A LA GENTE SU PLATA

Roberto Laserna

Hace unos días el Presidente de Nigeria, Umaru Yar’Adua, envió un proyecto de ley al parlamento de su país proponiendo la distribución del equivalente al 10% de los ingresos petroleros directamente a los ciudadanos del delta del Níger. La región, productora de la mayor parte del petróleo de este gigante africano, es también la más azotada por la violencia y donde los contrastes de riqueza y pobreza son los más altos. De hecho, Yar´Adua pretende con este procedimiento satisfacer la demanda fundamental de la población del Níger, que es acceder a una parte de esa riqueza, eliminando así la principal causa de la violencia en la zona.

Hasta ahora, Nigeria fue uno de los casos emblemáticos de la maldición de los recursos naturales, pues desde que se descubrió petróleo en su costa no sólo crecieron las exportaciones y el PIB, sino también la pobreza, el SIDA y la violencia.

Muy cerca de Nigeria se encuentra Ghana, hasta ahora uno de los pocos países africanos que parecía encaminarse hacia una democracia con sólidas instituciones y una economía estable y en crecimiento. Pero hace poco descubrió grandes reservas de petróleo y dentro de un par de años el país se convertirá en exportador petrolero. Los investigadores del Centro para el Desarrollo Global de Washington difundieron un estudio sobre los problemas que podría representar para Ghana la afluencia de esos recursos, y prepararon un memorando al Presidente John Atta Mills sugiriéndole una fórmula para evitar esos problemas: distribuir el dinero petrolero entre todos los ciudadanos (cgdev.org). La directora de este centro, Nancy Birdsall ya había planteado junto a Arvind Subramanian una propuesta similar para Irak hace algunos años, a través de la prestigiosa revista Foreign Affairs.

En Marzo de este año, Muammar Gaddafi propuso liquidar el enorme aparato burocrático de Libia y distribuir entre los ciudadanos los ingresos provenientes del petróleo. La propuesta del caudillo libio es parte de su sorprendente giro político, luego de reconocer el fracaso de la larga revolución que preside y admitir que es tiempo de ensayar algo completamente diferente.

La propuesta ha encontrado la resistencia de la burocracia libia, incluyendo el primer ministro al-Mahmoudi y el presidente del Banco Central, Bin Guidara. Para ellos, la distribución de los recursos petroleros entre todos los ciudadanos causaría una debacle económica, con inflación y caos. Gaddafi replicó: “lo que ustedes quieren es que la situación no cambie y puedan así conservar sus privilegios”, y les exigió que piensen en cómo se puede distribuir directamente a todos los libios el dinero proveniente de las exportaciones petroleras. “El petróleo pertenece a los libios y ellos deben tener ese dinero y hacer con él lo que les plazca”, habría afirmado el líder libio (Javno.com).

Todavía no se sabe la respuesta del Presidente de Ghana, pero sí la de los políticos y burócratas, tanto irakíes como norteamericanos, que han estado a cargo de la reconstrucción de Irak: “Si el dinero es público, lo gastamos nosotros”. No son sus palabras, por supuesto, pero es su lógica. Similar a la de los ministros de Gaddafi y a la de los planificadores del gobierno boliviano, que prefieren mantener el control de los recursos para sostener proyectos grandiosos de industrialización, educación, infraestructura, dejando para la gente los mínimos bonos que garanticen su apoyo político. Sabemos que esos proyectos son grandiosos en intenciones pero pobres en realidad, como lo muestran las experiencias de despilfarro y corrupción que compartimos con muchos países petroleros.

En noviembre del 2006 un grupo de ciudadanos planteó en Bolivia una solución parecida. En un documento firmado entre otros por Eduardo Rodríguez Veltzé, Victor Hugo Cárdenas, Juan Antonio Morales, ex Prefectos departamentales, ex Ministros, periodistas y académicos, se planteó “que se distribuyan todas las rentas naturales entre todos los ciudadanos, sin intermediarios ni promesas, de manera directa y transparente, a fin de que cada uno decida qué hacer con esos recursos para beneficiar a su familia y contribuir al progreso nacional”.

Aquella propuesta no fue una ocurrencia y, como se ve, tampoco aislada. Se basa en investigaciones que detectaron los riesgos de la abundancia en un entorno de débil institucionalidad como el nuestro, y en estudios que descubrieron los impactos positivos de las transferencias directas de efectivo, como los bonos, así como de estudios prospectivos que demostraron que este modelo reduciría la pobreza y las desigualdades y dinamizaría el crecimiento.

Por su parte, el Banco Mundial difundió hace poco una amplia revisión de experiencias de transferencia directa de dinero a la gente. Unas más que otras, todas las experiencias analizadas han sido exitosas.

En síntesis, la distribución directa y en efectivo con absoluta seguridad eliminaría los enormes problemas que crea la abundancia y eso debería bastar para convencernos de la necesidad de llevarla a cabo. Pero si a ese enorme beneficio se le añade la probabilidad de que además reduzca la pobreza y la desigualad, no deberíamos dudar un instante para convertir esta propuesta en política de Estado.

El país vive ahora una coyuntura especial. El boom exportador ha pasado pero el país todavía obtiene mucho dinero de la explotación de sus recursos naturales. El hierro y el litio podrían sumar mucho más a lo que se tiene, así como podrían hacerlo otros recursos ambientales que apenas conocemos. Aprendiendo de lo que ya hicimos con el Bonosol-Renta Dignidad, podemos avanzar más y hacer que finalmente se cumpla la promesa que han hecho todas las constituciones bolivianas: “los recursos naturales son del pueblo”.

Si logramos que las rentas lleguen a sus verdaderos dueños, los ciudadanos bolivianos, sin discriminación ni intermediación, no solamente alcanzaremos niveles superiores de desarrollo y bienestar en Bolivia, sino que ayudaremos a que lo hagan ciudadanos de países tan dispares y lejanos como Libia, Nigeria, Ghana e Irak.

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TAMBIEN LA LLUVIA… Y SOBRE TODO

Según informa la prensa, se comenzó a rodar una película en Cochabamba sobre la guerra del agua de abril del 2000. La protagoniza el buen actor mexicano Gael García, y la dirige Iciar Bollaín, ganadora de varios premios en su carrera. Es gente de oficio y seguramente en la elaboración del guión habrá buscado asesoramiento profesional, pues aunque la película será ficción, si resulta buena proyectará una imagen que terminará reemplazando a la realidad. Y la realidad fue dramática y socialmente muy costosa como para no respetarla, por lo menos en sus aspectos fundamentales.

De todos modos, es bueno que los cochabambinos no olvidemos lo que fue la guerra del agua, sus equivocados preámbulos, su heroico y confuso desarrollo, y sus penosas consecuencias. Esas que todavía vivimos aunque a veces querramos ignorarlas, aferrándonos a una imagen de victorias y triunfos que son desmentidos cada día en los barrios populares de nuestra ciudad.

Si algo es importante para entender lo que fue la guerra del agua es, precisamente, lo que ocurre en los barrios populares.

En 1999 se autorizó la privatización de Semapa, la empresa distribuidora del agua, obligando a la concesionaria internacional a utilizar las aguas de Misicuni en contra de las recomendaciones del Banco Mundial y de otros expertos. En ese tiempo, los barrios populares de Cochabamba se abastecían de agua a costos elevados, sin control de calidad y en cantidades insuficientes. Los carros aguateros llevaban agua cruda, sin tratar, y la vendían por turriles a precios que multiplicaban por siete los de la empresa municipal. Esa diferencia hacía que proliferaran otras formas de abastecimiento, como las asociaciones y cooperativas informales de grupos que perforaban un pozo común y se distribuían los costos, llevando a su casa agua sin tratar, a veces contaminada, pero en flujos más o menos continuos y relativamente baratos. Las familias más pudientes perforaban sus propios pozos y, si podían, entraban más profundo y vendían agua a los vecinos o a los camiones aguateros.

La empresa municipal apenas lograba abastecer la mitad de las necesidades de la población y el resto se las arreglaba como podía. Los pobres pagaban los precios más elevados por la peor agua.

La guerra del agua fue iniciada por los sectores medios en rechazo al aumento de tarifas. El aumento reflejaba la obligación de financiar Misicuni y expandir el servicio. Eran más altas pero aún así daban agua mucho más barata que la que conseguían los que no estaban conectados a la red municipal. La gente de los barrios populares se sumó a la revuelta con la esperanza de evitar que la transnacional “se lleve el agua” o se adueñe “también de la lluvia”, como aseguraban los demagogos, pero sobre todo con el deseo de cambiar su situación.

La protesta fue tan amplia y vigorosa que el gobierno retrocedió en los planes de privatización y canceló el contrato con la empresa transnacional. Esta apenas había invertido y se alejó sin defenderse, buscando refugio en leyes y convenios.

Han pasado nueve años desde entonces. La empresa municipal no ha podido aumentar la cobertura del servicio mientras la ciudad ha seguido creciendo, de manera que hoy son muchas más las familias que deben recurrir a pozos, asociaciones o carros aguateros. Las consignas de “el agua es vida” y “el agua es un derecho humano” son parte de nuestras convicciones y han sido inscritas incluso en la nueva Constitución, pero detrás de ellas sigue existiendo un pujante mercado negro del agua (la de la lluvia también) que tiene a los más pobres entre sus víctimas más rentables. Precisamente en estos días se difunden informaciones de la empresa distribuidora del agua, Semapa, que la muestran sometida a los caprichos corporativos de sus trabajadores y sin capacidad alguna para contraer créditos, evitar fugas de agua o cobrar tarifas que garanticen un servicio equitativo para los cochabambinos.

El problema, claro está, no es solamente de agua. Es de salud, y por tanto de vida o muerte. La mortalidad infantil en los barrios sin agua tratada sigue siendo más alta que en el resto de la ciudad, y posiblemente debido a esta carencia. Basado en las diferencias de tasas de mortalidad, en marzo del año 2000 calculé que la falta de agua en los barrios populares causa la muerte de 40 niños por mes. Esto quiere decir que desde la guerra del agua han muerto por falta de agua más de 4400 niños en Cochabamba. Ese es el verdadero costo de haber postergado todos estos años la solución al problema del agua.

Es cierto que el contrato de entonces no era el mejor, y es cierto que el pueblo mostró coraje y decisión en las calles de la ciudad. También es cierto que se expulsó a una empresa transnacional, pero también es cierto que ésta nunca se defendió. Y es cierto que se derrotó al exdictador Bánzer, y se le cobró el atrevimiento de haber retornado elegido en las urnas. También cayeron partidos y surgieron nuevos líderes, y murió un muchacho y otros fueron heridos. Todo eso es cierto y permite a ideólogos y artistas recrear la emoción de la dignidad ganada en esos días, cuando los cochabambinos creímos todas las mentiras y promesas con tal de rechazar a los policías que querían imponer las equivocaciones de los gobernantes.

Pero la guerra del agua nos ha dejado igual o peor que el año 2000. Por eso me animo a complementar el título de la película para describir la situación del agua: La lluvia también… y sobre todo. Porque hoy, más que en el 2000, dependemos en Cochabamba de la lluvia mucho más que de la empresa municipal y de las promesas traidoras que nos hicieron.

No sé cómo será la película ni de qué manera se reconstruirá la historia. Solamente confío en que en algún momento sus creadores se acuerden de los 4400 niños que no podrán sentirse orgullosos del heroísmo inútil que desplegamos hace nueve años..

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Fracaso del Igualitarismo

Las revoluciones, casi siempre impulsadas por la lucha contra la desigualdad, están condenadas al fracaso. No importa cuán radical sea la redistribución de riquezas que ellas logren ni cuánta violencia ejerzan para prevenir la acumulación, la desigualdad renace desde su propio núcleo.
El único éxito de largo plazo que tienen las revoluciones es no intencionado, y consiste en abrir espacios para la movilidad social. Lamentablemente, el costo que imponen a las sociedades es muy alto si se lo compara con los procesos graduales de cambio social y económico que acompañan al desarrollo en democracia. Éstos, además, evitan la confusión entre desigualdad e injusticia, y generan una equidad más sólida y duradera.

El secreto de Herbert Klein
La primera parte de la tesis anterior está sustentada en un libro publicado en 1981: La revolución y el renacimiento de la desigualdad. Una teoría aplicada a la Revolución Nacional en Bolivia. Es sorprendente que este libro no se conozca en nuestro país, considerando la obsesión que tenemos con las reformas del 52 y que tiene como coautor a un reconocido “bolivianista”: Herbert Klein. El otro es Jonathan Kelley.
Ellos sostienen que Bolivia prueba el fracaso al que están condenadas las revoluciones. Su libro se basa en datos referidos a la generación que vive la revolución y a la que le sigue, obtenidos de una encuesta realizada a 1130 jefes de hogar en seis comunidades de altiplano, valles y llanos, las que fueron detalladamente estudiadas por antropólogos y sociólogos que vivieron en ellas entre 1965 y 1966.
Estos estudios permanecieron inéditos hasta el trabajo de Kelley y Klein, que miden las enormes desigualdades que caracterizaron a la sociedad boliviana antes de la revolución y muestran que la los cambios radicales que implicaron la redistribución de tierras, la reorientación del gasto fiscal y la expropiación de ahorros por la inflación tuvieron impacto igualitario. Pero también descubren la corta duración de ese impacto, y detectan el rápido renacimiento de la desigualdad, la cual incluso alcanza niveles más acentuados.

Igualitarismo imposible
Las revoluciones fracasan porque pueden redistribuir las riquezas materiales, como la tierra, quitándola a los que tienen más y dándola a los que no la tienen, pero no pueden redistribuir otras riquezas no materiales como la educación, el conocimiento, la información o las relaciones. Y éstas, que están desigualmente distribuidas, tarde o temprano también se manifiestan materialmente. Y es que las sociedades no son estáticas y, como otras de sus características, las desigualdades se producen y reproducen continuamente. Son al mismo tiempo causa y resultado. Las riquezas (y las pobrezas) materiales y no materiales se influyen y refuerzan mutuamente, y tienden a la desigualdad.
El fracaso de la revolución no se debe, en consecuencia, a la traición de sus líderes, a la desviación ideológica de sus conductores o a la ineficiencia de sus administradores. Lo más que éstos pueden hacer es demorar el resurgimiento de la nueva desigualdad o esconderla, pero al costo de una inmensa represión, a veces sólo política, pero muchas veces también cultural y económica.
El libro demuestra que había desigualdad antes y que hubo desigualdad después, en niveles incluso más profundos, pero no reconoce que se trata de una “nueva” desigualdad. Nueva no sólo en magnitud sino también en las causas que la originan y en los estratos sociales que la viven. En la estructura que emerge de la revolución los recursos que permiten la acumulación ya no son los de antes, son distintos, y los individuos o grupos que los controlan y utilizan son también nuevos.
Si bien es cierto que las revoluciones se hacen para luchar contra la desigualdad y fracasan en ese intento, no es menos cierto que una intención oculta de los revolucionarios es romper los obstáculos a la movilidad social. Y lo logran.

Lo importante es la equidad
En realidad, si todas las revoluciones fracasan en su promesa de igualdad, tienen cierto éxito en su motivación más profunda y no siempre explícita: todas reemplazan a unos ricos por otros, sacan a algunos grupos del poder y encumbran a otros, eliminan a unas oligarquías pero generan otras.
Su problema es que confunden la desigualdad con la inequidad, cuando la importante es esta última, que alude a la dimensión de injusticia que puede haber en la desigualdad. Una desigualdad es injusta solamente cuando es impuesta y resulta insuperable.
Las revoluciones y los revolucionarios ignoran esa diferencia y tratan de resolver las injusticias eliminando las desigualdades, lo que ya ha resultado trágico para millones de personas.
La alternativa que enseña la historia es que, siendo la desigualdad inevitable, el antídoto para superar su dimensión injusta no es la igualación, forzada o no, sino la movilidad social.
Y aunque ésta puede considerarse un pequeño “éxito” dentro del gran fracaso de las revoluciones, no llega a justificarlas debido a los elevados costos que éstas imponen. Costos políticos, de represión, autoritarismo y violencia; y costos económicos, de rezago en el crecimiento. En esto, Bolivia es también un caso modelo: en términos reales, el PIB per cápita del año 1965 era inferior al de principios de los años 50.
En suma, si bien la revolución nacional fracasó en su igualitarismo y desató cierta movilidad social, no la pudo ampliar debido al estancamiento de la economía provocado por ella misma, por sus convulsiones y el debilitamiento de las instituciones.
Es necesario aprender las lecciones que esto nos deja ahora que estamos viviendo bajo una nueva obsesión igualitarista. Para ello, debemos ir más allá de la desigualdad y preocuparnos por lo que verdaderamente importa, que es la equidad. Nuestra propia historia y la de otros países muestran que la podemos conseguir, en forma gradual pero segura, si abrimos nuestra economía, si fortalecemos las instituciones, si defendemos los derechos y las libertades individuales, si impulsamos el crecimiento de la economía.
En síntesis, el voluntarismo político puede generar lo opuesto a lo que se busca. La justicia social se la alcanza de mejor manera y es más perdurable con la gradualidad del desarrollo, es decir, impulsando el progreso y ampliando la libertad.

(Hay una versión más amplia y con datos de este texto. Se envía en PDF a solicitud de los interesados).

Gobernabilidad en Bolivia

Como todos los años, el Banco Mundial ha publicado sus indicadores mundiales sobre gobernabilidad. A partir de la revisión sistemática de una amplia gama de informes, este estudio evalúa “las tradiciones e instituciones por las cuales se ejerce la autoridad en un país”.
La información es agregada en seis categorías: participación y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno, calidad del sistema regulatorio, observancia de la ley y control de la corrupción. El proyecto ofrece datos de Bolivia desde 1996 y puede consultarse vía internet a través de la página web http://www.worldbank.org/governance/wgi/ donde además se puede tener un detalle mayor y realizar comparaciones con otros países. Mientras más se acerca a 100 el valor del índice, mayor gobernabilidad.
El informe de este año coloca nuevamente a Bolivia como uno de los países con peores condiciones de gobernabilidad de América Latina. Venezuela sigue en el peor sitial.
En comparación con el año pasado, hay notables deterioros en los indicadores de respeto a la ley, calidad del sistema regulatorio, eficacia gubernamental y estabilidad política, pues en todos estos casos el rango de los datos coloca al país al borde de la alerta roja. Es también notable que en los seis grupos de variables la situación hoy sea peor que en 1998.
Algunas de las variables que utiliza este proyecto del Banco Mundial para medir la gobernabilidad son, sin embargo, muy limitadas, pues se basan en las percepciones de la gente. Tal es, por ejemplo, el caso de control de corrupción. Si por ejemplo la gente cree que eso ha mejorado, el índice dice que hay más control, sin importar si hay o no avances reales.
Por eso puede resultar interesante comparar estos datos con los de la revista Foreign Policy, que anualmente difunde su ranking de “Estados fallidos” basado en el comportamiento de 12 grupos de variables que van desde las presiones demográficas hasta la vigencia de los derechos humanos, incluyendo el crecimiento económico, la intervención extranjera, los servicios públicos o el faccionalismo de las élites (http://www.foreignpolicy.com). Es decir, en este caso buscan datos duros más que opiniones o percepciones subjetivas
Este año las peores condiciones se registran en Somalia, que encabeza la lista. De los países de América Latina el único en situación crítica es Haití, en el lugar 12, pero hay varios en la categoría de “en peligro”, y entre ellos está Bolivia, en el puesto 51 de un total de 177 países. El año pasado ocupaba el lugar 55, en una tendencia al deterioro en los últimos 4 años.
Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú también están en la misma categoría de riesgo, pero mientras los dos primeros nos acompañan en el deterioro, los últimos han ido mejorando sus indicadores continuamente.
De nuestros vecinos el que se encuentra en mejor posición es Chile (puesto 155), aunque en el último año ha sufrido cierto deterioro.
Por supuesto, para quienes vivimos en Bolivia la información obtenida por estas dos fuentes no resulta sorprendente. A pesar de la bonanza económica causada por el aumento de los precios de las materias primas, y a pesar del grado de apoyo ciudadano que tiene el gobierno, las instituciones que regulan la vida económica, política y social se han debilitado ostensiblemente en la última década, y las perspectivas hacia el futuro lucen preocupantes.
La reforma constitucional absorbió enormes energías políticas con resultados poco satisfactorios. La nueva Constitución, lejos de establecer un nuevo y legítimo pacto social, ha sido impuesta, transgrediendo las normas que debieron regularla, y no es el fruto de estudios ni de debate. Aplicarla es difícil y en algunos casos será imposible, y ya han empezado a notarse sus consecuencias negativas. La decisión de España de no otorgar nacionalidad a los hijos de bolivianos que nazcan en su territorio es una muestra sencilla pero que afecta a miles de nuestros compatriotas. Menos notoria pero igualmente fuerte es la continua declinación de las inversiones, alejadas por una normativa que limita considerablemente su potencial para el desarrollo.
Las consecuencias futuras seguramente se reflejarán en un mayor deterioro de los indicadores de gobernabilidad, que sin duda reflejan y condicionan también el desempeño económico. La declinación del crecimiento, la pérdida de mercados y el aumento del desempleo pueden aumentar la pobreza y estimular la emigración.
Al mismo tiempo, la lucha política, carente de marcos que la circunscriban en el respeto a la ley, a los derechos humanos y a las libertades individuales podría exacerbar esta situación.
Estas tendencias deben ser consideradas como llamadas de atención y como estímulos que nos conduzcan a revertirlas. Es urgente restablecer el imperio de la ley recuperando las instituciones judiciales, empezando por el Tribunal Constitucional y terminando en las ahora llamadas autoridades de regulación y supervisión, que simplemente han dejado de funcionar.
No debe olvidarse que el particularismo de la acción colectiva, la intolerancia política y la delincuencia (incluyendo la poderosa y globalizada economía del narcotráfico) son tres fuerzas que se nutren de la débil gobernabilidad y que también la agravan.

SOLUCION BRILLANTE A LA ESCASEZ DE COMBUSTIBLES

En fecha 26 de Noviembre de 2008 la Superintendencia de Hidrocarburos emitió una disposición, con vistos y considerandos y a nombre del Estado Boliviano, que pondrá fin al desabastecimiento de carburantes en el país. Es una idea brillante que, al parecer, a nadie se le ocurrió hasta ahora.

Sustentando su disposición en la ley de hidrocarburos, en la ley Sirese, en el Decreto Supremo 27172 y en las demás normas sectoriales, la Superintendencia ha dispuesto que las estaciones de servicio le comuniquen “la terminación de su producto antes de que ello suceda”. De este modo, la Super podrá “garantizar la continuidad del servicio” porque así podrá “gestionar en YPFB la asignación de volúmenes adicionales”.

Al parecer, los responsables de las estaciones de servicio no sabían hasta ahora que la escasez de combustibles se debía a la insuficiencia de sus tanques y que, para tener gasolina o diesel para vender, debían pedirlo con anticipación al proveedor. Afortunadamente para ellos, la Super se dio cuenta de que ése es el problema y con esta disposición el problema será finalmente resuelto. Por fin se acabarán las colas en los surtidores y en las refinerías.

En la disposición del “Ente Regulador”, como se llama a sí misma la Super, se hace referencia a una norma anterior, fechada el 10 de noviembre, que había instruido a las Estaciones de Servicio a presentarle sus requerimientos para “el recojo de productos de las plantas de almacenaje”, pero en esa ocasión olvidaron especificar que debían hacerlo “antes de la terminación” de sus tanques. Por suerte se dieron cuenta de esta tremenda falla y ahora la corrigieron. Ya no habrán, pues, más problemas de ahora en adelante. En vez de esperar que se acabe la gasolina o el diesel, y pedir la reposición del producto cuando ya se forman las filas de desesperados e impacientes consumidores, los responsables de las Estaciones podrán ahora pedir a la Super que haga las gestione de reabastecimiento ante YPFB con anticipación. Y listo. ¡Adiós a la escasez! ¿No es genial?

Lo que uno no sabe es qué sucederá en Santa Cruz, Chuquisaca o Pando, que en esta disposición quedan libradas a su suerte, porque resulta que en la norma comentada solamente se menciona a las Estaciones de Servicio (siempre tratadas así, con mayúsculas) de La Paz, Oruro y Cochabamba. Claro, también se olvidaron de las de Potosí, Beni y Tarija, ¿qué harán allá? En todo caso, dirán, es un primer paso. Ya saldrán otras disposiciones similares, no se preocupen… la Super encontrará las normas legales que le permitan resolver el problema en esos departamentos: es cuestión de paciencia, y de trámites por supuesto.

La Superintendencia de Hidrocarburos descubrió que lo que necesita el país para avanzar es un poco más de papeleo. Eso es cumplir con el cambio, ¿se dieron cuenta? Sólo a una oposición empeñada en crear dificultades al proceso de cambio se le ocurre que lo que se necesita en el país es producir más combustibles. ¡Materialistas!

Desarrollo de papel

El gobierno ha decidido instalar una planta de papel en Villa Tunari, Chapare, dedicando a ese fin 20 millones de dólares. No hay estudios de mercado ni de factibilidad técnica, pero hay el dinero…

Ahora están a la espera de que los sindicatos cocaleros consigan 10 hectáreas. Deben estar, naturalmente, juntas, y, también, al lado de un río. La producción de papel necesita de muchos árboles y de mucha agua, es decir, deforesta mucho y contamina aun mas. Esto es tan serio que Uruguay y Argentina siguen en conflicto por una papelera a orillas del río de La Plata.

Es posible que, al final, se instale la planta, que funcione mal y poco, que necesite más y más subsidios, y que en el camino termine con los pocos árboles que van quedando en el área de Villa Tunari, y con los peces que ya escapan de esos ríos por la contaminación que, seguramente, aumentará en la medida de la ineficiencia de una planta destinada, sobre todo a dar pegas, como suele suceder con las empresas públicas.

Claro, uno quisiera equivocarse y pensar que este escenario no se llegará a dar. Pero la experiencia del pasado boliviano y de varios presentes de “desarrollo de papel” no alienta ninguna esperanza. Que dirán los ecologistas de este nuevo enfoque al desarrollo sostenible en el Chapare?

Para mayor referencia, esta es la noticia, publicada el 19 de ago – 24:27:09 en hoybolivia.com

Villa Tunari
El presidente, Evo Morales Ayma, anunció la instalación de una fábrica de papeles en el Municipio de Villa Tunari.

“Instalaremos una fábrica de Papel en esta región, la tarea de los alcaldes y las federaciones es que consigan el terreno de diez hectáreas sobre un río”, afirmó el jefe de Estado al momento de señalar que el Gobierno cuenta con 20 millones de dólares para la concreción de este proyecto.

El primer mandatario señaló que una vez construida la fábrica de papeles se llevará adelante el equipamiento con maquinaria Brasileña.

Morales Ayma indicó que esto esta confirmado ya que una comisión de Bolivia se trasladó hasta Brasil para realizar las gestiones correspondientes y se afirmó que “ya están garantizadas las máquinas para la industria”.

El jefe de Estado adelantó que en el transcurso de los próximos días los ministros del área suscribirán las cartas de intenciones con sus pares del Brasil para concretar esta situación.

Sin embargo, el presidente Morales Ayma indicó que aún se tropieza con un problema en el Congreso Nacional que no aprobó aún un decreto que posibilite la instalación de la industria, pero que estos se tratará de agilizar.

Asimismo, solicitó a los presidentes de las Federaciones del Trópico de Cochabamba, ha conseguir el terreno de 10 hectáreas cerca de un río para que se instale la fábrica de papeles.