El empleo en las propuestas electorales

El debate sobre las propuestas electorales y la generación de empleos está impregnado de malos entendidos y prejuicios. En la predominante cultura rentista boliviana se promueve la idea de que generar empleo es una responsabilidad gubernamental y esto hace que mucha gente confunda empleo con “pega”, que es una remuneración regular aunque no se trabaje ni produzca nada. Es importante pedir más claridad en el tema y sobre todo en lo que concierne a lo que puede y debe hacer el Estado, es decir, a su rol en este campo.

El candidato que más énfasis ha hecho en el empleo es Samuel Doria Medina, con planteamientos convergentes en tres áreas: la reforma educativa con bachilleratos técnicos, la entrega de fondos a emprendedores, y la promoción de productos orgánicos y su correspondiente búsqueda de mercados. El Estado en su perspectiva sería un promotor de la actividad económica, pero dejando a los ciudadanos las actividades de inversión, producción y venta.

El riesgo de este tipo de políticas es que depende mucho de los técnicos o burócratas, que nunca tienen suficiente conocimiento de los mercados y no asumen los riesgos del fracaso. El riesgo para la gente disminuye cuando el Estado proporciona créditos o subsidios, pero esto crea nuevos problemas, como los de hacer dependientes o poco competitivos a los productores y limitar la capacidad fiscal.

Los riesgos son mayores en propuestas como la de BSD, que plantea restablecer un sistema de proteccionismo con prohibiciones a la importación, o de MUSPA que sugiere obligar al uso de productos nacionales. En estos casos, como también en los de Gente y Pulso, se muestra una confianza mucho mayor en los técnicos y burócratas que en los millones de agentes económicos que se relacionan a través de millones de transacciones de compra y venta de bienes y servicios. Esto es ingenuo y puede ser peligroso para una economía, como lo han demostrado muchas experiencias que creyeron que la econometría y la decisión de gabinete podían sustituir a los productores y consumidores que actúan buscando su bienestar.

La propuesta del MAS lleva este riesgo al extremo con su fe en el rol central que debería tener el Estado en la economía, ya demostrada con las estatizaciones realizadas en los últimos años. Algunas de ellas absolutamente contrarias a la oferta de empleo, como las que consistieron en la compra de instalaciones ya existentes en las que se invirtieron muchos millones de dólares –como en la compra de refinerías a Petrobras- sin haber generado un solo empleo ni haber ampliado la capacidad productiva. Afortunadamente para el país y la economía, en la oferta del MAS tiene ahora un lugar de relevancia la distribución directa a la población de una parte de las rentas naturales. Este era un tema que el MAS criticaba por su origen neoliberal, pero que ahora forma parte central de su propuesta. Eso es bueno porque por lo menos una parte del dinero del gas se emplea de acuerdo a las decisiones, necesidades y aspiraciones de las personas, y no de una cúpula política o sindical que cree que lo sabe todo.

Curiosamente, esta política acerca al MAS y su principal adversario, que es Convergencia Nacional/PPB, que propone ampliar la cobertura de la distribución a todos los ciudadanos, utilizando incluso las reservas monetarias fiscales. Es interesante, en el caso de esta coalición, la idea de ligar el empleo a las oportunidades económicas, pues eso les permite reforzar su idea de colocar al Estado como el generador institucional de la seguridad jurídica y el gestor del acceso a los mercados mundiales.

Sintetizando esta breve relación, que es algo injusta con todos por las limitaciones de espacio, debo decir que en mi criterio no son viables ni creíbles las propuestas que expresan más confianza en la burocracia que en la ciudadanía. Pueden ser tentadoras para nosotros, ya que sugieren que ellos resolverán nuestros problemas, pero no tienen el aval de la teoría ni de la experiencia histórica. Es justamente a partir de la experiencia y la teoría que creo más en las propuestas que muestran respeto por la capacidad y la racionalidad de las personas cuando se les permite actuar a partir de sus propios objetivos e intereses individuales.

En mi criterio, si lo único realmente eficaz y continuo en los últimos años ha sido el fortalecimiento de la economía familiar con transferencias directas de recursos, lo lógico sería avanzar hacia un acuerdo nacional que garantice, de una vez por todas, que los bolivianos disfrutaremos de la propiedad de los recursos naturales sin la intermediación del Estado, el paternalismo de la burocracia o la manipulación prebendal de los políticos. La ampliación del mercado interno y la multiplicación de oportunidades sería tan grande en ese caso, que el pleno empleo sería un resultado obvio. El problema es que una política de este tipo eliminaría la mamadera, y son muchos los que viven prendidos a ella o quieren alcanzarla.

A LA GENTE SU PLATA

Roberto Laserna

Hace unos días el Presidente de Nigeria, Umaru Yar’Adua, envió un proyecto de ley al parlamento de su país proponiendo la distribución del equivalente al 10% de los ingresos petroleros directamente a los ciudadanos del delta del Níger. La región, productora de la mayor parte del petróleo de este gigante africano, es también la más azotada por la violencia y donde los contrastes de riqueza y pobreza son los más altos. De hecho, Yar´Adua pretende con este procedimiento satisfacer la demanda fundamental de la población del Níger, que es acceder a una parte de esa riqueza, eliminando así la principal causa de la violencia en la zona.

Hasta ahora, Nigeria fue uno de los casos emblemáticos de la maldición de los recursos naturales, pues desde que se descubrió petróleo en su costa no sólo crecieron las exportaciones y el PIB, sino también la pobreza, el SIDA y la violencia.

Muy cerca de Nigeria se encuentra Ghana, hasta ahora uno de los pocos países africanos que parecía encaminarse hacia una democracia con sólidas instituciones y una economía estable y en crecimiento. Pero hace poco descubrió grandes reservas de petróleo y dentro de un par de años el país se convertirá en exportador petrolero. Los investigadores del Centro para el Desarrollo Global de Washington difundieron un estudio sobre los problemas que podría representar para Ghana la afluencia de esos recursos, y prepararon un memorando al Presidente John Atta Mills sugiriéndole una fórmula para evitar esos problemas: distribuir el dinero petrolero entre todos los ciudadanos (cgdev.org). La directora de este centro, Nancy Birdsall ya había planteado junto a Arvind Subramanian una propuesta similar para Irak hace algunos años, a través de la prestigiosa revista Foreign Affairs.

En Marzo de este año, Muammar Gaddafi propuso liquidar el enorme aparato burocrático de Libia y distribuir entre los ciudadanos los ingresos provenientes del petróleo. La propuesta del caudillo libio es parte de su sorprendente giro político, luego de reconocer el fracaso de la larga revolución que preside y admitir que es tiempo de ensayar algo completamente diferente.

La propuesta ha encontrado la resistencia de la burocracia libia, incluyendo el primer ministro al-Mahmoudi y el presidente del Banco Central, Bin Guidara. Para ellos, la distribución de los recursos petroleros entre todos los ciudadanos causaría una debacle económica, con inflación y caos. Gaddafi replicó: “lo que ustedes quieren es que la situación no cambie y puedan así conservar sus privilegios”, y les exigió que piensen en cómo se puede distribuir directamente a todos los libios el dinero proveniente de las exportaciones petroleras. “El petróleo pertenece a los libios y ellos deben tener ese dinero y hacer con él lo que les plazca”, habría afirmado el líder libio (Javno.com).

Todavía no se sabe la respuesta del Presidente de Ghana, pero sí la de los políticos y burócratas, tanto irakíes como norteamericanos, que han estado a cargo de la reconstrucción de Irak: “Si el dinero es público, lo gastamos nosotros”. No son sus palabras, por supuesto, pero es su lógica. Similar a la de los ministros de Gaddafi y a la de los planificadores del gobierno boliviano, que prefieren mantener el control de los recursos para sostener proyectos grandiosos de industrialización, educación, infraestructura, dejando para la gente los mínimos bonos que garanticen su apoyo político. Sabemos que esos proyectos son grandiosos en intenciones pero pobres en realidad, como lo muestran las experiencias de despilfarro y corrupción que compartimos con muchos países petroleros.

En noviembre del 2006 un grupo de ciudadanos planteó en Bolivia una solución parecida. En un documento firmado entre otros por Eduardo Rodríguez Veltzé, Victor Hugo Cárdenas, Juan Antonio Morales, ex Prefectos departamentales, ex Ministros, periodistas y académicos, se planteó “que se distribuyan todas las rentas naturales entre todos los ciudadanos, sin intermediarios ni promesas, de manera directa y transparente, a fin de que cada uno decida qué hacer con esos recursos para beneficiar a su familia y contribuir al progreso nacional”.

Aquella propuesta no fue una ocurrencia y, como se ve, tampoco aislada. Se basa en investigaciones que detectaron los riesgos de la abundancia en un entorno de débil institucionalidad como el nuestro, y en estudios que descubrieron los impactos positivos de las transferencias directas de efectivo, como los bonos, así como de estudios prospectivos que demostraron que este modelo reduciría la pobreza y las desigualdades y dinamizaría el crecimiento.

Por su parte, el Banco Mundial difundió hace poco una amplia revisión de experiencias de transferencia directa de dinero a la gente. Unas más que otras, todas las experiencias analizadas han sido exitosas.

En síntesis, la distribución directa y en efectivo con absoluta seguridad eliminaría los enormes problemas que crea la abundancia y eso debería bastar para convencernos de la necesidad de llevarla a cabo. Pero si a ese enorme beneficio se le añade la probabilidad de que además reduzca la pobreza y la desigualad, no deberíamos dudar un instante para convertir esta propuesta en política de Estado.

El país vive ahora una coyuntura especial. El boom exportador ha pasado pero el país todavía obtiene mucho dinero de la explotación de sus recursos naturales. El hierro y el litio podrían sumar mucho más a lo que se tiene, así como podrían hacerlo otros recursos ambientales que apenas conocemos. Aprendiendo de lo que ya hicimos con el Bonosol-Renta Dignidad, podemos avanzar más y hacer que finalmente se cumpla la promesa que han hecho todas las constituciones bolivianas: “los recursos naturales son del pueblo”.

Si logramos que las rentas lleguen a sus verdaderos dueños, los ciudadanos bolivianos, sin discriminación ni intermediación, no solamente alcanzaremos niveles superiores de desarrollo y bienestar en Bolivia, sino que ayudaremos a que lo hagan ciudadanos de países tan dispares y lejanos como Libia, Nigeria, Ghana e Irak.

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Dalence no es Santos

Guillermo Dalence, un antiguo dirigente sindical, fue Ministro de Minería en el actual gobierno que preside Evo Morales, y asumió la Presidencia de la Empresa Siderúrgica del Mutún con la misión de acelerar el proyecto y facilitar la ejecución del contrato con Jindal.
Hizo lo que pudo.
Hoy está bajo acusación fiscal por corrupción y daños económicos al Estado Multinacional, porque habría pagado millonarios sobreprecios en la compra de terrenos en la zona del Mutún.
La acusación compara los precios pagados, en una compra respaldada por el Decreto 085 firmado por el Presidente y aprobado por sus ministros, con los valores catastrales de esos terrenos. Y por supuesto que hay diferencias enormes. El valor catastral de unas tierras perdidas en el monte, cerca de una frontera inhóspita y lejos de caminos, es minúsculo en comparación con el precio de mercado de unas tierras necesarias para poner en marcha una planta siderúrgica. Son las mismas tierras, claro está, pero los criterios de valoración y las condiciones económicas que definen su valor, son radicalmente diferentes. Los dueños de esas tierras no las iban a vender por el valor catastral, e incluso en una expropiación legal los jueces habrían obligado a pagarlas de acuerdo a un avalúo especializado que tome en cuenta su valor de mercado. A eso no se le puede llamar sobreprecio, sino precio nomás.
En ausencia de competencia, no sabremos nunca si la compra fue con un precio adecuado o si se impuso una arbitrariedad. Los dueños de esas tierras tenían en este caso la sartén por el mango. No solamente tenían la propiedad, sino que sabían que al frente estaba un comprador apurado, urgido y con billetera frágil, porque no negociaba con su propio dinero, sino con el de nadie, es decir, con la plata del Estado. A Dalence su gobierno le exigió comprar de una vez las tierras, le dió poder de excepción para hacerlo, y le dio el dinero, que por supuesto tampoco le pertenecía al gobierno. Dalence hizo lo que se le pidió.
Tal vez merezca estar donde está, pero no debería estar solo.
El gobierno debió haber procedido de acuerdo a ley. Es decir, debió demostrar que era de interés nacional y utilidad pública la expropiación de esos terrenos, tramitar la ley necesaria para ello, y dejar que los jueces definan el valor de las indemnizaciones.
¿Por qué no lo hizo?
La primera hipótesis que salta en este país de desconfiados alude a la corrupción. Sobreprecio es negociado.
Yo me inclino por una hipótesis alternativa: la ineludible ineficiencia del estatismo.
En este caso, además, exacerbada por voluntarismo. El gobierno decidió, por razones políticas e ideológicas, que era prioritaria la siderurgia en el Mutún, y desde el principio procedió por excepción. En vez de declarar desierta la licitación del Mutún, abrió una negociación directa con Jindal, en la que estaba en desventaja, y firmó, por excepción, uno de los contratos de riesgo compartido más objetables que se han firmado en el país. En ese contrato asumió más compromisos de los que podía cumplir, concediendo a cambio de ellos enormes ventajas a la Jindal. Alguna vez hablamos del gas a precio rebajado y de la compra obligada de magnesio. También estaba el tema de las tierras, ésas que tienen a Dalence condenado antes de juicio.
Sin licitación ni expropiación judicial, sin competencia, simulada o real, ¿cómo esperaban que Dalence sepa cuánto debía pagar por esos terrenos? Y si lo presionaban a comprarlos, debilitando su poder de negociación, ¿cómo esperaban que evite pagar “sobreprecios”? Dalence se confió en la confianza que le tenían. Hizo mal, porque no todos pueden “meterle nomás y arreglarlo después”.
Queda por aclarar algo más: lo de ineludible en eso de la ineficiencia del estatismo.
No es un tema ideológico, es más bien práctico y este caso lo muestra con claridad.
Si una empresa privada hubiera necesitado comprar los terrenos, nadie hubiera hablado de sobreprecio. Se hubiera producido una negociación abierta y sencilla en la que el comprador y el vendedor se hubieran puesto de acuerdo. Pero ni el Estado ni las empresas que le pertenecen pueden actuar de esa manera. La ley se los impide. Sus compras están sujetas a procedimientos que, casi siempre, demoran mucho tiempo. Ese tiempo que aquí quisieron ganar con decretos de excepción, y que ha puesto a Dalence en la mira de sus nerviosos compañeros y bajo sospecha del país entero.
El voluntarismo, ese deseo de hacer las cosas rápido, fue el que llevó a los decretos de excepción y el que abrió las puertas a un negocio que ha resultado sospechoso.
El estatismo, como se ve, es inevitablemente ineficiente, porque o hace las cosas lentamente, o las hace mal.
Por eso, suele también devorar a sus hijos. Dalence no es el primero y, tengan la seguridad, tampoco será el último.
El paraíso de las excepciones, los fideicomisos y las licitaciones desiertas está lleno de santos como Dalence.

Los migrantes y el derecho de votar

La búsqueda de votos llevó al MAS a proponer que se incluyera en la votación a los ciudadanos residentes en el exterior. Muchos lo habían planteado antes pero el país era muy pobre y no se consideraba posible contar con los recursos para ello.

El país sigue siendo pobre, pero con el boom de exportaciones hay algo de dinero para hacer algo en ese sentido. Y de ahí nació la transacción: 6% del padrón. De ese modo, se logró limitar la posibilidad de manipulación de votos en el exterior, y se definió una meta más o menos accesible para los magros recursos del país.

El debate ha puesto en evidencia la manera poco reflexiva con que se toman decisiones en el país. Por supuesto que, si se da el derecho de voto a los bolivianos que residen en el
exterior, es injusto que lo limiten a una cierta cantidad y, por extensión, a ciertas áreas. ¿Por qué los bolivianos de Virginia tendrían más derechos que los de Lima? Si se reconocen esos derechos debe ser para todos los ciudadanos que se encuentran en las mismas condiciones. Los migrantes que residen en Murcia reclaman, con justicia, que se abra un empadronamiento limitado y solamente en Madrid.

Si la intención era limitar la influencia del voto de los migrantes, fundando la decisión en argumentos políticos y juridicos razonables, pudo muy bien haberse adoptado la idea de un voto ponderado. Que se inscriban todos los que quieran y puedan, pero el voto del conjunto de residentes en el exterior vale 6% del total. Así todos quedaban incluidos, y su voto se dejaba sentir aún cuando fuera “discriminado” y valiera menos. Esa discriminación se justificaría precisamente en el hecho de su residencia fuera del país por la cual no pueden valorar plenamente las opciones ni sufrir (o disfrutar) las consecuencias de su voto.

Este aspecto nos remite a una dimensión del tema que no es menor. En su última gira el Presidente Morales planteó en España los derechos de los migrantes en todo el mundo. Dijo algo así como que todos los seres humanos deberíamos tener el derecho de vivir donde querramos. Seguramente tenía en mente a los bolivianos de Madrid que lo escuchaban, pero la propuesta es sin duda razonable y debería traducirse en una demanda mundial por el reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes en el lugar en que residan.

Un voto responsable debe implicar que el votante viva las consecuencias de su decisión, por lo que la democracia sería fortalecida si se levantaran las restricciones de ciudadanía en el derecho del voto. De hecho, esto ocurre habitualmente en las elecciones locales, cuando se eligen alcaldes y concejales, y no hay razón alguna para que no se habilite a los extranjeros en las elecciones nacionales.

El Presidente Morales debería promover el voto de los peruanos, brasileros, argentinos, japoneses y alemanes en Bolivia, en vez de ver la manera de romper sus acuerdos . Yo apoyaría esa posición sin dudar un instante.

Cochabamba, la nueva

14 de septiembre, fecha cívica cochabambina en homenaje a la sublevación de 1810, que al final formaría parte de la cadena de rebeliones locales que fundaron las repúblicas americanas.

Hoy no discutiremos si hay o no hay la República de Bolivia. El nombre fue ya reemplazado por el Estado pluri-multi y como 12 adjetivos y apenas quedan rasgos de lo que debe ser una república democrática. Pero ese tema ya lo tocamos. Hoy es fiesta local, y cabe una pequeña reflexión.

En Los Tiempos se difunden los resultados de una encuesta a los llajtamasis. Algunas preguntas indagan sobre símbolos que hacen a la identidad local. Y reluce Cochabamba la nueva por detrás o por encima del aparente culto a las tradiciones vallunas. Y no es una Cochabamba mejor, lamentablemente.

Veamos…

La mayoría considera que el Cristo de la Concordia es el monumento que mejor simboliza a la ciudad y que el plato típico más representativo es el pique macho. Estoy seguro de que si se preguntara por la música y la danza, la mayoría expresaría su adhesión a los caporales y la saya.

Hasta hace apenas 10 años las respuestas habrían sido diferentes, y creo que mejores.

Por ejemplo, la mayoría hubiera mencionado el monumento a las Heroínas de la Coronilla, que es sin duda una obra escultórica y arquitectónica de mejor calidad que el Cristo carioca que se levanta en la colina de San Pedro. El de la Coronilla es un monumento más complejo en su concepción, mucho más expresivo, con mejor tecnología escultórica y, por si fuera poco, representando un hecho crucial de la historia local.

En cuestión de platos, hace diez años hubiera triunfado el picante, sea de lengua, de gallina, de conejo o el mixto, en lugar del apurado pique, sabroso pero simplón.

Y en música, nadie hubiera dudado del reinado de la cueca, con su exaltación de la coquetería y los requiebros seductores de hembra y macho.

Los nuevos símbolos, sin embargo, reflejan con claridad la Cochabamba de hoy.

En la preferencia por el gigante Cristo que se levanta en San Pedro se refleja la contemporánea predilección por lo visible y espectacular, y la ignorancia de la historia. En el pique, el ritmo apurado de la vida actual, que no puede esperar el lento cocimiento de los guisos que funden los sabores del ají, la quilquiña, la cebolla y las arvejas. Y en los caporales, el deseo que tienen los cochalas de ser todos capataces, aunque sea sin trabajadores que ordenar, siempre que no sean visibles los patrones y se muestre mucha pinta.

De Superman al Quijote

Era una mañana de domingo, o tal vez sábado, cuando entré por primera vez al Museo de Historia Americana en Washington DC. Era un día fresco y soleado y caminaba sin rumbo por el centro cívico de esa ciudad cuando vi la puerta y el letrero. La curiosidad me jaló hacia adentro. Me encontré de pronto, sorprendido, en una sala dedicada a Superman. ¿Qué era esto? Yo esperaba, lógicamente, encontrarme con los Washington, Lincoln, Franklin, Madison, Luther King y Kenedy… pero ¿Superman?

Por supuesto, más allá estaba el espacio dedicado a Batman. Las revistas de historietas, disfraces, las capas, los acompañantes, los superamigos. Me reía de ese enorme triunfo de la ficción, que había logrado incorporar a Superman en el Museo de Historia cuando recordé haber visto muchos monumentos al Quijote, y no sólo en España. ¿No es el Quijote un personaje de ficción como Superman? ¡Qué cosa extraña! ¿Allá también se rindieron a la imaginación, hasta el punto de aceptar como reales a personajes que solamente existieron en relatos inventados? De pronto recordé una gran avenida en Cochabamba, nominada como Juan de la Rosa. Sí, nosotros también habíamos incorporado en nuestra realidad al personaje de la novela de Nataniel Aguirre, dándole en una avenida la misma “jerarquía” simbólica que a Simón Bolívar, Ladislao Cabrera o José Miguel Lanza. Si Juan de la Rosa puede ser un héroe de nuestra historia y el Quijote de la española, ¿por qué no podría serlo Superman de la estadounidense?

Mientras seguía recorriendo el Museo me di cuenta de que había entrado por una puerta lateral y que estaba en la sección dedicada a la historia de la cultura popular. Obvio. Pero el ingreso equivocado y distraído me había provocado una inquietud.

¿Qué significan los héroes para nuestra colectividades? ¿A cuáles y por qué escogemos? ¿Cómo nos apropiamos de ellos? Más importante todavía… ¿qué efectos causa sobre nosotros -como individuos y como colectividades- el que reconozcamos a ciertos personajes, reales o ficticios, como nuestros héroes?

Esa inquietud me animó a buscar el Quijote, un referente fundamental más allá de España, y que toma en América Latina un innegable cariz político . Lo leí como nunca lo hice cuando me obligaron en colegio… con placer.  Reí muchísimo y confirmé lo que es un clásico. El Quijote sigue siendo actual en temática y en narrativa, y también en esta cosa tan difícil de desentrañar que es la simbología.  Don Quijote se ha convertido en un símbolo del idealismo más puro y generoso, y hay todo un vocabulario de connotaciones positivas que deriva de Quijote. Hay actitudes quijotescas, hechos que son quijotadas, personas que son quijotes. Murales, grabados, pinturas, esculturas y graffittis animan a imitar a don Quijote.  Es un verdadero héroe al que se nos propone imitar.

Probablemente muchos de los que usan esa imagen de el Quijote no han leído el libro y estoy seguro de que si Cervantes viviera hoy sería el primer sorprendido de la veneración política que se tiene de su personaje. Cervantes concibió al Quijote como un deschavetado con el cerebro carcomido por libros antiguos, y que sale en busca de aventuras como un Chapulín Colorado que intenta hacer el bien, pero al que todo le sale mal. Con frecuencia, causa más daños que beneficios a sus supuestos protegidos.

En las historias del Chapulín la casualidad endereza los problemas, pero en las de el Quijote quien lo hace es Sancho Panza, un don nadie, analfabeto e ignorante, sin mayores luces ni pretensiones, pero con un fuerte sentido de realismo. Sancho es el que sabe que los gigantes son molinos de viento,  así lo advierte, y luego termina curando al Quijote de su imprudencia. Sancho es el que sabe que las ovejas no son un ejército y es el que termina pagando a los pastores los daños causados por el Quijote. Sancho no puede evitar que el Quijote destruya las marionetas y luego tiene que ayudar a pagarlas… y así, el libro entero está construido sobre los daños causados por las buenas intenciones, y la fidelidad de Sancho para remendar los daños.

Sancho Panza no es solamente el necesario complemento de Don Quijote, sino que es también el hombre práctico y realista que no se propone enderezar entuertos, sino que lo hace… y endereza los entuertos que provoca el mismo Don Quijote con su ilusorio voluntarismo. Por supuesto, cae muchas veces bajo la seductora visión que le ofrece el Quijote, y sucumbre continuamente a las promesas de poder y bienestar que le ofrece para cuando sea gobernador. Y al final, también, es quien termina pagando los platos rotos por el iluso don Quijote.

Por supuesto que Don Quijote atrae las simpatías del lector. Es el personaje principal y sus aventuras son graciosas porque le animan ilusiones y todo le sale mal. Nadie como él demuestra la sabiduría del viejo refrán que dice: “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.  Me pregunto, por eso, ¿qué revela de nosotros este culto al Quijote? ¿Qué nos dice el esmero con que nos dedicamos al rescate de el Quijote y la facilidad con que despreciamos e ignoramos a ese humilde representante del pueblo que es Sancho? ¿Será que solamente nos importan las intenciones pero no los resultados?

Cuando empecé a reflexionar sobre este tema pensé que el culto al Quijote era una forma de autoengaño colectivo. Ahora me temo que, al contrario, ese culto sea sincero y haga transparentes los valores que nos condenan a defender delincuentes o galeotes y a embestir molinos de viento, rebaños de ovejas y figuras de papel.  Está visto que Sancho aguanta y que los pastores, titiriteros, campesinos y molineros son tan tolerantes hoy como lo eran en tiempos de Cervantes.

Entre Superman y el Quijote, prefiero Sancho.

Guerrilleros (una salida al mar para Bolivia), de Rubén Mira

En una librería de Buenos Aires me saltó desde un escaparate la imagen de un ekeko con pasamontañas negro y una estrella roja en la frente. Era la portada de una extraña novela que Rubén Mira comenzó a escribir en Bolivia en 1986, y que lleva el título ya mencionado de Guerrilleros (una salida al mar para Bolivia). La novela se publicó por primera vez en 1994 pero la edición que tengo en las manos es la de 2007.

Me sorprende no haber sabido nada de ella, considerando que las susceptibilidades bolivianas están siempre atentas a los gestos de nuestros vecinos. De hecho, una rápida búsqueda en internet me recuerda que Rubén Mira fue acusado hace no mucho tiempo de antiboliviano por nuestra embajada en la Argentina (una interesante entrevista en http://revista-zoom.com.ar/articulo2344.html ). Mira es el guionista de una tira cómica que se publica en Clarín, y que tiene a una vendedora boliviana de verduras como uno de sus personajes centrales. Es una cholita que no habla pero que piensa mucho y con lucidez frente al personaje central de la tira cómica, que es una mujer de clase media, superficial, mal informada y tonta, “La Nelly”.

Al parecer, Mira pasó un tiempo de su juventud viajando por Bolivia y fue seducido por el surrealismo cotidiano que vivimos y que a nosotros ya ni nos sorprende.  

La novela es, justamente, una reinvención de ese surrealismo mestizo, con personajes y situaciones extremas. No me sorprendería que el cristal con que Mira nos mira haya sido tamizado por experiencias con Tiquipaya gold, y que muchos de los capítulos de su novela hayan sido escritos entre carcajadas y llanto.  

El tema central de la novela es, por supuesto, la guerrilla. Pero en este caso el relato gira en torno a un grupo de adolescentes que han sido programados para reproducir la épica del Che, pero sin sus errores. El programa se encuentra incrustado en sus cerebros y se activa con cocaína. Ya puede el lector imaginarse las situaciones que se describen.

La trama guerrillera es descrita a partir de citas del diario del Che, escritas por quien es portador del programa que supuestamente lo emula, pero que se desborda en un lenguaje tan provocador, libre y excesivo como los acontecimientos que narra. Gran parte del misterio de la novela circula por las cloacas de la Cancha y denuncia la competencia de transnacionales ecologistas por controlar la producción de excrementos y reciclarlos.

¿Y la salida al mar? El lector la descubre al final. Baste decir por ahora que es digna de un país como el nuestro, en el que los políticos compiten por la ejecución presupuestaria más alta y se inventan las obras de infraestructura más curiosas y extravagantes para alcanzarla.

De hecho, al terminar el libro me asaltó la duda. ¿Es Rubén Mira el que copia burlonamente nuestra realidad? ¿O somos nosotros los que copiamos seriamente su novela?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Esta imagen, la yapa del comentario, es la visión que ofrece Langer, el dibujante de La Nelly, de la figura del ekeko guerrillero).

 

 

El secreto por defecto

En la página web del INE se lee la siguiente nota:
“Comunicamos a nuestros usuarios que el INE se ve imposibilitado de cumplir con las fechas de entrega de la información de Comercio Exterior correspondientes al mes de Noviembre/2008, debido a que la fuente primaria aún no remitió los datos. Gracias por su comprensión.”
Hasta hace poco, la fuente primaria era la Cámara de Exportadores, que recogía los datos de todas las operaciones de comercio exterior, los procesaba y los remitía al INE.
“Escandalizados” de que el sector privado estuviera a cargo de esa tarea, los funcionarios del gobierno decidieron nacionalizar estas atribuciones con el resultado que se registra en ese comunicado. En cierto modo, esa es la respuesta que da el gobierno a las preocupaciones expresadas por los economistas del país acerca del extraordinario aumento de importaciones y la tendencia al estancamiento de las exportaciones que se ha empezado a observar en los últimos meses.
El “cambio” que llegó al sistema estadístico no evitará la crisis, solamente evitará que podamos anticipar su magnitud y conocer su dimensión real.
Cada paso que se da en la pérdida de información, en la demora en obtenerla, en los cambios artbitrarios de la metodología para recolectarla y procesarla, es un paso más hacia el autoritarismo.

Paradoja post Referendo

Evo Morales puede haber ganado un nuevo referendo más, y confirmar de ese modo su popularidad. Pero es indudable que al mismo tiempo está debilitando su capacidad de gobernar y, por lo tanto, su poder de hacer efectivas sus promesas. Esa es la paradoja.

La nueva Constitución está llena de promesas que corresponden a las expectativasque han sido alentadas durante los últimos años. Pero está también tan llena de disposiciones confusas y contradictorias, que será poco menos que imposible gobernar con ellas. Más aún, la aprobación de la nueva Constitución representa un salto en el proceso de debilitamiento institucional y, por lo tanto, en la posibilidad de hacer gestión de gobierno, pues para ella se necesita organización, normas, reglamentos, líneas de mando y de toma de decisiones. Y todo eso forma parte del sistema objetado y repudiado por el proyecto de Constitución, que aspira a reemplazarlo todo por una nueva institucionalidad.

Para construir esa nueva institucionalidad se necesita personal y, por tanto, tiempo y dinero. El Presidente cree que tiene lo primero, por eso su afirmación de que llegó a Palacio “para toda la vida” y su énfasis en elecciones y votos que reafirmen su popularidad. Pero no tiene dinero. La industria del gas, su principal fuente de recursos fiscales, está estancada,  y la desconfianza en los mercados hacia Bolivia como proveedor de gas es cada vez mayor. En este momento el país ocupa el peor lugar en los índices de confianza de la industria petrolera (ver la encuesta del Fraser Institute), lo que quiere decir que los inversionistas prefieren tratar con Cuba, Irán o Angola antes que con Bolivia.

Evo, más popular pero con menos poder. Esa es la paradoja. Por supuesto, me refiero a poder no en términos de la autoridad que puede ejercer sobre su círculo de amigos o sobre las masas que lo aman, sino al poder de hacer cosas, de transformar la realidad, de cumplir promesas. Ese poder es cada vez menor y, en gran medida, como consecuencia de sus propios actos.

El ex guerrillero y la Constitución

El 20 de octubre de 2008, cuando el Congreso se reunía para dar forma al acuerdo político de transacción, y la Plaza Murillo se hallaba invadida por militantes del gobierno que disfrazaban su presencia amenazante con bailes y cantos festivos, mi atención saltaba de la pantalla de televisión a un libro que tenía en las manos. Se trataba de “Qué solos se quedan los muertos!”, la novela de Ramón Rocha basada en la vida del Mariscal Sucre. Así, leí a saltos interrumpidos por las noticias de la Plaza Murillo la historia del primer intento de golpe de Estado en Bolivia,  cuando un grupo de amotinados en abril de 1828 alcanzó a herir a Sucre, obligándolo a delegar el mando a su Ministro Urdininea.

 

Lo que más me impresionó del relato que leía fue la actitud del ex guerrillero Lanza, convertido entonces en el Gral. José Miguel Lanza, Prefecto de Chuquisaca. Apenas unos meses antes, Lanza había sido duramente fustigado por Sucre debido a problemas de gestión presupuestaria. Siendo Prefecto de La Paz dispuso desaprensivamente recursos públicos y Sucre se lo reprochó imponiéndole severo castigo. Los quince años de lucha por la independencia, en los que había perdido a dos hermanos, no justificaban que Lanza se pusiera por encima de la ley.

 

Lejos de asumir una actitud mezquina y de resentimiento, el ex guerrillero Lanza reveló la magnitud de su grandeza en el momento de la asonada golpista. Herido el Presidente Sucre y Olañeta apoyando la sedición desde la Corte Suprema que presidía, fue el Gral. Lanza quien enfrentó y persiguió a los sediciosos, recibiendo una herida de bala en el pecho. Falleció a los ocho días. El “Cóndor de Bolivia”, al dar la noticia,  registró el mensaje final de este notable ciudadano: “Diga V. al Presidente de la República que muero contento, porque sacrifico mi vida en defensa de las leyes de mi patria, de la Constitución y de las autoridades que ella establece”.

 

¡Qué contraste con lo que se veía en la televisión esa noche de octubre!

 

El Vicepresidente, rodeado de parlamentarios, adelantaba los principios de un acuerdo político según el cual se convocaría a referendum para sancionar un nuevo texto constitucional, que modificaba el ilegalmente aprobado en Oruro. Dijo que este acuerdo había sido viabilizado por la renuncia del Presidente a un año de su mandato actual -desconociendo el referendum que lo ratificó para que lo cumpliera íntegramente- y a presentarse a reelección después de que concluya su segundo mandato -que no ha empezado y que de todos modos dependerá de las elecciones que se realicen en diciembre del 2009-.

 

¿De qué sirvió que José Miguel Lanza muriera en 1828? La ley sigue valiendo nada en Bolivia. La Asamblea Constituyente, ilegalmente incorporada como opción de reforma el 2005, rompió de tal manera sus propias normas y las que regulaban su funcionamiento, que quedó como aprobadora de un borrador descartable. Resultó que Comisiones ad hoc creadas por acuerdo de bancadas pudieron cambiar un texto aprobado en medio de violencia y presiones, en las sesiones de La Glorieta (noviembre 2007) y Oruro (febrero 2008).

 

Al comenzar la vida independiente boliviana, Lanza aceptó que sus quince años de heroísmo no le autorizaban a “meterle nomás” para que los legisladores “arreglen” luego la parte legal, y terminó dando por la Constitución la misma vida que arriesgó en quince duros años de lucha por la libertad.

 

Los ideólogos del “poder constituyente” argumentan que el acuerdo político alcanzando en el Congreso se basa en la idea de que en democracia el pueblo es el soberano, y que, por tanto, no hay razón ni ley que estén por encima de su voluntad. La noche del 20 de octubre esa voluntad latía en unos miles de militantes rodeando el Congreso que, en su desconocimiento de la ley, condenaron al silencio a los millones de ciudadanos que fueron e irán a las urnas con la ilusión de que su condición ciudadana tiene valor.

 

¿Qué sucederá cuando cambien los sentimientos y las pasiones? ¿A qué ley o a qué votos recurrirán los gobernantes para justificar en el futuro su permanencia y su autoridad?

 

La defensa de la ley y de la Constitución que hizo Lanza en 1828 no pueden explicarse por una sacralización fetichista de la ley ni por un supuesto conservadurismo subyacente en quien defiende el orden legal. Al contrario, demuestran que el ex guerrillero de la independencia comprendió rápidamente la importancia fundamental que tiene la ley para la democracia, porque ella limita el poder y evita que se lo use abusivamente. El aprendió que el respeto a la ley y a la Constitución es lo que permite utilizarlas para defender los derechos que uno adquiere, sea como ciudadano o como autoridad. Tal como nos lo están recordando los magistrados de la Corte Suprema en estos días.

 

El mensaje de Lanza fue muy claro y resuena todavía con la fuerza de su ejemplo. Un ejemplo que crece mucho más cuando uno recuerda que desde el Congreso y el Ejecutivo se nos ha convocado a quebrar la Constitución.

La guerra del agua… un pretexto

En el suplemento de La Razón dedicado a la historia boliviana desde el punto de vista de los conflictos y los acuerdos, publicado el 6 de agosto de este año, encontré una confesión. En un recuadro citan palabras de Oscar Olivera, el dirigente fabril que terminó asumiendo el liderazgo de la Coordinadora del Agua el año 2000, en la que confiesa, con una sinceridad que entonces no tuvo, que “el tarifazo fue un pretexto”.  

Claro que fue un pretexto y algunos lo sabíamos. Pero Olivera y sus compinches consiguieron engañar a los cochabambinos, movilizándolos para defender lo que no tenían y utilizándolos para una lucha que, además, tampoco era puramente política e ideológica. A ocho años de aquella “guerra” ya sabemos quiénes ganaron y quiénes perdieron. 

Ganaron, por supuesto, los líderes de la batalla, que gracias a ella treparon en prestigio e hicieron carrera política. El mismo Olivera, que sigue de dirigente fabril y recibe donaciones de multitudes de ingenuos que hay en el mundo y siguen creyendo su demagogia. Jorge Alvarado, que de asesor de los aguateros ahora es el hombre clave de la relación con Chávez en la embajada en Venezuela. Omar Fernández, que sigue siendo líder de los regantes y capturó un curul en el senado. Y hay más… recuerde sus nombres y verá que hoy están de oficiales mayores, directores de entidades públicas, ministros y viceministros.  

Ganaron, sobre todo, los aguateros y perforadores de pozos, que son los que en verdad controlan las asociaciones de regantes, que siguen lucrando con la escasez y las necesidades de los pobres, a quienes venden agua de peor calidad e inmensamente más cara de lo que hubiera costado, incluso con el doble del “tarifazo” que Olivera usó como pretexto.

Ellos, los pobres de la ciudad, son los que más perdieron, pero también perdieron los campesinos sin riego de los valles central y bajo, que siguen dependiendo de los regantes para conseguir unas miserables “mitas” y de los caprichos de San Pedro y San Isidro para recibir lluvias en temporada.

No defiendo el proyecto de agua que formularon por aquellos años el gobierno de Bánzer y el municipio de Manfred, porque fueron ellos los que dieron el pretexto que usaron tan hábilmente Olivera y sus compinches. Pero ellos, de algún modo, ya recibieron su castigo político, aunque se nieguen a reconocerlo de ese modo. Lo penoso es ver que los otros responsables de lo que ya es una verdadera tragedia urbana, no solamente sigan pontificando su demagogia, sino que tengan el descaro de confesarlo… sin que nadie les tome cuentas.

Exportación de aceites y Estado teflón

Lo ocurrido este mes pone en evidencia el carácter rentista del Estado. Por problemas de abastecimiento y precios del aceite, el gobierno de Bolivia decidió insólitamente prohibir su exportación. Como los ingresos fiscales dependen sólo marginalmente de los impuestos que genera la industria del aceite, las autoridades estatales no tomaron en cuenta el impacto que su decisión podría tener en los productores de aceite, soya, sorgo, maíz, algodón o girasol, ni en los empresarios que invirtieron en el rubro, ni en los trabajadores que dependen de él.

Este comportamiento, aparentemente absurdo, resulta perfectamente lógico cuando se recuerda que el financiamiento del Estado en Bolivia no depende de la riqueza que la gente genera, sino de la que se encuentra en la naturaleza. Es un aspecto común a la mayor parte de los países con abundantes recursos naturales, donde se vive un contraste similar de abundancia y pobreza, mucha riqueza y poco crecimiento. En la medida en que el Estado no depende de los impuestos, se desentiende de la suerte económica que tengan los trabajadores y empresarios, es indiferente a ellos, a sus actividades de producción, inversión y trabajo. Se recubre del teflón de las rentas, gasíferas en nuestro caso.

Controlar las rentas naturales hace que la economía fiscal se vuelva indiferente a los avatares de la economía nacional, es decir, sea insensible a los problemas de los bolivianos en su calidad de consumidores o productores. En esas condiciones, los agentes económicos no tienen otro camino que actuar en las esferas política o social, donde las autoridades sí son más sensibles. Es así que el carácter rentista del Estado se contagia a la sociedad, induciendo también comportamientos rentistas en la gente, es decir, obligándola a agruparse y presionar para defender su interés económico en la política o en las calles. Desaparecen los incentivos para producir y trabajar y aparecen los incentivos a la lucha política y social, porque ella permite en definitiva capturar una parte de las rentas naturales. Los aceiteros, soyeros y campesinos, además de los comerciantes y transportistas que intervienen en esta “cadena productiva” no tienen ahora otra alternativa que salir a las calles… y asi seguimos.

Dos reveses, dos…

Luego del tremendo revés que propinó la Corte Nacional Electoral al Gobierno, al resolver en contra de las leyes que aprobó de manera torpe y abusiva para forzar el referendum sobre su proyecto de CPE, los obispos acaban de emitir un pronunciamiento sobre el proyecto de Constitucion del MAS que es sin duda digno de una lectura atenta.

Se trata de una crítica severa y ponderada al proyecto del MAS que también implica una convocatoria a los católicos para rechazarla. Los Obispos tratan los temas de religión, aborto y educación, que son probablemente su mayor preocupación, pero en su reflexión apuntan a las amenazas políticas que contiene ese proyecto para las libertades individuales, la democracia, el crecimiento económico y la equidad.

Ambos hechos han sido sorprendentes.

La cercanía de Exeni al gobierno y el hecho de que la Sala Plena que preside también pusiera en entredicho los referendums autonómicos ha impedido a muchos percibir la magnitud de su gesto. Al suspender el referendum constituyente no solamente ha despreciado la enorme “inversión” que hizo el gobierno al cercar el Congreso y engañar a la directiva del Senado, sino que también permite que se cuestione más vigorosamente lo actuado por el oficialismo en La Glorieta y en Oruro. Si como resultado de este tiempo ganado se recupera un Tribunal Constitucional confiable, todo el andamiaje seudojurídico que ha montado el gobierno para imponer su CPE podría venirse abajo. No es poca cosa.

Las regiones, y en especial Santa Cruz, se han sentido también amenazadas por la resolución de la CNE y han reaccionado en contra de Exeni. Y es cierto que pierden con esa decisión, pero no en la magnitud de la pérdida del gobierno. Si el referendum regional se realiza en mayo o en diciembre no habrá mayor diferencia, de todos modos terminarán ganando la autonomía. Pero, mientras tanto, el país entero podría ganar en recuperación institucional y en remover la amenaza de la CPE del MAS.

El documento de los Obispos prueba en parte lo afirmado. A medida de que se conozca, el rechazo a la CPE del MAS irá en aumento. Y fue sorprendente, porque se difundió al mismo tiempo en que se planteaba la intervención de la Conferencia Episcopal como mediadora en un eventual proceso de concertación. No es seguro que el Gobierno mantenga su inicial aceptación, pero ha recibido una señal muy fuerte que no podrá ignorar. La prensa ha destacado también la crítica de los Obispos al procedimiento que se sigue para lograr las autonomías. Pero, nuevamente, esa crítica es muy suave frente a la que se plantea al gobierno.

La JIFE y la hoja de coca

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes le ha hecho un inmenso favor al Presidente Evo Morales al proponer un retorno a la Convención de 1961 y la erradicación del consumo de coca en estado natural. De inmediato ha resurgido la imagen de víctima que cultiva con tanto esmero el movimiento cocalero, y que a lo largo de los últimos años le ha permitido asociar la defensa de la coca a la defensa de la identidad y ambas a la resistencia al imperialismo, al capitalismo y a todo lo que se les pueda asociar. Con ello podrán encubrir las ineficiencias de la gestión gubernamental presidida por Evo Morales, incluyendo las de una política hacia la coca que no ha hecho más que prolongar las condiciones de subordinación del campesino productor a la estructura político-sindical del MAS.

El cálculo político de la JIFE es, en consecuencia, perfectamente funcional a los intereses inmediatos del Presidente Morales. Pero es, además, científicamente equivocado, pues no hay sustento alguno a su definición del acullico como adicción perjudicial a la salud y, por tanto, a su demanda de erradicarlo. Varios científicos han demostrado que los estudios en que se basó la Convención de 1961 no siguieron metodologías adecuadas y arrojaron resultados que hoy ya no se consideran válidos, de manera que reivindicar decisiones tomadas hace 45 años con datos y conclusiones inapropiados no pasa de ser una muestra de ceguera ideológica que, como vimos y veremos, tiene efectos opuestos a los que pretenden.  

En este tema hay que recuperar la sabiduría griega y recordar que en su Corpus Hippocraticum el fundador de la medicina y la farmacología afirmó que “Sólo la dosis distingue al remedio del veneno”.

YPFB: LA VACA SAGRADA

El gobierno trata de ocultar el fracaso de su política de
hidrocarburos. Es su política la que ha hecho inviable el pago del
Bonosol, que de acuerdo a ley debía financiarse con utilidades y
patrimonio y no dependía de gestiones políticas sino que era
responsabilidad de los privados, hasta que la nacionalización
expropió a los bolivianos. Y lo hace atacando al mismo tiempo al
Bonosol y a los Prefectos, Alcaldes y Universidades con su propuesta
de recortar el IDH, y ampliando el universo de posibles beneficiarios
de la renta dignidad que propone. Y tiene al país entero debatiendo
el IDH.

Jugada maestra. Porque, además, le permite librar del debate a YPFB,
que se lleva una suma similar a ese 30% de recorte!
Claro, no es parte del IDH, y nadie lo discute, pero ¿no deberíamos
hacerlo?

¿Cuán sagrada es esa vaca para que no se la toque?

Desde que tenemos YPFB, financiada con el 10% del total del valor de
la producción, han caído las inversiones, hay escasez de gas y
diesel, han disminuido las exportaciones y hemos perdido mercados. En
comparación, cuando no teniamos esa burocracia ineficiente, el país
estuvo a punto de convertirse en una potencia gasífera y, de hecho,
lo que hoy está en disputa es lo que se obtuvo entonces.

Seguramente habrá quien defienda a Yacimientos recordando el pasado y
proponiendo un futuro venturoso, y hasta dos futuros venturosos, como
dirían los Luthiers, y nos explicarán que todavía no recibe la plata
ni tiene los equipos ni ha instalado sus gerencias en todo el
territorio, como manda la ley. Pero, seamos objetivos, ¿realmente se
necesita esa empresa más de lo que los bolivianos, mayoritariamente
pobres y excluídos del mercado, necesitan dinero en efectivo para
comprar e invertir con los recursos que genera su propio gas?