra y macho.

Los nuevos símbolos, sin embargo, reflejan con claridad la Cochabamba de hoy.

En la preferencia por el gigante Cristo que se levanta en San Pedro se refleja la contemporánea predilección por lo visible y espectacular, y la ignorancia de la historia. En el pique, el ritmo apurado de la vida actual, que no puede esperar el lento cocimiento de los guisos que funden los sabores del ají, la quilquiña, la cebolla y las arvejas. Y en los caporales, el deseo que tienen los cochalas de ser todos capataces, aunque sea sin trabajadores que ordenar, siempre que no sean visibles los patrones y se muestre mucha pinta.

De Superman al Quijote

Era una mañana de domingo, o tal vez sábado, cuando entré por primera vez al Museo de Historia Americana en Washington DC. Era un día fresco y soleado y caminaba sin rumbo por el centro cívico de esa ciudad cuando vi la puerta y el letrero. La curiosidad me jaló hacia adentro. Me encontré de pronto, sorprendido, en una sala dedicada a Superman. ¿Qué era esto? Yo esperaba, lógicamente, encontrarme con los Washington, Lincoln, Franklin, Madison, Luther King y Kenedy… pero ¿Superman?

Por supuesto, más allá estaba el espacio dedicado a Batman. Las revistas de historietas, disfraces, las capas, los acompañantes, los superamigos. Me reía de ese enorme triunfo de la ficción, que había logrado incorporar a Superman en el Museo de Historia cuando recordé haber visto muchos monumentos al Quijote, y no sólo en España. ¿No es el Quijote un personaje de ficción como Superman? ¡Qué cosa extraña! ¿Allá también se rindieron a la imaginación, hasta el punto de aceptar como reales a personajes que solamente existieron en relatos inventados? De pronto recordé una gran avenida en Cochabamba, nominada como Juan de la Rosa. Sí, nosotros también habíamos incorporado en nuestra realidad al personaje de la novela de Nataniel Aguirre, dándole en una avenida la misma “jerarquía” simbólica que a Simón Bolívar, Ladislao Cabrera o José Miguel Lanza. Si Juan de la Rosa puede ser un héroe de nuestra historia y el Quijote de la española, ¿por qué no podría serlo Superman de la estadounidense?

Mientras seguía recorriendo el Museo me di cuenta de que había entrado por una puerta lateral y que estaba en la sección dedicada a la historia de la cultura popular. Obvio. Pero el ingreso equivocado y distraído me había provocado una inquietud.

¿Qué significan los héroes para nuestra colectividades? ¿A cuáles y por qué escogemos? ¿Cómo nos apropiamos de ellos? Más importante todavía… ¿qué efectos causa sobre nosotros -como individuos y como colectividades- el que reconozcamos a ciertos personajes, reales o ficticios, como nuestros héroes?

Esa inquietud me animó a buscar el Quijote, un referente fundamental más allá de España, y que toma en América Latina un innegable cariz político . Lo leí como nunca lo hice cuando me obligaron en colegio… con placer.  Reí muchísimo y confirmé lo que es un clásico. El Quijote sigue siendo actual en temática y en narrativa, y también en esta cosa tan difícil de desentrañar que es la simbología.  Don Quijote se ha convertido en un símbolo del idealismo más puro y generoso, y hay todo un vocabulario de connotaciones positivas que deriva de Quijote. Hay actitudes quijotescas, hechos que son quijotadas, personas que son quijotes. Murales, grabados, pinturas, esculturas y graffittis animan a imitar a don Quijote.  Es un verdadero héroe al que se nos propone imitar.

Probablemente muchos de los que usan esa imagen de el Quijote no han leído el libro y estoy seguro de que si Cervantes viviera hoy sería el primer sorprendido de la veneración política que se tiene de su personaje. Cervantes concibió al Quijote como un deschavetado con el cerebro carcomido por libros antiguos, y que sale en busca de aventuras como un Chapulín Colorado que intenta hacer el bien, pero al que todo le sale mal. Con frecuencia, causa más daños que beneficios a sus supuestos protegidos.

En las historias del Chapulín la casualidad endereza los problemas, pero en las de el Quijote quien lo hace es Sancho Panza, un don nadie, analfabeto e ignorante, sin mayores luces ni pretensiones, pero con un fuerte sentido de realismo. Sancho es el que sabe que los gigantes son molinos de viento,  así lo advierte, y luego termina curando al Quijote de su imprudencia. Sancho es el que sabe que las ovejas no son un ejército y es el que termina pagando a los pastores los daños causados por el Quijote. Sancho no puede evitar que el Quijote destruya las marionetas y luego tiene que ayudar a pagarlas… y así, el libro entero está construido sobre los daños causados por las buenas intenciones, y la fidelidad de Sancho para remendar los daños.

Sancho Panza no es solamente el necesario complemento de Don Quijote, sino que es también el hombre práctico y realista que no se propone enderezar entuertos, sino que lo hace… y endereza los entuertos que provoca el mismo Don Quijote con su ilusorio voluntarismo. Por supuesto, cae muchas veces bajo la seductora visión que le ofrece el Quijote, y sucumbre continuamente a las promesas de poder y bienestar que le ofrece para cuando sea gobernador. Y al final, también, es quien termina pagando los platos rotos por el iluso don Quijote.

Por supuesto que Don Quijote atrae las simpatías del lector. Es el personaje principal y sus aventuras son graciosas porque le animan ilusiones y todo le sale mal. Nadie como él demuestra la sabiduría del viejo refrán que dice: “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.  Me pregunto, por eso, ¿qué revela de nosotros este culto al Quijote? ¿Qué nos dice el esmero con que nos dedicamos al rescate de el Quijote y la facilidad con que despreciamos e ignoramos a ese humilde representante del pueblo que es Sancho? ¿Será que solamente nos importan las intenciones pero no los resultados?

Cuando empecé a reflexionar sobre este tema pensé que el culto al Quijote era una forma de autoengaño colectivo. Ahora me temo que, al contrario, ese culto sea sincero y haga transparentes los valores que nos condenan a defender delincuentes o galeotes y a embestir molinos de viento, rebaños de ovejas y figuras de papel.  Está visto que Sancho aguanta y que los pastores, titiriteros, campesinos y molineros son tan tolerantes hoy como lo eran en tiempos de Cervantes.

Entre Superman y el Quijote, prefiero Sancho.

Fracaso del Igualitarismo

Las revoluciones, casi siempre impulsadas por la lucha contra la desigualdad, están condenadas al fracaso. No importa cuán radical sea la redistribución de riquezas que ellas logren ni cuánta violencia ejerzan para prevenir la acumulación, la desigualdad renace desde su propio núcleo.
El único éxito de largo plazo que tienen las revoluciones es no intencionado, y consiste en abrir espacios para la movilidad social. Lamentablemente, el costo que imponen a las sociedades es muy alto si se lo compara con los procesos graduales de cambio social y económico que acompañan al desarrollo en democracia. Éstos, además, evitan la confusión entre desigualdad e injusticia, y generan una equidad más sólida y duradera.

El secreto de Herbert Klein
La primera parte de la tesis anterior está sustentada en un libro publicado en 1981: La revolución y el renacimiento de la desigualdad. Una teoría aplicada a la Revolución Nacional en Bolivia. Es sorprendente que este libro no se conozca en nuestro país, considerando la obsesión que tenemos con las reformas del 52 y que tiene como coautor a un reconocido “bolivianista”: Herbert Klein. El otro es Jonathan Kelley.
Ellos sostienen que Bolivia prueba el fracaso al que están condenadas las revoluciones. Su libro se basa en datos referidos a la generación que vive la revolución y a la que le sigue, obtenidos de una encuesta realizada a 1130 jefes de hogar en seis comunidades de altiplano, valles y llanos, las que fueron detalladamente estudiadas por antropólogos y sociólogos que vivieron en ellas entre 1965 y 1966.
Estos estudios permanecieron inéditos hasta el trabajo de Kelley y Klein, que miden las enormes desigualdades que caracterizaron a la sociedad boliviana antes de la revolución y muestran que la los cambios radicales que implicaron la redistribución de tierras, la reorientación del gasto fiscal y la expropiación de ahorros por la inflación tuvieron impacto igualitario. Pero también descubren la corta duración de ese impacto, y detectan el rápido renacimiento de la desigualdad, la cual incluso alcanza niveles más acentuados.

Igualitarismo imposible
Las revoluciones fracasan porque pueden redistribuir las riquezas materiales, como la tierra, quitándola a los que tienen más y dándola a los que no la tienen, pero no pueden redistribuir otras riquezas no materiales como la educación, el conocimiento, la información o las relaciones. Y éstas, que están desigualmente distribuidas, tarde o temprano también se manifiestan materialmente. Y es que las sociedades no son estáticas y, como otras de sus características, las desigualdades se producen y reproducen continuamente. Son al mismo tiempo causa y resultado. Las riquezas (y las pobrezas) materiales y no materiales se influyen y refuerzan mutuamente, y tienden a la desigualdad.
El fracaso de la revolución no se debe, en consecuencia, a la traición de sus líderes, a la desviación ideológica de sus conductores o a la ineficiencia de sus administradores. Lo más que éstos pueden hacer es demorar el resurgimiento de la nueva desigualdad o esconderla, pero al costo de una inmensa represión, a veces sólo política, pero muchas veces también cultural y económica.
El libro demuestra que había desigualdad antes y que hubo desigualdad después, en niveles incluso más profundos, pero no reconoce que se trata de una “nueva” desigualdad. Nueva no sólo en magnitud sino también en las causas que la originan y en los estratos sociales que la viven. En la estructura que emerge de la revolución los recursos que permiten la acumulación ya no son los de antes, son distintos, y los individuos o grupos que los controlan y utilizan son también nuevos.
Si bien es cierto que las revoluciones se hacen para luchar contra la desigualdad y fracasan en ese intento, no es menos cierto que una intención oculta de los revolucionarios es romper los obstáculos a la movilidad social. Y lo logran.

Lo importante es la equidad
En realidad, si todas las revoluciones fracasan en su promesa de igualdad, tienen cierto éxito en su motivación más profunda y no siempre explícita: todas reemplazan a unos ricos por otros, sacan a algunos grupos del poder y encumbran a otros, eliminan a unas oligarquías pero generan otras.
Su problema es que confunden la desigualdad con la inequidad, cuando la importante es esta última, que alude a la dimensión de injusticia que puede haber en la desigualdad. Una desigualdad es injusta solamente cuando es impuesta y resulta insuperable.
Las revoluciones y los revolucionarios ignoran esa diferencia y tratan de resolver las injusticias eliminando las desigualdades, lo que ya ha resultado trágico para millones de personas.
La alternativa que enseña la historia es que, siendo la desigualdad inevitable, el antídoto para superar su dimensión injusta no es la igualación, forzada o no, sino la movilidad social.
Y aunque ésta puede considerarse un pequeño “éxito” dentro del gran fracaso de las revoluciones, no llega a justificarlas debido a los elevados costos que éstas imponen. Costos políticos, de represión, autoritarismo y violencia; y costos económicos, de rezago en el crecimiento. En esto, Bolivia es también un caso modelo: en términos reales, el PIB per cápita del año 1965 era inferior al de principios de los años 50.
En suma, si bien la revolución nacional fracasó en su igualitarismo y desató cierta movilidad social, no la pudo ampliar debido al estancamiento de la economía provocado por ella misma, por sus convulsiones y el debilitamiento de las instituciones.
Es necesario aprender las lecciones que esto nos deja ahora que estamos viviendo bajo una nueva obsesión igualitarista. Para ello, debemos ir más allá de la desigualdad y preocuparnos por lo que verdaderamente importa, que es la equidad. Nuestra propia historia y la de otros países muestran que la podemos conseguir, en forma gradual pero segura, si abrimos nuestra economía, si fortalecemos las instituciones, si defendemos los derechos y las libertades individuales, si impulsamos el crecimiento de la economía.
En síntesis, el voluntarismo político puede generar lo opuesto a lo que se busca. La justicia social se la alcanza de mejor manera y es más perdurable con la gradualidad del desarrollo, es decir, impulsando el progreso y ampliando la libertad.

(Hay una versión más amplia y con datos de este texto. Se envía en PDF a solicitud de los interesados).

6 de Agosto… de qué patria?

El 6 de agosto se conoce como el Día de la Patria pero lo que se celebra es la Fundación de la República.
Si nos encontramos ahora regidos bajo una nueva Constitución Política del Estado que finalmente dejó “en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal”, no tiene sentido alguno que se mantenga esa fecha como la de celebración oficial del día del Estado Plurinacional. Hacerlo revelará un grado de incoherencia tan grave que el mundo creerá que somos un país de esquizofrénicos. A lo sumo, el 6 de agosto debería quedar como una fecha dedicada a conmemorar el proyecto republicano que perdimos en esa chacota plagada de ilegalidades que fue la Asamblea Constituyente.
Por lo tanto, en vez de desfiles cívicos y fanfarrias militares, el 6 de agosto debería ser un día de recogimiento y meditación, o de procesiones fúnebres a los monumentos a los Murillos y Monteagudos, los Bolívares y Sucres, los padres locales y departamentales de una idea que, por el momento por lo menos, está enterrada con ellos.
Si no se hace nada de esto, con el argumento de que solamente hemos cambiado nombres a las instituciones para ampliar su cobertura y reactivar los ideales republicanos, entonces se nos abren nuevos espacios a la concertación y deberíamos impulsarlos.
Veamos.
Los ciudadanos eligieron a Evo Morales como Presidente de la República de Bolivia. De un plumazo, sin que nadie lo elija para ser tal, se convirtió en el Presidente del Estado Plurinacional y Comunitario de Bolivia y así firma decretos, resoluciones y convenios internacionales. Seguramente habrá quienes crean que se trata de un acto de usurpación de funciones, pero es también seguro que en el gobierno están convencidos de que lo que han hecho es legal. Con el cambio de nombre, dirán, se ajustan a lo que dice la nueva CPE y el Presidente ejerce el cargo con las nuevas atribuciones que la nueva CPE le reconoce. Si eso es así, lo lógico sería que también mediante decreto cambien el nombre al Congreso Nacional y lo llamen Asamblea Legislativa Plurinacional, con lo que se le reconocerían también las funciones y atribuciones que establece la nuev a CPE. Entre ellas, las de elegir a seis de los miembros del Organo Electoral Plurinacional (cuyo nombre también sería cuestión de otro decreto), y las de preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (previos los necesarios decretosde bautizo).
El gobierno debería mostrar consistencia en sus decisiones y, de una vez, demostrar que impulsó la aprobación de una nueva Constitución para cumplirla y respetarla. De otro modo, nos veremos obligados a guardar la tricolor el 6 de agosto, o a izarla con un crespón negro.

Tristes impostores

Pocas cosas me resultan tan tristes como las imposturas reveladas. Anoto tres.
Julio César Baldivieso se convirtió en un feroz nacionalista atacando a sus rivales en la dirección técnica del Bolívar, Gustavo Quinteros, y Oriente Petrolero, Pablo Andres Sánchez, por haber insultado a las tribunas con adjetivos generalizadores. Baldivieso, indignado como un nacionalista cualquiera, los trató de “extranjeros” todas las veces que se refirió a ellos, y presionó a la dirigencia del Aurora para que los enjuiciaran por haber insultado a los bolivianos y a “nuestras madres”.
La mezquindad de Baldivieso, que jugó con Quinteros en la selección boliviana y no solamente tuvo extranjeros como directores técnicos sino que él mismo fue extranjero en otras canchas, terminó como una impostura revelada cuando definió a Bolivia como “un país de mediocres”.
Lo hizo al defender su decisión de poner a su hijito de 12 años en la cancha, y respondiendo a las críticas que se le hicieron desde otros clubes de fútbol y desde la prensa.
Triste papel.
Otra impostura revelada, la de los machos caudillos bolivarianos que temen tanto a los periodistas que los encierran para que no hagan preguntas molestas. Pasó en la reciente visita de Huigo Chávez a La Paz. Los periodistas acreditados en Palacio Quemado fueron reunidos en la Sala de Prensa con la promesa de que Chávez daría una conferencia de prensa, y en la hora indicada la guardia de Palacio cerró las puertas impidiéndoles salir. En ese momento se presentó Chávez y se mostró machote como siempre frente a las cámaras y grabadoras de los periodistas de los medios estatales.
Seguramente los periodistas, en ese breve encierro, habrán recordado que el Presidente Morales tampoco da conferencias de prensa ni entrevistas a periodistas independientes desde hace por lo menos seis años.
Tristes machos.
Pero con el Bicentenario del 16 de Julio de 1809 y las Fiestas Patrias del 6 de Agosto se viene la impostura mayor. El Bicentenario recordó el inicio de las luchas por la independencia en La Paz, y el 6 de Agosto recordará de qué manera culminaron esas luchas: con la fundación de la República. Son, en consecuencia, actos dedicados a enaltecer la República. Y los festejan con alboroto y entusiasmo quienes han proscrito la República, como nombre y como forma institucional. Si ya no existe la República de Bolivia, porque supuestamente fue fundada excluyendo a las mayorías y superada con el referendo constitucional de 2009… ¿qué festejan?
Tristes imposturas.

Gobernabilidad en Bolivia

Como todos los años, el Banco Mundial ha publicado sus indicadores mundiales sobre gobernabilidad. A partir de la revisión sistemática de una amplia gama de informes, este estudio evalúa “las tradiciones e instituciones por las cuales se ejerce la autoridad en un país”.
La información es agregada en seis categorías: participación y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno, calidad del sistema regulatorio, observancia de la ley y control de la corrupción. El proyecto ofrece datos de Bolivia desde 1996 y puede consultarse vía internet a través de la página web http://www.worldbank.org/governance/wgi/ donde además se puede tener un detalle mayor y realizar comparaciones con otros países. Mientras más se acerca a 100 el valor del índice, mayor gobernabilidad.
El informe de este año coloca nuevamente a Bolivia como uno de los países con peores condiciones de gobernabilidad de América Latina. Venezuela sigue en el peor sitial.
En comparación con el año pasado, hay notables deterioros en los indicadores de respeto a la ley, calidad del sistema regulatorio, eficacia gubernamental y estabilidad política, pues en todos estos casos el rango de los datos coloca al país al borde de la alerta roja. Es también notable que en los seis grupos de variables la situación hoy sea peor que en 1998.
Algunas de las variables que utiliza este proyecto del Banco Mundial para medir la gobernabilidad son, sin embargo, muy limitadas, pues se basan en las percepciones de la gente. Tal es, por ejemplo, el caso de control de corrupción. Si por ejemplo la gente cree que eso ha mejorado, el índice dice que hay más control, sin importar si hay o no avances reales.
Por eso puede resultar interesante comparar estos datos con los de la revista Foreign Policy, que anualmente difunde su ranking de “Estados fallidos” basado en el comportamiento de 12 grupos de variables que van desde las presiones demográficas hasta la vigencia de los derechos humanos, incluyendo el crecimiento económico, la intervención extranjera, los servicios públicos o el faccionalismo de las élites (http://www.foreignpolicy.com). Es decir, en este caso buscan datos duros más que opiniones o percepciones subjetivas
Este año las peores condiciones se registran en Somalia, que encabeza la lista. De los países de América Latina el único en situación crítica es Haití, en el lugar 12, pero hay varios en la categoría de “en peligro”, y entre ellos está Bolivia, en el puesto 51 de un total de 177 países. El año pasado ocupaba el lugar 55, en una tendencia al deterioro en los últimos 4 años.
Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú también están en la misma categoría de riesgo, pero mientras los dos primeros nos acompañan en el deterioro, los últimos han ido mejorando sus indicadores continuamente.
De nuestros vecinos el que se encuentra en mejor posición es Chile (puesto 155), aunque en el último año ha sufrido cierto deterioro.
Por supuesto, para quienes vivimos en Bolivia la información obtenida por estas dos fuentes no resulta sorprendente. A pesar de la bonanza económica causada por el aumento de los precios de las materias primas, y a pesar del grado de apoyo ciudadano que tiene el gobierno, las instituciones que regulan la vida económica, política y social se han debilitado ostensiblemente en la última década, y las perspectivas hacia el futuro lucen preocupantes.
La reforma constitucional absorbió enormes energías políticas con resultados poco satisfactorios. La nueva Constitución, lejos de establecer un nuevo y legítimo pacto social, ha sido impuesta, transgrediendo las normas que debieron regularla, y no es el fruto de estudios ni de debate. Aplicarla es difícil y en algunos casos será imposible, y ya han empezado a notarse sus consecuencias negativas. La decisión de España de no otorgar nacionalidad a los hijos de bolivianos que nazcan en su territorio es una muestra sencilla pero que afecta a miles de nuestros compatriotas. Menos notoria pero igualmente fuerte es la continua declinación de las inversiones, alejadas por una normativa que limita considerablemente su potencial para el desarrollo.
Las consecuencias futuras seguramente se reflejarán en un mayor deterioro de los indicadores de gobernabilidad, que sin duda reflejan y condicionan también el desempeño económico. La declinación del crecimiento, la pérdida de mercados y el aumento del desempleo pueden aumentar la pobreza y estimular la emigración.
Al mismo tiempo, la lucha política, carente de marcos que la circunscriban en el respeto a la ley, a los derechos humanos y a las libertades individuales podría exacerbar esta situación.
Estas tendencias deben ser consideradas como llamadas de atención y como estímulos que nos conduzcan a revertirlas. Es urgente restablecer el imperio de la ley recuperando las instituciones judiciales, empezando por el Tribunal Constitucional y terminando en las ahora llamadas autoridades de regulación y supervisión, que simplemente han dejado de funcionar.
No debe olvidarse que el particularismo de la acción colectiva, la intolerancia política y la delincuencia (incluyendo la poderosa y globalizada economía del narcotráfico) son tres fuerzas que se nutren de la débil gobernabilidad y que también la agravan.

Padrón biométrico

Para el registro biométrico debería tomarse en cuenta la experiencia de los aeropuertos internacionales y la de los bancos.

Tomemos el caso del Aeropuerto Internacional de Miami. El año 2008 ese aeropuerto manejó alrededor de 42 millones de pasajeros. De ellos, unos 8 millones tuvieron que pasar por inspección federal de identidad en la que se les tomaron registro de dos huellas digitales, se les tomó una fotografía y se verificaron los datos de su pasaporte con los existentes en la base de datos. Las huellas y la foto quedaron registradas de manera que el pasaporte, poco a poco, va quedando solamente como un archivo de sellos.

En todo caso, lo importante de esta referencia es que solamente ese aeropuerto aumentó su padrón biométrico de viajeros en 8 millones en el año, y además de la cola, que siempre es molesta, el tiempo que les toma a los oficiales a cargo de realizar ese registro no pasa de 3 minutos por pasajero. Las demoras se producen cuando se comparan las huellas y los datos del pasaporte con lo que ya se tenía registrado, pero el nuevo registro es realmente muy rápido.
Dependiendo las horas del día, el número de ventanillas disponibles para ese trabajo varía entre 10 y 30.

Otros que tienen mucha experiencia en el manejo de registros de identidad y algunos ya utilizan registro biométrico, son los bancos. En Bolivia está uno de los bancos pioneros: utiliza la huella digital en lugar de la firma, incluso para retiro de dinero en cajeros automáticos.

Para un empadronamiento biométrico orientado a garantizar elecciones limpias en Bolivia, la clave estaría en la voluntad de los ciudadanos para ir al registro, hacer la cola y tomarse el tiempo necesario para registrarse. Para algunos ciudadanos, especialmente para los que viven dispersos en las zonas rurales más remotas, el problema es muy serio. ¿Cuál es el incentivo que tienen para ir a registrarse? ¿Votar? ¿Cuánto está cada ciudadano dispuesto a gastar de su propio bolsillo para votar? Este es el problema de fondo.

Puede obligarse a la gente, amenazarla con castigos severos, poner multas… pero con eso solamente se agravarían los problemas. Para uno que vive en el centro de la ciudad el registro será cuestión de tiempo, media hora cuando más si vive cerca de una notaría o centro de registro. Para uno que vive lejos, será cuestión de un viaje largo, tal vez de dos días, con el tiempo perdido de trabajo que implica y los costos de alojamiento y alimentación.
El empadronador puede ir a buscar a los ciudadanos, pero también esto tiene un costo en tiempo y dinero…

¿Cómo resolver el problema?
Desde hace tiempo promuevo la idea de distribuir las rentas del gas entre todos los ciudadanos, algo así como una Renta Dignidad para todos. No entraré ahora a la exposición de los argumentos que respaldan la propuesta, sino a una de sus derivaciones. Si se pagara esa renta, todos tendrían un incentivo muy concreto para acercarse a una ventanilla y someterse a un registro biométrico. La primera vez que uno cobra, se crea el registro, y cada vez que lo hace luego, se actualiza el registro.

No se lo ha hecho hasta ahora. ¿Por qué no empezar? Podría darse inicio a este programa con los depósitos que tienen en el Banco Central los gobiernos central, departamentales y locales, que son fruto del superávit de los años pasados. Es dinero de la gente y no se lo gastó… ¿por qué no dárselo a la gente?

A lo que le toque a cada uno, no importa, como un derecho y, al momento de ejercerlo, cuando el ciudadano esté en la ventanilla con su carnet, libreta militar, pasaporte o lo que fuera… una foto a su pupila, otra a su oreja, escan de sus huellas digitales… y listo: padrón confiable y bolivianos con dinero.

Y si ahora usted me viene con la pregunta de qué harían los gobiernos sin su plata, le diría simplemente: que se pongan serios y cobren impuestos o le preguntaría cuán preocupado está de que aparezcan nuevos Karachipampas o contratos al estilo Catler-Uniservice o de que se sigan comprando empresas para abultar la demagogia “nacionalizadora” que no crea empleos pero distribuye pegas.

EL LINCHAMIENTO

El mismo día en que flagelaron a Marcial Fabricano, castigado por la justicia comunitaria por pensar con cabeza propia, fue linchado Jesús Ríos Orellana, un joven de 20 años de edad al que acusaron de ser ladrón de bicicletas. Lo capturaron cuando escapaba de los acusadores y se golpeó la cabeza al caer de una pared. Lo amarraron con alambres a un poste y lo golpearon hasta acabar con su vida.
Desde el 2005 se han registrado unos 90 linchamientos en Bolivia. Nadie lleva la cuenta. A un joven lo encontraron durmiendo la fiesta encima de un auto en Punata y lo arrastraron por las calles hasta matarlo, pensando que era un ladrón cuando no hizo más que venir del pueblo vecino para festejar con sus amigos. A tres policías los detuvieron tratando de aprovecharse de los delincuentes en Epizana y los mataron a golpes. Muchos han muerto rociados de kerosene o gasolina, quemados lentamente. Algunos pocos se salvaron, como en Achacachi, cuando la policía logró rescatar a varios sospechosos de robo que eran torturados y quemados en medio del pequeño estadio de fútbol del pueblo. Un señor con senilidad prematura fue linchado en La Paz cuando lo encontraron cargando una licuadora que no era suya. A unos por una garrafa en la ciudad y a otros por una oveja en el campo.
Los muertos se acumulan y las comunidades agraden a los policías y fiscales que pretendan investigar esos crímenes. Matan por impotencia y rabia, y caen presos del silencio y el miedo. Basta un dedo acusador y se aplica la sentencia.
Uno tras otro, inocentes y culpables mueren linchados, ensombreciendo las conciencias de barrios y comunidades enteras por toda Bolivia.
Si el acusado escapa, es culpable, pues de otro modo no escaparía. Si se asusta y tiene miedo, es culpable, porque los inocentes no tienen razón para temer. Si no confiesa, es que oculta algo y es culpable. Si confiesa, claro, es culpable.
“Les hemos advertido” dicen, y muestran maniquíes colgados de los postes de alumbrado, como lúgubre anticipo de lo que puede suceder en ese barrio cualquier mañana de domingo.
Estos son los argumentos que se escucha, en un lenguaje tosco y nervioso pero claro, cada vez que los micrófonos de la prensa intentan comprender lo que pasó en un lugar de linchamiento. Pero se escucharon argumentos muy parecidos de las autoridades del gobierno de Evo Morales, cuando comentaban los pedidos de asilo y refugio en el Perú de tres ex Ministros de Estado, acusados en el Juicio de Responsabilidades instaurado en contra del gobierno derrocado por el golpe social de octubre 2003. El que escapa es culpable, se dijo, quien nada tiene, nada teme.
No puede sorprender entonces que en los barrios alejados se repita el mismo razonamiento, llevando muerte allá y demostrando acá que el Juicio de Responsabilidades no es sino un linchamiento de formas solemnes.
Los observadores y analistas suelen afirmar que los linchamientos son también reacciones colectivas de impotencia ante la ausencia de justicia. Ocurren allá donde no llegan ni la policía ni los tribunales, o donde la autoridad es tan débil que no alcanza a proteger a la sociedad.
Por esos mismos días en que flagelaron a Fabricano y lincharon a Ríos, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados impuso una decisión: suspender al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de retardación de justicia y sin tomar en cuenta sus descargos. Así se sumó el nombre del Dr. Eddy Fernández a una lista ya larga de tribunos y magistrados a los que se ha acosado desde el poder político con el fin de obligarlos a renunciar. El Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura han sido paralizados de ese modo y ahora la Corte Suprema se arriesga a la falta de quorum. En realidad, la credibilidad del sistema judicial ha sido corroído con acusaciones políticas y debilitándolo en su funcionamiento con designaciones demoradas o renuncias forzadas.
La exigencia gubernamental de que las autoridades de octubre 2003 se sometan a una justicia en la que ellos no creen y a la que atacan continuamente resulta simplemente inverosímil. Por eso el Gobierno del Perú y ACNUR han sido rápidos en su decisión de proteger a los ex Ministros. Ojalá pudieran hacerlo también con los ladrones de bicicletas y garrafas, o con los jóvenes que una tarde de fiesta lleva por zonas en las que son desconocidos, y donde corren peligro de muerte si alguien levanta un dedo acusador y los asusta, haciéndolos correr hacia un seguro linchamiento.