FABRICANO Y VICTOR HUGO

He visto la espalda flagelada de Marcial Fabricano y he sentido pena por este país. La misma CIDOB que Fabricano ayudó a crear como mecanismo de integración y lucha por la equidad y la justicia, ha respaldado la actitud cobarde de los que golpearon a Fabricano. Al hacerlo, han reproducido la actitud de Evo cuando justificó la agresión contra la familia de Victor Hugo Cárdenas que, como Marcial, dedicó su vida a construir esa democracia que permitió a los dirigentes de la CIDOB y al mismo Evo llegar donde han llegado.
¿Invalidan estos actos la lucha política de Marcial y Victor Hugo? Es posible que ellos así lo sientan, víctimas como son de la ingratitud, la mezquindad y la estupidez de quienes no han tenido la altura moral para seguirlos, y por eso mismo los atacan. Incapaces de alcanzar la altura política y humana que tienen Marcial Fabricano y Victor Hugo Cárdenas, quienes marchan por los caminos que ellos abrieron los envidian, y se ensañan con sus cuerpos, sus familias y sus bienes. Pobres de los atacantes y justificadores de la violencia, porque se hunden en su propia mezquindad.
Estos son episodios ingratos y pasajeros que, estoy seguro, pronto superaremos. Tal vez Marcial, Victor Hugo y sus familias no olvidarán el dolor causado por estos ataques, pero estoy seguro de que el reconocimiento y el aprecio de la mayoría honesta y sincera del país les permitirá superar el sabor amargo de estas agresiones.
Siento pena por la Bolivia del presente, pero, al mismo tiempo, siento esperanza por la Bolivia posible, ésa por la que han luchado y siguen luchando Marcial Fabricano y Victor Hugo Cárdenas, dos líderes que me hacen sentir orgulloso y que me permiten mantener la ilusión de un país mejor.

La tierra: ilusión estéril

¿Qué lleva al gobierno a buscar, en el 2008, la huella del 52?

La idea de distribuir la tierra como condición necesaria para la democracia y el desarrollo, aunque fue importante en 1952, ya era obsoleta. Esta idea nació con la democracia y con la noción de progreso, cuando la tierra era un medio para que cada persona tuviera una base económica para ejercer los derechos políticos que conquistaba como ciudadano.

Cuando la reforma agraria llegó a Bolivia, eliminando el latifundio improductivo pero también algunas eficientes empresas agropecuarias, ya era tarde. Las tierras se distribuyeron masivamente, pero su relevancia económica ya había pasado. Apenas dieron un magro sustento económico a los nuevos ciudadanos. La siguiente generación volvió a caer en la pobreza, sin poder integrarse ni a la democracia ni al mercado.

Hoy, a más de cincuenta años de la reforma agraria, el grupo social más pobre es el de los pequeños propietarios rurales, los campesinos.

De acuerdo a la encuesta de hogares del INE, un agricultor que trabaja por su cuenta obtiene un ingreso laboral inferior a los 400 bolivianos mensuales, que es apenas poco más de la mitad del que logra un agricultor asalariado (probablemente sin tierras), que consigue más de 600 en promedio y, por supuesto, muy inferior al que obtiene cualquier trabajador urbano, cuyo ingreso laboral está por los 1400.

Así se comprende por qué la población del campo migra a las ciudades.

Lo que resulta difícil de comprender es que luego de comprobar que la reforma agraria no logró lo que entonces se proponía, se insista hoy en repetirla. Si los agricultores con tierra son los más pobres del país, ¿mejorará su situación con una nueva distribución de tierras? Y si por ésta retornan a las comunidades los asalariados agrícolas, ¿no empeorará más bien su situación?

Quienes abogan por una nueva reforma agraria afirman que los ingresos campesinos son bajos precisamente porque la tierra es insuficiente, que se ha parcelado en exceso y carece de riego. Pero esto no es del todo cierto.

Una reciente investigación del INAN y del PMA encontró que la situación nutricional tiene más relación con la vinculación al mercado que con la extensión de tierra de que disponen las familias rurales.

La colonización también demostró que la extensión de tierra no es importante. Al principio las dotaciones eran de hasta 500 hectáreas por familia, pero con el tiempo fueron decreciendo en tamaño, hasta situarse debajo de las diez hectáreas en los últimos años. Y esto porque cada familia no alcanza a cultivar más de cuatro hectáreas en promedio.

Siempre podrá argumentarse que todo será distinto cuando la nueva distribución sea acompañada de créditos, apoyo tecnológico, maquinaria, etc. Lo mismo se decía en los años 50, 60 y 70, sin que tales deseos puedan llevarse a la práctica.

Los datos y las experiencias mencionadas sugieren que el país está persiguiendo nuevamente una ilusión que no solamente es anacrónica, sino arcaica y probablemente estéril.

Nada justifica la acumulación improductiva de tierras ni la adquisición fraudulenta que algunos ciudadanos pudieron haber logrado en el pasado. Tampoco puede ignorarse que es necesario ordenar la propiedad de manera que estimule su utilización productiva y contribuya al bienestar general.

Pero para resolver un problema no es necesario crear otros, y mucho menos transferirlos a quienes hoy se ilusionan con salir de la pobreza cultivando la tierra al modo tradicional. No es justo para con ellos.

Y no pueden ignorarse dos hechos: la agricultura ya no es la principal fuente de riqueza, como lo era en el siglo XVII, y la tierra no es la riqueza más abundante de Bolivia.

La exclusión, que condena a la pre-ciudadanía a una gran parte de los bolivianos, es inaceptable y debe ser superada. Pero eso no se conseguirá distribuyendo un recurso que ya no es relevante y menos reconstruyendo tecnologías que no son eficientes. Lo que hoy necesitamos es asumir el desafío de reconocer que estamos en el siglo XXI, que vivimos otro tiempo, y que, en éste, tenemos otra riqueza que es abundante y, al mismo tiempo, relevante para la economía actual: el gas natural. Ese es el recurso que, convertido en dinero, podría dar a todos los bolivianos la base económica mínima necesaria para ser ciudadanos y tener la capacidad de ser productores de democracia y desarrollo.

Desarrollo de papel

El gobierno ha decidido instalar una planta de papel en Villa Tunari, Chapare, dedicando a ese fin 20 millones de dólares. No hay estudios de mercado ni de factibilidad técnica, pero hay el dinero…

Ahora están a la espera de que los sindicatos cocaleros consigan 10 hectáreas. Deben estar, naturalmente, juntas, y, también, al lado de un río. La producción de papel necesita de muchos árboles y de mucha agua, es decir, deforesta mucho y contamina aun mas. Esto es tan serio que Uruguay y Argentina siguen en conflicto por una papelera a orillas del río de La Plata.

Es posible que, al final, se instale la planta, que funcione mal y poco, que necesite más y más subsidios, y que en el camino termine con los pocos árboles que van quedando en el área de Villa Tunari, y con los peces que ya escapan de esos ríos por la contaminación que, seguramente, aumentará en la medida de la ineficiencia de una planta destinada, sobre todo a dar pegas, como suele suceder con las empresas públicas.

Claro, uno quisiera equivocarse y pensar que este escenario no se llegará a dar. Pero la experiencia del pasado boliviano y de varios presentes de “desarrollo de papel” no alienta ninguna esperanza. Que dirán los ecologistas de este nuevo enfoque al desarrollo sostenible en el Chapare?

Para mayor referencia, esta es la noticia, publicada el 19 de ago – 24:27:09 en hoybolivia.com

Villa Tunari
El presidente, Evo Morales Ayma, anunció la instalación de una fábrica de papeles en el Municipio de Villa Tunari.

“Instalaremos una fábrica de Papel en esta región, la tarea de los alcaldes y las federaciones es que consigan el terreno de diez hectáreas sobre un río”, afirmó el jefe de Estado al momento de señalar que el Gobierno cuenta con 20 millones de dólares para la concreción de este proyecto.

El primer mandatario señaló que una vez construida la fábrica de papeles se llevará adelante el equipamiento con maquinaria Brasileña.

Morales Ayma indicó que esto esta confirmado ya que una comisión de Bolivia se trasladó hasta Brasil para realizar las gestiones correspondientes y se afirmó que “ya están garantizadas las máquinas para la industria”.

El jefe de Estado adelantó que en el transcurso de los próximos días los ministros del área suscribirán las cartas de intenciones con sus pares del Brasil para concretar esta situación.

Sin embargo, el presidente Morales Ayma indicó que aún se tropieza con un problema en el Congreso Nacional que no aprobó aún un decreto que posibilite la instalación de la industria, pero que estos se tratará de agilizar.

Asimismo, solicitó a los presidentes de las Federaciones del Trópico de Cochabamba, ha conseguir el terreno de 10 hectáreas cerca de un río para que se instale la fábrica de papeles.

DEFENDIENDO LA ALHARACA

¿Por qué entonces tanta alharaca ahora? se pregunta nuestro querido y respetado amigo Xavier Albó luego de criticar un reportaje de La Razón que, a su vez, criticaba la visión indigenizada de Bolivia que emergió del Censo del 2001.

Es sorprendente, por decir lo menos, que un investigador acucioso e inteligente como Albó no se haya dado cuenta todavía de por qué tanta alharaca con este asunto. La explicación de la alharaca es muy sencilla, querido Xavier, y es que los datos que ayudaste a construir y que tanto defiendes están siendo utilizados para justificar el cuoteo étnico del país y arrinconar a la mayoría de los bolivianos que, contra las alharacas indigenistas, quisiera ser definido simplemente así: boliviano. La alharaca se justifica porque la visión étnica desde la cual se quiere reconstruir el sistema político e institucional del país, es una visión unidimensional de la identidad, que privilegia apenas un aspecto de ella y que, al hacerlo, no solamente amenaza la libertad de las personas sino que también representa una amenaza a la paz y a la convivencia social. Si bien la autodefinición étnica pone de relieve una identidad que usted llama cultural y que es seguramente cultural en el rigor conceptual de la antropología, usted y yo sabemos muy bien que es una definición de identidad que tiene fuertes connotaciones raciales para el sentido común de las personas. Estoy seguro de que usted no ignora este aspecto, pues por algo en su artículo menciona las “cargas emocionales negativas” de algunas categorías como blanca, chola, originaria a las que, porque sí, usted mismo define como razas, demostrando que incluso para un antropólogo profesional la distinción entre “raza” y “etnia” es, cuando no confusa, muy tenue. Frente a esa confusión, de la cual es difícil escapar, me permito, querido Xavier, defender la alharaca que tanto te sorprende como un acto de principios destinado a rescatar la condición humana, que es incluyente, como base fundamental de ciudadanía.

Quisiera que se entienda también que defender la alharaca es, en este caso concreto, también un acto de rechazo a quienes quieren condenar a las personas a las prisiones de una identidad étnica. Prisiones, porque dando prioridad política a un aspecto simplificador de la compleja y diversa identidad humana, como es el étnico, las personas podrían ser limitadas a un desarrollo unidimensional de su propia personalidad, que requiere explorar otras fuentes de identidad. Lo que es aún más peligroso, a partir de ahí podrían incluso ser conducida a enfrentar a los otros con violencia por considerarlos una amenaza, un grupo con menos derechos, inferiores, opresores, enemigos o lo que se le ocurra a quien sea capaz de manipular el reduccionismo identitario. Porque si uno puede verse a sí mismo primariamente como parte de un grupo étnico, ignorando los otros aspectos de su identidad, también podrá ver al otro solamente como perteneciente a otro grupo étnico, ignorando que es mucho más que eso y que, en ese mucho más, ambos tienen mucho que compartir. Ya sé que esta simplificación no está en el proyecto de reconstrucción estatal desde lo étnico, que incluye esa visión plurinacional y la propuesta de autonomías indígenas, pero es necesario reconocer que, si se plantea lo étnico como principio organizador del Estado, es decir, de la política y del derecho, lo que se está planteando en los hechos es definir esa dimensión como la esencial. El mensaje implícito es que las otras no son esenciales o son menos importantes. Por eso la alharaca, Xavier, porque por ese camino podemos fácilmente acercarnos al abismo de la violencia racista o, si no llegamos a él, quedarnos en la maraña de las exclusiones e injusticias.

¿Cuál es la opción? ¿Ignorar el racismo que realmente existe y las diversas formas de discriminación? Por supuesto que no. La opción es una que la propia humanidad ha creado al descubrirse como tal, es decir, la de organizar nuestros sistemas institucionales y políticos a partir de lo que es esencial y, además, común a todos: la condición humana, la individualidad, el derecho de todos a ser personas y a ejercer la libertad como un acto de realización y de responsabilidad consigo mismo y hacia los demás. En lo concreto esto significa colocar en el centro del diseño institucional a las personas, y definir al Estado y a sus instituciones como instrumentos que deben estar al servicio de las personas, o sea, dicho en términos políticos, de los ciudadanos. Esto no impide los derechos culturales que eventualmente serán reconocidos para ciertos grupos ni importa obligaciones a nadie para definirse, si así lo quiere, como mestizos, como quechuas o como jóvenes, siempre que se reconozcan y reconozcan a otros como personas en igualdad de derechos y obligaciones.

¿Desaparecerán de este modo las desigualdades y las injusticias? Por supuesto que no, pero por lo menos mantendremos abierto y transparente el desafío de seguir luchando para superarlas, evitando el riesgo de encubrir unas desigualdades con otras, que pueden desencadenar nuevas y peores exclusiones.