A LA GENTE SU PLATA

Roberto Laserna

Hace unos días el Presidente de Nigeria, Umaru Yar’Adua, envió un proyecto de ley al parlamento de su país proponiendo la distribución del equivalente al 10% de los ingresos petroleros directamente a los ciudadanos del delta del Níger. La región, productora de la mayor parte del petróleo de este gigante africano, es también la más azotada por la violencia y donde los contrastes de riqueza y pobreza son los más altos. De hecho, Yar´Adua pretende con este procedimiento satisfacer la demanda fundamental de la población del Níger, que es acceder a una parte de esa riqueza, eliminando así la principal causa de la violencia en la zona.

Hasta ahora, Nigeria fue uno de los casos emblemáticos de la maldición de los recursos naturales, pues desde que se descubrió petróleo en su costa no sólo crecieron las exportaciones y el PIB, sino también la pobreza, el SIDA y la violencia.

Muy cerca de Nigeria se encuentra Ghana, hasta ahora uno de los pocos países africanos que parecía encaminarse hacia una democracia con sólidas instituciones y una economía estable y en crecimiento. Pero hace poco descubrió grandes reservas de petróleo y dentro de un par de años el país se convertirá en exportador petrolero. Los investigadores del Centro para el Desarrollo Global de Washington difundieron un estudio sobre los problemas que podría representar para Ghana la afluencia de esos recursos, y prepararon un memorando al Presidente John Atta Mills sugiriéndole una fórmula para evitar esos problemas: distribuir el dinero petrolero entre todos los ciudadanos (cgdev.org). La directora de este centro, Nancy Birdsall ya había planteado junto a Arvind Subramanian una propuesta similar para Irak hace algunos años, a través de la prestigiosa revista Foreign Affairs.

En Marzo de este año, Muammar Gaddafi propuso liquidar el enorme aparato burocrático de Libia y distribuir entre los ciudadanos los ingresos provenientes del petróleo. La propuesta del caudillo libio es parte de su sorprendente giro político, luego de reconocer el fracaso de la larga revolución que preside y admitir que es tiempo de ensayar algo completamente diferente.

La propuesta ha encontrado la resistencia de la burocracia libia, incluyendo el primer ministro al-Mahmoudi y el presidente del Banco Central, Bin Guidara. Para ellos, la distribución de los recursos petroleros entre todos los ciudadanos causaría una debacle económica, con inflación y caos. Gaddafi replicó: “lo que ustedes quieren es que la situación no cambie y puedan así conservar sus privilegios”, y les exigió que piensen en cómo se puede distribuir directamente a todos los libios el dinero proveniente de las exportaciones petroleras. “El petróleo pertenece a los libios y ellos deben tener ese dinero y hacer con él lo que les plazca”, habría afirmado el líder libio (Javno.com).

Todavía no se sabe la respuesta del Presidente de Ghana, pero sí la de los políticos y burócratas, tanto irakíes como norteamericanos, que han estado a cargo de la reconstrucción de Irak: “Si el dinero es público, lo gastamos nosotros”. No son sus palabras, por supuesto, pero es su lógica. Similar a la de los ministros de Gaddafi y a la de los planificadores del gobierno boliviano, que prefieren mantener el control de los recursos para sostener proyectos grandiosos de industrialización, educación, infraestructura, dejando para la gente los mínimos bonos que garanticen su apoyo político. Sabemos que esos proyectos son grandiosos en intenciones pero pobres en realidad, como lo muestran las experiencias de despilfarro y corrupción que compartimos con muchos países petroleros.

En noviembre del 2006 un grupo de ciudadanos planteó en Bolivia una solución parecida. En un documento firmado entre otros por Eduardo Rodríguez Veltzé, Victor Hugo Cárdenas, Juan Antonio Morales, ex Prefectos departamentales, ex Ministros, periodistas y académicos, se planteó “que se distribuyan todas las rentas naturales entre todos los ciudadanos, sin intermediarios ni promesas, de manera directa y transparente, a fin de que cada uno decida qué hacer con esos recursos para beneficiar a su familia y contribuir al progreso nacional”.

Aquella propuesta no fue una ocurrencia y, como se ve, tampoco aislada. Se basa en investigaciones que detectaron los riesgos de la abundancia en un entorno de débil institucionalidad como el nuestro, y en estudios que descubrieron los impactos positivos de las transferencias directas de efectivo, como los bonos, así como de estudios prospectivos que demostraron que este modelo reduciría la pobreza y las desigualdades y dinamizaría el crecimiento.

Por su parte, el Banco Mundial difundió hace poco una amplia revisión de experiencias de transferencia directa de dinero a la gente. Unas más que otras, todas las experiencias analizadas han sido exitosas.

En síntesis, la distribución directa y en efectivo con absoluta seguridad eliminaría los enormes problemas que crea la abundancia y eso debería bastar para convencernos de la necesidad de llevarla a cabo. Pero si a ese enorme beneficio se le añade la probabilidad de que además reduzca la pobreza y la desigualad, no deberíamos dudar un instante para convertir esta propuesta en política de Estado.

El país vive ahora una coyuntura especial. El boom exportador ha pasado pero el país todavía obtiene mucho dinero de la explotación de sus recursos naturales. El hierro y el litio podrían sumar mucho más a lo que se tiene, así como podrían hacerlo otros recursos ambientales que apenas conocemos. Aprendiendo de lo que ya hicimos con el Bonosol-Renta Dignidad, podemos avanzar más y hacer que finalmente se cumpla la promesa que han hecho todas las constituciones bolivianas: “los recursos naturales son del pueblo”.

Si logramos que las rentas lleguen a sus verdaderos dueños, los ciudadanos bolivianos, sin discriminación ni intermediación, no solamente alcanzaremos niveles superiores de desarrollo y bienestar en Bolivia, sino que ayudaremos a que lo hagan ciudadanos de países tan dispares y lejanos como Libia, Nigeria, Ghana e Irak.

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6 de Agosto… de qué patria?

El 6 de agosto se conoce como el Día de la Patria pero lo que se celebra es la Fundación de la República.
Si nos encontramos ahora regidos bajo una nueva Constitución Política del Estado que finalmente dejó “en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal”, no tiene sentido alguno que se mantenga esa fecha como la de celebración oficial del día del Estado Plurinacional. Hacerlo revelará un grado de incoherencia tan grave que el mundo creerá que somos un país de esquizofrénicos. A lo sumo, el 6 de agosto debería quedar como una fecha dedicada a conmemorar el proyecto republicano que perdimos en esa chacota plagada de ilegalidades que fue la Asamblea Constituyente.
Por lo tanto, en vez de desfiles cívicos y fanfarrias militares, el 6 de agosto debería ser un día de recogimiento y meditación, o de procesiones fúnebres a los monumentos a los Murillos y Monteagudos, los Bolívares y Sucres, los padres locales y departamentales de una idea que, por el momento por lo menos, está enterrada con ellos.
Si no se hace nada de esto, con el argumento de que solamente hemos cambiado nombres a las instituciones para ampliar su cobertura y reactivar los ideales republicanos, entonces se nos abren nuevos espacios a la concertación y deberíamos impulsarlos.
Veamos.
Los ciudadanos eligieron a Evo Morales como Presidente de la República de Bolivia. De un plumazo, sin que nadie lo elija para ser tal, se convirtió en el Presidente del Estado Plurinacional y Comunitario de Bolivia y así firma decretos, resoluciones y convenios internacionales. Seguramente habrá quienes crean que se trata de un acto de usurpación de funciones, pero es también seguro que en el gobierno están convencidos de que lo que han hecho es legal. Con el cambio de nombre, dirán, se ajustan a lo que dice la nueva CPE y el Presidente ejerce el cargo con las nuevas atribuciones que la nueva CPE le reconoce. Si eso es así, lo lógico sería que también mediante decreto cambien el nombre al Congreso Nacional y lo llamen Asamblea Legislativa Plurinacional, con lo que se le reconocerían también las funciones y atribuciones que establece la nuev a CPE. Entre ellas, las de elegir a seis de los miembros del Organo Electoral Plurinacional (cuyo nombre también sería cuestión de otro decreto), y las de preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (previos los necesarios decretosde bautizo).
El gobierno debería mostrar consistencia en sus decisiones y, de una vez, demostrar que impulsó la aprobación de una nueva Constitución para cumplirla y respetarla. De otro modo, nos veremos obligados a guardar la tricolor el 6 de agosto, o a izarla con un crespón negro.

Gobernabilidad en Bolivia

Como todos los años, el Banco Mundial ha publicado sus indicadores mundiales sobre gobernabilidad. A partir de la revisión sistemática de una amplia gama de informes, este estudio evalúa “las tradiciones e instituciones por las cuales se ejerce la autoridad en un país”.
La información es agregada en seis categorías: participación y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno, calidad del sistema regulatorio, observancia de la ley y control de la corrupción. El proyecto ofrece datos de Bolivia desde 1996 y puede consultarse vía internet a través de la página web http://www.worldbank.org/governance/wgi/ donde además se puede tener un detalle mayor y realizar comparaciones con otros países. Mientras más se acerca a 100 el valor del índice, mayor gobernabilidad.
El informe de este año coloca nuevamente a Bolivia como uno de los países con peores condiciones de gobernabilidad de América Latina. Venezuela sigue en el peor sitial.
En comparación con el año pasado, hay notables deterioros en los indicadores de respeto a la ley, calidad del sistema regulatorio, eficacia gubernamental y estabilidad política, pues en todos estos casos el rango de los datos coloca al país al borde de la alerta roja. Es también notable que en los seis grupos de variables la situación hoy sea peor que en 1998.
Algunas de las variables que utiliza este proyecto del Banco Mundial para medir la gobernabilidad son, sin embargo, muy limitadas, pues se basan en las percepciones de la gente. Tal es, por ejemplo, el caso de control de corrupción. Si por ejemplo la gente cree que eso ha mejorado, el índice dice que hay más control, sin importar si hay o no avances reales.
Por eso puede resultar interesante comparar estos datos con los de la revista Foreign Policy, que anualmente difunde su ranking de “Estados fallidos” basado en el comportamiento de 12 grupos de variables que van desde las presiones demográficas hasta la vigencia de los derechos humanos, incluyendo el crecimiento económico, la intervención extranjera, los servicios públicos o el faccionalismo de las élites (http://www.foreignpolicy.com). Es decir, en este caso buscan datos duros más que opiniones o percepciones subjetivas
Este año las peores condiciones se registran en Somalia, que encabeza la lista. De los países de América Latina el único en situación crítica es Haití, en el lugar 12, pero hay varios en la categoría de “en peligro”, y entre ellos está Bolivia, en el puesto 51 de un total de 177 países. El año pasado ocupaba el lugar 55, en una tendencia al deterioro en los últimos 4 años.
Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú también están en la misma categoría de riesgo, pero mientras los dos primeros nos acompañan en el deterioro, los últimos han ido mejorando sus indicadores continuamente.
De nuestros vecinos el que se encuentra en mejor posición es Chile (puesto 155), aunque en el último año ha sufrido cierto deterioro.
Por supuesto, para quienes vivimos en Bolivia la información obtenida por estas dos fuentes no resulta sorprendente. A pesar de la bonanza económica causada por el aumento de los precios de las materias primas, y a pesar del grado de apoyo ciudadano que tiene el gobierno, las instituciones que regulan la vida económica, política y social se han debilitado ostensiblemente en la última década, y las perspectivas hacia el futuro lucen preocupantes.
La reforma constitucional absorbió enormes energías políticas con resultados poco satisfactorios. La nueva Constitución, lejos de establecer un nuevo y legítimo pacto social, ha sido impuesta, transgrediendo las normas que debieron regularla, y no es el fruto de estudios ni de debate. Aplicarla es difícil y en algunos casos será imposible, y ya han empezado a notarse sus consecuencias negativas. La decisión de España de no otorgar nacionalidad a los hijos de bolivianos que nazcan en su territorio es una muestra sencilla pero que afecta a miles de nuestros compatriotas. Menos notoria pero igualmente fuerte es la continua declinación de las inversiones, alejadas por una normativa que limita considerablemente su potencial para el desarrollo.
Las consecuencias futuras seguramente se reflejarán en un mayor deterioro de los indicadores de gobernabilidad, que sin duda reflejan y condicionan también el desempeño económico. La declinación del crecimiento, la pérdida de mercados y el aumento del desempleo pueden aumentar la pobreza y estimular la emigración.
Al mismo tiempo, la lucha política, carente de marcos que la circunscriban en el respeto a la ley, a los derechos humanos y a las libertades individuales podría exacerbar esta situación.
Estas tendencias deben ser consideradas como llamadas de atención y como estímulos que nos conduzcan a revertirlas. Es urgente restablecer el imperio de la ley recuperando las instituciones judiciales, empezando por el Tribunal Constitucional y terminando en las ahora llamadas autoridades de regulación y supervisión, que simplemente han dejado de funcionar.
No debe olvidarse que el particularismo de la acción colectiva, la intolerancia política y la delincuencia (incluyendo la poderosa y globalizada economía del narcotráfico) son tres fuerzas que se nutren de la débil gobernabilidad y que también la agravan.