A LA GENTE SU PLATA

Roberto Laserna

Hace unos días el Presidente de Nigeria, Umaru Yar’Adua, envió un proyecto de ley al parlamento de su país proponiendo la distribución del equivalente al 10% de los ingresos petroleros directamente a los ciudadanos del delta del Níger. La región, productora de la mayor parte del petróleo de este gigante africano, es también la más azotada por la violencia y donde los contrastes de riqueza y pobreza son los más altos. De hecho, Yar´Adua pretende con este procedimiento satisfacer la demanda fundamental de la población del Níger, que es acceder a una parte de esa riqueza, eliminando así la principal causa de la violencia en la zona.

Hasta ahora, Nigeria fue uno de los casos emblemáticos de la maldición de los recursos naturales, pues desde que se descubrió petróleo en su costa no sólo crecieron las exportaciones y el PIB, sino también la pobreza, el SIDA y la violencia.

Muy cerca de Nigeria se encuentra Ghana, hasta ahora uno de los pocos países africanos que parecía encaminarse hacia una democracia con sólidas instituciones y una economía estable y en crecimiento. Pero hace poco descubrió grandes reservas de petróleo y dentro de un par de años el país se convertirá en exportador petrolero. Los investigadores del Centro para el Desarrollo Global de Washington difundieron un estudio sobre los problemas que podría representar para Ghana la afluencia de esos recursos, y prepararon un memorando al Presidente John Atta Mills sugiriéndole una fórmula para evitar esos problemas: distribuir el dinero petrolero entre todos los ciudadanos (cgdev.org). La directora de este centro, Nancy Birdsall ya había planteado junto a Arvind Subramanian una propuesta similar para Irak hace algunos años, a través de la prestigiosa revista Foreign Affairs.

En Marzo de este año, Muammar Gaddafi propuso liquidar el enorme aparato burocrático de Libia y distribuir entre los ciudadanos los ingresos provenientes del petróleo. La propuesta del caudillo libio es parte de su sorprendente giro político, luego de reconocer el fracaso de la larga revolución que preside y admitir que es tiempo de ensayar algo completamente diferente.

La propuesta ha encontrado la resistencia de la burocracia libia, incluyendo el primer ministro al-Mahmoudi y el presidente del Banco Central, Bin Guidara. Para ellos, la distribución de los recursos petroleros entre todos los ciudadanos causaría una debacle económica, con inflación y caos. Gaddafi replicó: “lo que ustedes quieren es que la situación no cambie y puedan así conservar sus privilegios”, y les exigió que piensen en cómo se puede distribuir directamente a todos los libios el dinero proveniente de las exportaciones petroleras. “El petróleo pertenece a los libios y ellos deben tener ese dinero y hacer con él lo que les plazca”, habría afirmado el líder libio (Javno.com).

Todavía no se sabe la respuesta del Presidente de Ghana, pero sí la de los políticos y burócratas, tanto irakíes como norteamericanos, que han estado a cargo de la reconstrucción de Irak: “Si el dinero es público, lo gastamos nosotros”. No son sus palabras, por supuesto, pero es su lógica. Similar a la de los ministros de Gaddafi y a la de los planificadores del gobierno boliviano, que prefieren mantener el control de los recursos para sostener proyectos grandiosos de industrialización, educación, infraestructura, dejando para la gente los mínimos bonos que garanticen su apoyo político. Sabemos que esos proyectos son grandiosos en intenciones pero pobres en realidad, como lo muestran las experiencias de despilfarro y corrupción que compartimos con muchos países petroleros.

En noviembre del 2006 un grupo de ciudadanos planteó en Bolivia una solución parecida. En un documento firmado entre otros por Eduardo Rodríguez Veltzé, Victor Hugo Cárdenas, Juan Antonio Morales, ex Prefectos departamentales, ex Ministros, periodistas y académicos, se planteó “que se distribuyan todas las rentas naturales entre todos los ciudadanos, sin intermediarios ni promesas, de manera directa y transparente, a fin de que cada uno decida qué hacer con esos recursos para beneficiar a su familia y contribuir al progreso nacional”.

Aquella propuesta no fue una ocurrencia y, como se ve, tampoco aislada. Se basa en investigaciones que detectaron los riesgos de la abundancia en un entorno de débil institucionalidad como el nuestro, y en estudios que descubrieron los impactos positivos de las transferencias directas de efectivo, como los bonos, así como de estudios prospectivos que demostraron que este modelo reduciría la pobreza y las desigualdades y dinamizaría el crecimiento.

Por su parte, el Banco Mundial difundió hace poco una amplia revisión de experiencias de transferencia directa de dinero a la gente. Unas más que otras, todas las experiencias analizadas han sido exitosas.

En síntesis, la distribución directa y en efectivo con absoluta seguridad eliminaría los enormes problemas que crea la abundancia y eso debería bastar para convencernos de la necesidad de llevarla a cabo. Pero si a ese enorme beneficio se le añade la probabilidad de que además reduzca la pobreza y la desigualad, no deberíamos dudar un instante para convertir esta propuesta en política de Estado.

El país vive ahora una coyuntura especial. El boom exportador ha pasado pero el país todavía obtiene mucho dinero de la explotación de sus recursos naturales. El hierro y el litio podrían sumar mucho más a lo que se tiene, así como podrían hacerlo otros recursos ambientales que apenas conocemos. Aprendiendo de lo que ya hicimos con el Bonosol-Renta Dignidad, podemos avanzar más y hacer que finalmente se cumpla la promesa que han hecho todas las constituciones bolivianas: “los recursos naturales son del pueblo”.

Si logramos que las rentas lleguen a sus verdaderos dueños, los ciudadanos bolivianos, sin discriminación ni intermediación, no solamente alcanzaremos niveles superiores de desarrollo y bienestar en Bolivia, sino que ayudaremos a que lo hagan ciudadanos de países tan dispares y lejanos como Libia, Nigeria, Ghana e Irak.

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De Superman al Quijote

Era una mañana de domingo, o tal vez sábado, cuando entré por primera vez al Museo de Historia Americana en Washington DC. Era un día fresco y soleado y caminaba sin rumbo por el centro cívico de esa ciudad cuando vi la puerta y el letrero. La curiosidad me jaló hacia adentro. Me encontré de pronto, sorprendido, en una sala dedicada a Superman. ¿Qué era esto? Yo esperaba, lógicamente, encontrarme con los Washington, Lincoln, Franklin, Madison, Luther King y Kenedy… pero ¿Superman?

Por supuesto, más allá estaba el espacio dedicado a Batman. Las revistas de historietas, disfraces, las capas, los acompañantes, los superamigos. Me reía de ese enorme triunfo de la ficción, que había logrado incorporar a Superman en el Museo de Historia cuando recordé haber visto muchos monumentos al Quijote, y no sólo en España. ¿No es el Quijote un personaje de ficción como Superman? ¡Qué cosa extraña! ¿Allá también se rindieron a la imaginación, hasta el punto de aceptar como reales a personajes que solamente existieron en relatos inventados? De pronto recordé una gran avenida en Cochabamba, nominada como Juan de la Rosa. Sí, nosotros también habíamos incorporado en nuestra realidad al personaje de la novela de Nataniel Aguirre, dándole en una avenida la misma “jerarquía” simbólica que a Simón Bolívar, Ladislao Cabrera o José Miguel Lanza. Si Juan de la Rosa puede ser un héroe de nuestra historia y el Quijote de la española, ¿por qué no podría serlo Superman de la estadounidense?

Mientras seguía recorriendo el Museo me di cuenta de que había entrado por una puerta lateral y que estaba en la sección dedicada a la historia de la cultura popular. Obvio. Pero el ingreso equivocado y distraído me había provocado una inquietud.

¿Qué significan los héroes para nuestra colectividades? ¿A cuáles y por qué escogemos? ¿Cómo nos apropiamos de ellos? Más importante todavía… ¿qué efectos causa sobre nosotros -como individuos y como colectividades- el que reconozcamos a ciertos personajes, reales o ficticios, como nuestros héroes?

Esa inquietud me animó a buscar el Quijote, un referente fundamental más allá de España, y que toma en América Latina un innegable cariz político . Lo leí como nunca lo hice cuando me obligaron en colegio… con placer.  Reí muchísimo y confirmé lo que es un clásico. El Quijote sigue siendo actual en temática y en narrativa, y también en esta cosa tan difícil de desentrañar que es la simbología.  Don Quijote se ha convertido en un símbolo del idealismo más puro y generoso, y hay todo un vocabulario de connotaciones positivas que deriva de Quijote. Hay actitudes quijotescas, hechos que son quijotadas, personas que son quijotes. Murales, grabados, pinturas, esculturas y graffittis animan a imitar a don Quijote.  Es un verdadero héroe al que se nos propone imitar.

Probablemente muchos de los que usan esa imagen de el Quijote no han leído el libro y estoy seguro de que si Cervantes viviera hoy sería el primer sorprendido de la veneración política que se tiene de su personaje. Cervantes concibió al Quijote como un deschavetado con el cerebro carcomido por libros antiguos, y que sale en busca de aventuras como un Chapulín Colorado que intenta hacer el bien, pero al que todo le sale mal. Con frecuencia, causa más daños que beneficios a sus supuestos protegidos.

En las historias del Chapulín la casualidad endereza los problemas, pero en las de el Quijote quien lo hace es Sancho Panza, un don nadie, analfabeto e ignorante, sin mayores luces ni pretensiones, pero con un fuerte sentido de realismo. Sancho es el que sabe que los gigantes son molinos de viento,  así lo advierte, y luego termina curando al Quijote de su imprudencia. Sancho es el que sabe que las ovejas no son un ejército y es el que termina pagando a los pastores los daños causados por el Quijote. Sancho no puede evitar que el Quijote destruya las marionetas y luego tiene que ayudar a pagarlas… y así, el libro entero está construido sobre los daños causados por las buenas intenciones, y la fidelidad de Sancho para remendar los daños.

Sancho Panza no es solamente el necesario complemento de Don Quijote, sino que es también el hombre práctico y realista que no se propone enderezar entuertos, sino que lo hace… y endereza los entuertos que provoca el mismo Don Quijote con su ilusorio voluntarismo. Por supuesto, cae muchas veces bajo la seductora visión que le ofrece el Quijote, y sucumbre continuamente a las promesas de poder y bienestar que le ofrece para cuando sea gobernador. Y al final, también, es quien termina pagando los platos rotos por el iluso don Quijote.

Por supuesto que Don Quijote atrae las simpatías del lector. Es el personaje principal y sus aventuras son graciosas porque le animan ilusiones y todo le sale mal. Nadie como él demuestra la sabiduría del viejo refrán que dice: “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.  Me pregunto, por eso, ¿qué revela de nosotros este culto al Quijote? ¿Qué nos dice el esmero con que nos dedicamos al rescate de el Quijote y la facilidad con que despreciamos e ignoramos a ese humilde representante del pueblo que es Sancho? ¿Será que solamente nos importan las intenciones pero no los resultados?

Cuando empecé a reflexionar sobre este tema pensé que el culto al Quijote era una forma de autoengaño colectivo. Ahora me temo que, al contrario, ese culto sea sincero y haga transparentes los valores que nos condenan a defender delincuentes o galeotes y a embestir molinos de viento, rebaños de ovejas y figuras de papel.  Está visto que Sancho aguanta y que los pastores, titiriteros, campesinos y molineros son tan tolerantes hoy como lo eran en tiempos de Cervantes.

Entre Superman y el Quijote, prefiero Sancho.

Gobernabilidad en Bolivia

Como todos los años, el Banco Mundial ha publicado sus indicadores mundiales sobre gobernabilidad. A partir de la revisión sistemática de una amplia gama de informes, este estudio evalúa “las tradiciones e instituciones por las cuales se ejerce la autoridad en un país”.
La información es agregada en seis categorías: participación y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno, calidad del sistema regulatorio, observancia de la ley y control de la corrupción. El proyecto ofrece datos de Bolivia desde 1996 y puede consultarse vía internet a través de la página web http://www.worldbank.org/governance/wgi/ donde además se puede tener un detalle mayor y realizar comparaciones con otros países. Mientras más se acerca a 100 el valor del índice, mayor gobernabilidad.
El informe de este año coloca nuevamente a Bolivia como uno de los países con peores condiciones de gobernabilidad de América Latina. Venezuela sigue en el peor sitial.
En comparación con el año pasado, hay notables deterioros en los indicadores de respeto a la ley, calidad del sistema regulatorio, eficacia gubernamental y estabilidad política, pues en todos estos casos el rango de los datos coloca al país al borde de la alerta roja. Es también notable que en los seis grupos de variables la situación hoy sea peor que en 1998.
Algunas de las variables que utiliza este proyecto del Banco Mundial para medir la gobernabilidad son, sin embargo, muy limitadas, pues se basan en las percepciones de la gente. Tal es, por ejemplo, el caso de control de corrupción. Si por ejemplo la gente cree que eso ha mejorado, el índice dice que hay más control, sin importar si hay o no avances reales.
Por eso puede resultar interesante comparar estos datos con los de la revista Foreign Policy, que anualmente difunde su ranking de “Estados fallidos” basado en el comportamiento de 12 grupos de variables que van desde las presiones demográficas hasta la vigencia de los derechos humanos, incluyendo el crecimiento económico, la intervención extranjera, los servicios públicos o el faccionalismo de las élites (http://www.foreignpolicy.com). Es decir, en este caso buscan datos duros más que opiniones o percepciones subjetivas
Este año las peores condiciones se registran en Somalia, que encabeza la lista. De los países de América Latina el único en situación crítica es Haití, en el lugar 12, pero hay varios en la categoría de “en peligro”, y entre ellos está Bolivia, en el puesto 51 de un total de 177 países. El año pasado ocupaba el lugar 55, en una tendencia al deterioro en los últimos 4 años.
Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú también están en la misma categoría de riesgo, pero mientras los dos primeros nos acompañan en el deterioro, los últimos han ido mejorando sus indicadores continuamente.
De nuestros vecinos el que se encuentra en mejor posición es Chile (puesto 155), aunque en el último año ha sufrido cierto deterioro.
Por supuesto, para quienes vivimos en Bolivia la información obtenida por estas dos fuentes no resulta sorprendente. A pesar de la bonanza económica causada por el aumento de los precios de las materias primas, y a pesar del grado de apoyo ciudadano que tiene el gobierno, las instituciones que regulan la vida económica, política y social se han debilitado ostensiblemente en la última década, y las perspectivas hacia el futuro lucen preocupantes.
La reforma constitucional absorbió enormes energías políticas con resultados poco satisfactorios. La nueva Constitución, lejos de establecer un nuevo y legítimo pacto social, ha sido impuesta, transgrediendo las normas que debieron regularla, y no es el fruto de estudios ni de debate. Aplicarla es difícil y en algunos casos será imposible, y ya han empezado a notarse sus consecuencias negativas. La decisión de España de no otorgar nacionalidad a los hijos de bolivianos que nazcan en su territorio es una muestra sencilla pero que afecta a miles de nuestros compatriotas. Menos notoria pero igualmente fuerte es la continua declinación de las inversiones, alejadas por una normativa que limita considerablemente su potencial para el desarrollo.
Las consecuencias futuras seguramente se reflejarán en un mayor deterioro de los indicadores de gobernabilidad, que sin duda reflejan y condicionan también el desempeño económico. La declinación del crecimiento, la pérdida de mercados y el aumento del desempleo pueden aumentar la pobreza y estimular la emigración.
Al mismo tiempo, la lucha política, carente de marcos que la circunscriban en el respeto a la ley, a los derechos humanos y a las libertades individuales podría exacerbar esta situación.
Estas tendencias deben ser consideradas como llamadas de atención y como estímulos que nos conduzcan a revertirlas. Es urgente restablecer el imperio de la ley recuperando las instituciones judiciales, empezando por el Tribunal Constitucional y terminando en las ahora llamadas autoridades de regulación y supervisión, que simplemente han dejado de funcionar.
No debe olvidarse que el particularismo de la acción colectiva, la intolerancia política y la delincuencia (incluyendo la poderosa y globalizada economía del narcotráfico) son tres fuerzas que se nutren de la débil gobernabilidad y que también la agravan.

EL LINCHAMIENTO

El mismo día en que flagelaron a Marcial Fabricano, castigado por la justicia comunitaria por pensar con cabeza propia, fue linchado Jesús Ríos Orellana, un joven de 20 años de edad al que acusaron de ser ladrón de bicicletas. Lo capturaron cuando escapaba de los acusadores y se golpeó la cabeza al caer de una pared. Lo amarraron con alambres a un poste y lo golpearon hasta acabar con su vida.
Desde el 2005 se han registrado unos 90 linchamientos en Bolivia. Nadie lleva la cuenta. A un joven lo encontraron durmiendo la fiesta encima de un auto en Punata y lo arrastraron por las calles hasta matarlo, pensando que era un ladrón cuando no hizo más que venir del pueblo vecino para festejar con sus amigos. A tres policías los detuvieron tratando de aprovecharse de los delincuentes en Epizana y los mataron a golpes. Muchos han muerto rociados de kerosene o gasolina, quemados lentamente. Algunos pocos se salvaron, como en Achacachi, cuando la policía logró rescatar a varios sospechosos de robo que eran torturados y quemados en medio del pequeño estadio de fútbol del pueblo. Un señor con senilidad prematura fue linchado en La Paz cuando lo encontraron cargando una licuadora que no era suya. A unos por una garrafa en la ciudad y a otros por una oveja en el campo.
Los muertos se acumulan y las comunidades agraden a los policías y fiscales que pretendan investigar esos crímenes. Matan por impotencia y rabia, y caen presos del silencio y el miedo. Basta un dedo acusador y se aplica la sentencia.
Uno tras otro, inocentes y culpables mueren linchados, ensombreciendo las conciencias de barrios y comunidades enteras por toda Bolivia.
Si el acusado escapa, es culpable, pues de otro modo no escaparía. Si se asusta y tiene miedo, es culpable, porque los inocentes no tienen razón para temer. Si no confiesa, es que oculta algo y es culpable. Si confiesa, claro, es culpable.
“Les hemos advertido” dicen, y muestran maniquíes colgados de los postes de alumbrado, como lúgubre anticipo de lo que puede suceder en ese barrio cualquier mañana de domingo.
Estos son los argumentos que se escucha, en un lenguaje tosco y nervioso pero claro, cada vez que los micrófonos de la prensa intentan comprender lo que pasó en un lugar de linchamiento. Pero se escucharon argumentos muy parecidos de las autoridades del gobierno de Evo Morales, cuando comentaban los pedidos de asilo y refugio en el Perú de tres ex Ministros de Estado, acusados en el Juicio de Responsabilidades instaurado en contra del gobierno derrocado por el golpe social de octubre 2003. El que escapa es culpable, se dijo, quien nada tiene, nada teme.
No puede sorprender entonces que en los barrios alejados se repita el mismo razonamiento, llevando muerte allá y demostrando acá que el Juicio de Responsabilidades no es sino un linchamiento de formas solemnes.
Los observadores y analistas suelen afirmar que los linchamientos son también reacciones colectivas de impotencia ante la ausencia de justicia. Ocurren allá donde no llegan ni la policía ni los tribunales, o donde la autoridad es tan débil que no alcanza a proteger a la sociedad.
Por esos mismos días en que flagelaron a Fabricano y lincharon a Ríos, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados impuso una decisión: suspender al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de retardación de justicia y sin tomar en cuenta sus descargos. Así se sumó el nombre del Dr. Eddy Fernández a una lista ya larga de tribunos y magistrados a los que se ha acosado desde el poder político con el fin de obligarlos a renunciar. El Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura han sido paralizados de ese modo y ahora la Corte Suprema se arriesga a la falta de quorum. En realidad, la credibilidad del sistema judicial ha sido corroído con acusaciones políticas y debilitándolo en su funcionamiento con designaciones demoradas o renuncias forzadas.
La exigencia gubernamental de que las autoridades de octubre 2003 se sometan a una justicia en la que ellos no creen y a la que atacan continuamente resulta simplemente inverosímil. Por eso el Gobierno del Perú y ACNUR han sido rápidos en su decisión de proteger a los ex Ministros. Ojalá pudieran hacerlo también con los ladrones de bicicletas y garrafas, o con los jóvenes que una tarde de fiesta lleva por zonas en las que son desconocidos, y donde corren peligro de muerte si alguien levanta un dedo acusador y los asusta, haciéndolos correr hacia un seguro linchamiento.

SANTA CRUZ: ALGO MÁS QUE AUTONOMÍA

Cristina y Javier interrumpieron vacaciones: “un voto es un voto”, dijeron al volver a Santa Cruz. Unos días después, al empezar el conteo de papeletas en el poblado de El Bajío, Laura, jurado electoral, anuló un voto porque habían escrito algo dentro de la casilla dispuesta para el Sí. “No puede escribirse, sólo marcar”, argumentó. Le dijeron que la palabra sí mostraba sin dudas la voluntad del votante. “No podemos arriesgarnos, tiene que ser legal” dijo, y anularon el voto. Al terminar el recuento, esa mesa tenía 4 votos nulos, 158 por el sí y 40 por el no. Así empezó la fiesta.

Los ciudadanos actuaron en el referéndum con responsabilidad ya habitual. El sistema electoral fue eficiente, delegando responsabilidades desde la Corte hacia los ciudadanos.

En los pueblitos la gente conversaba en las calles, tranquila pero atenta para defender las urnas. Se temía que los militantes del oficialismo atacaran como en San Julián y en el barrio Plan 3000 de la ciudad, donde la violencia logró trascendencia gracias al sensacionalismo. Lo común fue el voto masivo de respaldo a la autonomía.

El gobierno se mostró confuso. Sus vacilaciones desorientaron a sus militantes que no sabían si debían combatir el referéndum, votar al no, abstenerse o denunciar. El Presidente buscó el apoyo del ALBA y de la OEA, insinuó intervención militar, calificó al referéndum como una encuesta irrelevante, movilizó a sus bases en El Alto y el Chapare y, al final, denunció el ausentismo y valoró la resistencia de sus militantes. A un alto funcionario de su gobierno, hoy preso, le decomisaron urnas y papeletas robadas y bombas molotov.

Si a los líderes de Santa Cruz se les debe reconocer el mérito de la victoria que lograron, a las autoridades del gobierno hay que culparlas de la enorme derrota que sufrieron.

La demanda autonómica se construyó en varias décadas, y acumuló fuerzas mediante la denuncia, la experimentación y la propuesta, hasta lograr este arrollador respaldo. Pero el 4 de mayo la gente votó también para rechazar al gobierno del Presidente Morales, repudiando sus maneras de actuar, que prefieren la presión callejera a procedimientos institucionales, y su proyecto, que afirma el estatismo y la etnicidad comunitaria.

Este proyecto recién se conoció dos años después de la elección de Morales, por lo que no puede decirse que la gente lo apoyara entonces. El 2005 Evo era la promesa de una política diferente, más sensible a los pobres y a los excluidos, más abierta al diálogo, menos palaciega y ajena a la corrupción. Pero en su gobierno pensaron que el 54% logrado era como un cheque en blanco que podía llenarse de cualquier manera y empezaron a improvisar con estatizaciones y discursos etnicistas, proponiendo desde una revolución cultural para el mundo hasta el reparto de tierras en las selvas. Y se olvidaron de la gestión. En estos 28 meses cayeron las inversiones, se estancó la producción, volvió la inflación y crecieron la pobreza y la desigualdad.

Lo cierto es que el 85% de los cruceños dijo sí a la autonomía y no al gobierno. En las próximas semanas se realizarán cuatro eventos parecidos. Aumentará la tensión si el gobierno del Presidente Morales se niega a admitir que el escenario político ha cambiado y continúa protegiendo a sus ministros más reacios al diálogo. En realidad, sabremos si el diálogo es posible cuando cambie el gabinete. Mientras tanto, la confrontación seguirá siendo el riesgo más elevado, aunque el país mayoritario claramente prefiere la paz.

La tierra: ilusión estéril

¿Qué lleva al gobierno a buscar, en el 2008, la huella del 52?

La idea de distribuir la tierra como condición necesaria para la democracia y el desarrollo, aunque fue importante en 1952, ya era obsoleta. Esta idea nació con la democracia y con la noción de progreso, cuando la tierra era un medio para que cada persona tuviera una base económica para ejercer los derechos políticos que conquistaba como ciudadano.

Cuando la reforma agraria llegó a Bolivia, eliminando el latifundio improductivo pero también algunas eficientes empresas agropecuarias, ya era tarde. Las tierras se distribuyeron masivamente, pero su relevancia económica ya había pasado. Apenas dieron un magro sustento económico a los nuevos ciudadanos. La siguiente generación volvió a caer en la pobreza, sin poder integrarse ni a la democracia ni al mercado.

Hoy, a más de cincuenta años de la reforma agraria, el grupo social más pobre es el de los pequeños propietarios rurales, los campesinos.

De acuerdo a la encuesta de hogares del INE, un agricultor que trabaja por su cuenta obtiene un ingreso laboral inferior a los 400 bolivianos mensuales, que es apenas poco más de la mitad del que logra un agricultor asalariado (probablemente sin tierras), que consigue más de 600 en promedio y, por supuesto, muy inferior al que obtiene cualquier trabajador urbano, cuyo ingreso laboral está por los 1400.

Así se comprende por qué la población del campo migra a las ciudades.

Lo que resulta difícil de comprender es que luego de comprobar que la reforma agraria no logró lo que entonces se proponía, se insista hoy en repetirla. Si los agricultores con tierra son los más pobres del país, ¿mejorará su situación con una nueva distribución de tierras? Y si por ésta retornan a las comunidades los asalariados agrícolas, ¿no empeorará más bien su situación?

Quienes abogan por una nueva reforma agraria afirman que los ingresos campesinos son bajos precisamente porque la tierra es insuficiente, que se ha parcelado en exceso y carece de riego. Pero esto no es del todo cierto.

Una reciente investigación del INAN y del PMA encontró que la situación nutricional tiene más relación con la vinculación al mercado que con la extensión de tierra de que disponen las familias rurales.

La colonización también demostró que la extensión de tierra no es importante. Al principio las dotaciones eran de hasta 500 hectáreas por familia, pero con el tiempo fueron decreciendo en tamaño, hasta situarse debajo de las diez hectáreas en los últimos años. Y esto porque cada familia no alcanza a cultivar más de cuatro hectáreas en promedio.

Siempre podrá argumentarse que todo será distinto cuando la nueva distribución sea acompañada de créditos, apoyo tecnológico, maquinaria, etc. Lo mismo se decía en los años 50, 60 y 70, sin que tales deseos puedan llevarse a la práctica.

Los datos y las experiencias mencionadas sugieren que el país está persiguiendo nuevamente una ilusión que no solamente es anacrónica, sino arcaica y probablemente estéril.

Nada justifica la acumulación improductiva de tierras ni la adquisición fraudulenta que algunos ciudadanos pudieron haber logrado en el pasado. Tampoco puede ignorarse que es necesario ordenar la propiedad de manera que estimule su utilización productiva y contribuya al bienestar general.

Pero para resolver un problema no es necesario crear otros, y mucho menos transferirlos a quienes hoy se ilusionan con salir de la pobreza cultivando la tierra al modo tradicional. No es justo para con ellos.

Y no pueden ignorarse dos hechos: la agricultura ya no es la principal fuente de riqueza, como lo era en el siglo XVII, y la tierra no es la riqueza más abundante de Bolivia.

La exclusión, que condena a la pre-ciudadanía a una gran parte de los bolivianos, es inaceptable y debe ser superada. Pero eso no se conseguirá distribuyendo un recurso que ya no es relevante y menos reconstruyendo tecnologías que no son eficientes. Lo que hoy necesitamos es asumir el desafío de reconocer que estamos en el siglo XXI, que vivimos otro tiempo, y que, en éste, tenemos otra riqueza que es abundante y, al mismo tiempo, relevante para la economía actual: el gas natural. Ese es el recurso que, convertido en dinero, podría dar a todos los bolivianos la base económica mínima necesaria para ser ciudadanos y tener la capacidad de ser productores de democracia y desarrollo.

De traidores y traiciones

Curiosa actitud la del regionalismo paceño… Primero puso en jaque a la Constituyente, agudizando la presión social sobre esa institución, y por tanto desencadenando la batalla por “la sede”, y ahora pide a Sucre garantías para que funcione una Asamblea que su misma presión ha desvirtuado.

Y no contentos con haber proscrito de la Asamblea un tema que les resulta difícil de tratar con razones, el de la sede, ahora resuelven declarar traidor al asambleísta Jorge Lazarte por no haberse sumado al acto antidemocrático que protagonizaron con el entusiasta apoyo del oficialismo.

Con ello, la Asamblea de la Paceñidad, y si es cierto que participaron en ella, también el Prefecto Paredes y el Alcalde del Granado, se autodefinieron como traidores a la democracia. Pena por ellos, que tanrto prometían y que no tuvieron el valor político para oponerse a la intolerancia y eludir el chantaje regionalista.

La Asamblea y el asambleísmo

En una típica maniobra del asambleísmo predominante en los sindicatos obreros, campesinos y estudiantiles, la directiva de la Asamblea Constituyente ha proscrito el debate racional de su seno. En efecto, utilizando argucias inaceptables en un órgano que debiera ser el mayor ejemplo de democracia, ha impuesto en su plenaria un voto de silencio sobre la demanda de la capital de la República, que exige la consideración del derecho que le fuera arrebatado por la fuerza en 1899.

Al parecer, hoy como ayer, la dirigencia paceña tiene más fe en la fuerza que la razón pues se niega incluso a debatir la cuestión de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el lugar más adecuado para ello. Porque si la Asamblea Constituyente no puede tratar un tema tan elemental, ¿con qué autoridad podrá tratar otros?

Aunque sabíamos que la Asamblea Constituyente fue también impuesta por la fuerza como parte de una estrategia destinada a construir poder mediante la creación de incertidumbre sobre el sistema institucional prevaleciente, muchos creyeron sinceramente que podría ser convertido en un escenario de encuentro social y político, en el que los conflictos y las discrepancias serían canalizados en debates racionales, dando así oportunidad al surgimiento de la “democracia deliberativa” y un nuevo pacto nacional. Hoy está más claro que nunca que ésta fue una posición voluntarista cuando no francamente ingenua. Lo único que ha logrado la Asamblea, hasta ahora, es dar legitimidad a esa parodia de la democracia que es el asambleísmo, donde el volumen de los gritos puede fácilmente imponer silencio a las ideas. La Asamblea Constituyente fue, y sigue siendo, un peligro para la democracia en Bolivia.  Un peligro del que solamente nos libran las instituciones y leyes, y el compromiso que ha demostrado la población boliviana – a pesar de su escasa formación y la facilidad con que cae en las tentaciones demagógicas- con la libertad.

DEFENDIENDO LA ALHARACA

¿Por qué entonces tanta alharaca ahora? se pregunta nuestro querido y respetado amigo Xavier Albó luego de criticar un reportaje de La Razón que, a su vez, criticaba la visión indigenizada de Bolivia que emergió del Censo del 2001.

Es sorprendente, por decir lo menos, que un investigador acucioso e inteligente como Albó no se haya dado cuenta todavía de por qué tanta alharaca con este asunto. La explicación de la alharaca es muy sencilla, querido Xavier, y es que los datos que ayudaste a construir y que tanto defiendes están siendo utilizados para justificar el cuoteo étnico del país y arrinconar a la mayoría de los bolivianos que, contra las alharacas indigenistas, quisiera ser definido simplemente así: boliviano. La alharaca se justifica porque la visión étnica desde la cual se quiere reconstruir el sistema político e institucional del país, es una visión unidimensional de la identidad, que privilegia apenas un aspecto de ella y que, al hacerlo, no solamente amenaza la libertad de las personas sino que también representa una amenaza a la paz y a la convivencia social. Si bien la autodefinición étnica pone de relieve una identidad que usted llama cultural y que es seguramente cultural en el rigor conceptual de la antropología, usted y yo sabemos muy bien que es una definición de identidad que tiene fuertes connotaciones raciales para el sentido común de las personas. Estoy seguro de que usted no ignora este aspecto, pues por algo en su artículo menciona las “cargas emocionales negativas” de algunas categorías como blanca, chola, originaria a las que, porque sí, usted mismo define como razas, demostrando que incluso para un antropólogo profesional la distinción entre “raza” y “etnia” es, cuando no confusa, muy tenue. Frente a esa confusión, de la cual es difícil escapar, me permito, querido Xavier, defender la alharaca que tanto te sorprende como un acto de principios destinado a rescatar la condición humana, que es incluyente, como base fundamental de ciudadanía.

Quisiera que se entienda también que defender la alharaca es, en este caso concreto, también un acto de rechazo a quienes quieren condenar a las personas a las prisiones de una identidad étnica. Prisiones, porque dando prioridad política a un aspecto simplificador de la compleja y diversa identidad humana, como es el étnico, las personas podrían ser limitadas a un desarrollo unidimensional de su propia personalidad, que requiere explorar otras fuentes de identidad. Lo que es aún más peligroso, a partir de ahí podrían incluso ser conducida a enfrentar a los otros con violencia por considerarlos una amenaza, un grupo con menos derechos, inferiores, opresores, enemigos o lo que se le ocurra a quien sea capaz de manipular el reduccionismo identitario. Porque si uno puede verse a sí mismo primariamente como parte de un grupo étnico, ignorando los otros aspectos de su identidad, también podrá ver al otro solamente como perteneciente a otro grupo étnico, ignorando que es mucho más que eso y que, en ese mucho más, ambos tienen mucho que compartir. Ya sé que esta simplificación no está en el proyecto de reconstrucción estatal desde lo étnico, que incluye esa visión plurinacional y la propuesta de autonomías indígenas, pero es necesario reconocer que, si se plantea lo étnico como principio organizador del Estado, es decir, de la política y del derecho, lo que se está planteando en los hechos es definir esa dimensión como la esencial. El mensaje implícito es que las otras no son esenciales o son menos importantes. Por eso la alharaca, Xavier, porque por ese camino podemos fácilmente acercarnos al abismo de la violencia racista o, si no llegamos a él, quedarnos en la maraña de las exclusiones e injusticias.

¿Cuál es la opción? ¿Ignorar el racismo que realmente existe y las diversas formas de discriminación? Por supuesto que no. La opción es una que la propia humanidad ha creado al descubrirse como tal, es decir, la de organizar nuestros sistemas institucionales y políticos a partir de lo que es esencial y, además, común a todos: la condición humana, la individualidad, el derecho de todos a ser personas y a ejercer la libertad como un acto de realización y de responsabilidad consigo mismo y hacia los demás. En lo concreto esto significa colocar en el centro del diseño institucional a las personas, y definir al Estado y a sus instituciones como instrumentos que deben estar al servicio de las personas, o sea, dicho en términos políticos, de los ciudadanos. Esto no impide los derechos culturales que eventualmente serán reconocidos para ciertos grupos ni importa obligaciones a nadie para definirse, si así lo quiere, como mestizos, como quechuas o como jóvenes, siempre que se reconozcan y reconozcan a otros como personas en igualdad de derechos y obligaciones.

¿Desaparecerán de este modo las desigualdades y las injusticias? Por supuesto que no, pero por lo menos mantendremos abierto y transparente el desafío de seguir luchando para superarlas, evitando el riesgo de encubrir unas desigualdades con otras, que pueden desencadenar nuevas y peores exclusiones.

REPRESENTACION Y LIBERTAD

Desde que recuperamos la democracia en los años 80, se consideró que las dificultades para consolidarla  eran evidencias de una permanente crisis de representación. De ahí que gran parte de las reformas políticas en el país fueron orientadas por la búsqueda de nuevos y mejores mecanismos para hacer que el sistema político sea más representativo. Quienes tuvieron responsabilidades de gobierno concentraron sus esfuerzos en mejorar la representación, y quienes aspiraban al poder concentraron sus críticas en esos esfuerzos que consideraban insuficientes.

Ambos grupos tuvieron éxito, pero el problema quedó sin resolver.

En efecto, durante todo este periodo de reformas institucionales se han modificado sustancialmente los mecanismos electorales y la conformación de órganos políticos como el Congreso Nacional y los Concejos Municipales, e incluso se han ensayado órganos innovadores como los Consejos Departamentales y la Asamblea Constituyente. La eliminación de un supuesto “monopolio de los partidos” y el establecimiento de cuotas para abrir espacios a grupos no representados han cambiado la composición territorial, étnica y de género de los órganos colectivos. Se diseñaron reformas y se las aplicó, lo que significa que hubo éxito en la ejecución de esas ideas.

Las fuerzas que habían criticado la falta de representatividad de los organismos existentes también tuvieron éxito, pues lograron cambiarlos y, sobre todo, porque aumentaron sus propias posibilidades de acceso al poder. Tuvieron tanto éxito que lograron desarticular el sistema de representatividad con que nació la democracia, imponiendo la ilusión de que es posible una gestión directa y participativa de la política por parte de los grupos sociales movilizados.

En el límite de este modelo participativo cada uno se representa a sí mismo, lo que tiende a la exacerbación del particularismo y la disolución de la política como espacio de creación del bien común.

El problema es que el país llega con frecuencia a ese límite. Ocurre cuando la gente cree que no tiene otra manera de ser escuchada si no es ejerciendo presión sobre los demás, y se lanza a bloqueos, tomas y ocupaciones de lugares, o al autosacrificio de crucifixiones y huelgas de hambre.

El hecho de que estemos bordeando esos límites con tanta frecuencia señala que los cambios efectuados en la búsqueda de una mayor y mejor representación no han sido adecuados.

Ese es también el significado de los rápidos rechazos que sufren alcaldes, concejales y diputados que al poco tiempo de haber sido elegidos por un mecanismo que, supuestamente, los hizo más representativos, confrontan demandas de renuncia que llegan a expresarse en acciones violentas. Estos son ejemplos pálidos frente al de la Asamblea Constituyente, formada por tres delegados por cada circunscripción territorial más cinco por departamento y que, sin embargo, tiene que andar recorriendo el país para enterarse de lo que piensan sus representados.

¿Cómo se explica que tengamos éxito al mismo tiempo que fracasamos?

Quizás podamos encontrar una respuesta a este problema en la concepción misma de la representación que ha guiado y todavía orienta el debate político en el país. Si se analiza con detenimiento se verá que en Bolivia predomina una concepción fundada en lo social más que en lo político y que, por tanto, impone criterios de representación social para el funcionamiento de órganos que son políticos, con lo cual termina por inutilizarlos. Veamos.

Desde la concepción social predominante se busca representar lo que hoy son las personas, mientras que la política debería representar lo que las personas quieren ser. Para decirlo en términos más amplios: hemos tratado de que se represente lo que es el país, sin darnos cuenta de que, a la larga, eso nos impide encontrar lo que queremos ser.

La idea de representación  social se refiere a lo que hoy son los sujetos, a sus características y a su historia. Y si resulta complicado diseñar mecanismos socialmente representativos es, precisamente, porque las personas no somos unidimensionales, sino que somos muchas cosas al mismo tiempo. Lo que un día y en un lugar nos parece muy importante para definir nuestra identidad o nuestra posición, otro día o en otro lugar ya no lo es. Así, ser hombre o mujer puede ser muy importante en una situación, pero en otra resulta serlo mucho más el trabajo que desempeñamos o la profesión que tenemos. Si sube el impuesto al salario, ésta será la condición más importante para nosotros y no el origen de nuestros antepasados. Y si de pronto hay un conflicto con los de un lugar vecino, el territorio que habitamos o nuestro lugar de nacimiento determinarán nuestra posición e identidad.

Organizar un sistema que sea representativo de una identidad que es múltiple y cambiante es imposible y por eso fracasará siempre. La identidad étnica, por ejemplo, que algunos proponen como principio de representación, podría ser importante al momento de diseñar el sistema, pero ya no al ponerlo en funcionamiento o mucho menos cuando deba administrar discrepancias y conflictos.  Y lo mismo puede decirse de la identidad de género, o de generaciones, o territorial.

Es necesario reconocer que la búsqueda de un sistema político basado en la representación social enfatiza una perspectiva conservadora, que mira hacia el pasado. Si tiene éxito, ancla a la sociedad en ese pasado, es decir, la ata a lo que es y a todo aquello que determinó lo que ahora es esa sociedad. Con el riesgo adicional de que puede terminar profundizando las divisiones y promoviendo el conflicto, puesto que tiende a poner de relieve los particularismos y las peculiaridades.

La opción alternativa consiste en concentrarse en lograr que el sistema político sea políticamente representativo, lo que quiere decir que debe dar cabida a las propuestas de futuro, a las ideas de lo que queremos ser como sociedad o como país. Esto permitiría colocar las aspiraciones de futuro por encima de las divisiones y diferenciaciones que se originaron en el pasado. El futuro es donde podemos imaginar la paz y donde se encuentran el desarrollo y la equidad, si trabajamos para lograrlo.

Un sistema institucional políticamente representativo no es solamente más viable sino, además, mucho más fácil de construir. Basta con establecer normas que garanticen las libertades ciudadanas y controlen la intolerancia y el autoritarismo con mecanismos que equilibren los poderes y permitan controles mutuos, y dejar que la gente se agrupe y organice en torno a propuestas y aspiraciones.

Este cambio de enfoque otorga mayor libertad para las personas. En vez de obligarnos a elegir a quien represente lo que circunstancialmente puede ser relevante, nos permite romper las prisiones del pasado para pensar con más libertad en lo que queremos ser, en nuestro porvenir. La política tiene que ser el lugar donde se busca, y encuentra, la libertad. Al fin de cuentas, el futuro y la esperanza deben ser también parte de la identidad.