Archive for July, 2007

DEFENDIENDO LA ALHARACA

July 12, 2007

¿Por qué entonces tanta alharaca ahora? se pregunta nuestro querido y respetado amigo Xavier Albó luego de criticar un reportaje de La Razón que, a su vez, criticaba la visión indigenizada de Bolivia que emergió del Censo del 2001.

Es sorprendente, por decir lo menos, que un investigador acucioso e inteligente como Albó no se haya dado cuenta todavía de por qué tanta alharaca con este asunto. La explicación de la alharaca es muy sencilla, querido Xavier, y es que los datos que ayudaste a construir y que tanto defiendes están siendo utilizados para justificar el cuoteo étnico del país y arrinconar a la mayoría de los bolivianos que, contra las alharacas indigenistas, quisiera ser definido simplemente así: boliviano. La alharaca se justifica porque la visión étnica desde la cual se quiere reconstruir el sistema político e institucional del país, es una visión unidimensional de la identidad, que privilegia apenas un aspecto de ella y que, al hacerlo, no solamente amenaza la libertad de las personas sino que también representa una amenaza a la paz y a la convivencia social. Si bien la autodefinición étnica pone de relieve una identidad que usted llama cultural y que es seguramente cultural en el rigor conceptual de la antropología, usted y yo sabemos muy bien que es una definición de identidad que tiene fuertes connotaciones raciales para el sentido común de las personas. Estoy seguro de que usted no ignora este aspecto, pues por algo en su artículo menciona las “cargas emocionales negativas” de algunas categorías como blanca, chola, originaria a las que, porque sí, usted mismo define como razas, demostrando que incluso para un antropólogo profesional la distinción entre “raza” y “etnia” es, cuando no confusa, muy tenue. Frente a esa confusión, de la cual es difícil escapar, me permito, querido Xavier, defender la alharaca que tanto te sorprende como un acto de principios destinado a rescatar la condición humana, que es incluyente, como base fundamental de ciudadanía.

Quisiera que se entienda también que defender la alharaca es, en este caso concreto, también un acto de rechazo a quienes quieren condenar a las personas a las prisiones de una identidad étnica. Prisiones, porque dando prioridad política a un aspecto simplificador de la compleja y diversa identidad humana, como es el étnico, las personas podrían ser limitadas a un desarrollo unidimensional de su propia personalidad, que requiere explorar otras fuentes de identidad. Lo que es aún más peligroso, a partir de ahí podrían incluso ser conducida a enfrentar a los otros con violencia por considerarlos una amenaza, un grupo con menos derechos, inferiores, opresores, enemigos o lo que se le ocurra a quien sea capaz de manipular el reduccionismo identitario. Porque si uno puede verse a sí mismo primariamente como parte de un grupo étnico, ignorando los otros aspectos de su identidad, también podrá ver al otro solamente como perteneciente a otro grupo étnico, ignorando que es mucho más que eso y que, en ese mucho más, ambos tienen mucho que compartir. Ya sé que esta simplificación no está en el proyecto de reconstrucción estatal desde lo étnico, que incluye esa visión plurinacional y la propuesta de autonomías indígenas, pero es necesario reconocer que, si se plantea lo étnico como principio organizador del Estado, es decir, de la política y del derecho, lo que se está planteando en los hechos es definir esa dimensión como la esencial. El mensaje implícito es que las otras no son esenciales o son menos importantes. Por eso la alharaca, Xavier, porque por ese camino podemos fácilmente acercarnos al abismo de la violencia racista o, si no llegamos a él, quedarnos en la maraña de las exclusiones e injusticias.

¿Cuál es la opción? ¿Ignorar el racismo que realmente existe y las diversas formas de discriminación? Por supuesto que no. La opción es una que la propia humanidad ha creado al descubrirse como tal, es decir, la de organizar nuestros sistemas institucionales y políticos a partir de lo que es esencial y, además, común a todos: la condición humana, la individualidad, el derecho de todos a ser personas y a ejercer la libertad como un acto de realización y de responsabilidad consigo mismo y hacia los demás. En lo concreto esto significa colocar en el centro del diseño institucional a las personas, y definir al Estado y a sus instituciones como instrumentos que deben estar al servicio de las personas, o sea, dicho en términos políticos, de los ciudadanos. Esto no impide los derechos culturales que eventualmente serán reconocidos para ciertos grupos ni importa obligaciones a nadie para definirse, si así lo quiere, como mestizos, como quechuas o como jóvenes, siempre que se reconozcan y reconozcan a otros como personas en igualdad de derechos y obligaciones.

¿Desaparecerán de este modo las desigualdades y las injusticias? Por supuesto que no, pero por lo menos mantendremos abierto y transparente el desafío de seguir luchando para superarlas, evitando el riesgo de encubrir unas desigualdades con otras, que pueden desencadenar nuevas y peores exclusiones.

REPRESENTACION Y LIBERTAD

July 6, 2007

Desde que recuperamos la democracia en los años 80, se consideró que las dificultades para consolidarla  eran evidencias de una permanente crisis de representación. De ahí que gran parte de las reformas políticas en el país fueron orientadas por la búsqueda de nuevos y mejores mecanismos para hacer que el sistema político sea más representativo. Quienes tuvieron responsabilidades de gobierno concentraron sus esfuerzos en mejorar la representación, y quienes aspiraban al poder concentraron sus críticas en esos esfuerzos que consideraban insuficientes.

Ambos grupos tuvieron éxito, pero el problema quedó sin resolver.

En efecto, durante todo este periodo de reformas institucionales se han modificado sustancialmente los mecanismos electorales y la conformación de órganos políticos como el Congreso Nacional y los Concejos Municipales, e incluso se han ensayado órganos innovadores como los Consejos Departamentales y la Asamblea Constituyente. La eliminación de un supuesto “monopolio de los partidos” y el establecimiento de cuotas para abrir espacios a grupos no representados han cambiado la composición territorial, étnica y de género de los órganos colectivos. Se diseñaron reformas y se las aplicó, lo que significa que hubo éxito en la ejecución de esas ideas.

Las fuerzas que habían criticado la falta de representatividad de los organismos existentes también tuvieron éxito, pues lograron cambiarlos y, sobre todo, porque aumentaron sus propias posibilidades de acceso al poder. Tuvieron tanto éxito que lograron desarticular el sistema de representatividad con que nació la democracia, imponiendo la ilusión de que es posible una gestión directa y participativa de la política por parte de los grupos sociales movilizados.

En el límite de este modelo participativo cada uno se representa a sí mismo, lo que tiende a la exacerbación del particularismo y la disolución de la política como espacio de creación del bien común.

El problema es que el país llega con frecuencia a ese límite. Ocurre cuando la gente cree que no tiene otra manera de ser escuchada si no es ejerciendo presión sobre los demás, y se lanza a bloqueos, tomas y ocupaciones de lugares, o al autosacrificio de crucifixiones y huelgas de hambre.

El hecho de que estemos bordeando esos límites con tanta frecuencia señala que los cambios efectuados en la búsqueda de una mayor y mejor representación no han sido adecuados.

Ese es también el significado de los rápidos rechazos que sufren alcaldes, concejales y diputados que al poco tiempo de haber sido elegidos por un mecanismo que, supuestamente, los hizo más representativos, confrontan demandas de renuncia que llegan a expresarse en acciones violentas. Estos son ejemplos pálidos frente al de la Asamblea Constituyente, formada por tres delegados por cada circunscripción territorial más cinco por departamento y que, sin embargo, tiene que andar recorriendo el país para enterarse de lo que piensan sus representados.

¿Cómo se explica que tengamos éxito al mismo tiempo que fracasamos?

Quizás podamos encontrar una respuesta a este problema en la concepción misma de la representación que ha guiado y todavía orienta el debate político en el país. Si se analiza con detenimiento se verá que en Bolivia predomina una concepción fundada en lo social más que en lo político y que, por tanto, impone criterios de representación social para el funcionamiento de órganos que son políticos, con lo cual termina por inutilizarlos. Veamos.

Desde la concepción social predominante se busca representar lo que hoy son las personas, mientras que la política debería representar lo que las personas quieren ser. Para decirlo en términos más amplios: hemos tratado de que se represente lo que es el país, sin darnos cuenta de que, a la larga, eso nos impide encontrar lo que queremos ser.

La idea de representación  social se refiere a lo que hoy son los sujetos, a sus características y a su historia. Y si resulta complicado diseñar mecanismos socialmente representativos es, precisamente, porque las personas no somos unidimensionales, sino que somos muchas cosas al mismo tiempo. Lo que un día y en un lugar nos parece muy importante para definir nuestra identidad o nuestra posición, otro día o en otro lugar ya no lo es. Así, ser hombre o mujer puede ser muy importante en una situación, pero en otra resulta serlo mucho más el trabajo que desempeñamos o la profesión que tenemos. Si sube el impuesto al salario, ésta será la condición más importante para nosotros y no el origen de nuestros antepasados. Y si de pronto hay un conflicto con los de un lugar vecino, el territorio que habitamos o nuestro lugar de nacimiento determinarán nuestra posición e identidad.

Organizar un sistema que sea representativo de una identidad que es múltiple y cambiante es imposible y por eso fracasará siempre. La identidad étnica, por ejemplo, que algunos proponen como principio de representación, podría ser importante al momento de diseñar el sistema, pero ya no al ponerlo en funcionamiento o mucho menos cuando deba administrar discrepancias y conflictos.  Y lo mismo puede decirse de la identidad de género, o de generaciones, o territorial.

Es necesario reconocer que la búsqueda de un sistema político basado en la representación social enfatiza una perspectiva conservadora, que mira hacia el pasado. Si tiene éxito, ancla a la sociedad en ese pasado, es decir, la ata a lo que es y a todo aquello que determinó lo que ahora es esa sociedad. Con el riesgo adicional de que puede terminar profundizando las divisiones y promoviendo el conflicto, puesto que tiende a poner de relieve los particularismos y las peculiaridades.

La opción alternativa consiste en concentrarse en lograr que el sistema político sea políticamente representativo, lo que quiere decir que debe dar cabida a las propuestas de futuro, a las ideas de lo que queremos ser como sociedad o como país. Esto permitiría colocar las aspiraciones de futuro por encima de las divisiones y diferenciaciones que se originaron en el pasado. El futuro es donde podemos imaginar la paz y donde se encuentran el desarrollo y la equidad, si trabajamos para lograrlo.

Un sistema institucional políticamente representativo no es solamente más viable sino, además, mucho más fácil de construir. Basta con establecer normas que garanticen las libertades ciudadanas y controlen la intolerancia y el autoritarismo con mecanismos que equilibren los poderes y permitan controles mutuos, y dejar que la gente se agrupe y organice en torno a propuestas y aspiraciones.

Este cambio de enfoque otorga mayor libertad para las personas. En vez de obligarnos a elegir a quien represente lo que circunstancialmente puede ser relevante, nos permite romper las prisiones del pasado para pensar con más libertad en lo que queremos ser, en nuestro porvenir. La política tiene que ser el lugar donde se busca, y encuentra, la libertad. Al fin de cuentas, el futuro y la esperanza deben ser también parte de la identidad.

Y si fracasa la Constituyente?

July 6, 2007

¿Y SI FRACASA LA CONSTITUYENTE? 

Roberto Laserna 

Ahora que se han hecho más visibles las sombras del fracaso de la Asamblea Constituyente es frecuente escuchar advertencias de que, si eso ocurre, podría desatarse la violencia en el país. Se trata, obviamente, de un exceso, y hasta podría considerarse una suerte de chantaje destinado a atemorizar a la población. Chantaje para lograr que la población siga creyendo en esa ilusión que nos condujo a forzar las normas y abrir la Caja de Pandora en la que se ha ido convirtiendo, previsiblemente, la Asamblea, y forzar su prórroga, no contemplada en la ley de convocatoria. Esto solamente prolongaría la incertidumbre, nuevos conflictos y crecientes pugnas particularistas. O chantaje para crear un ambiente que permita, por el temor, una aprobación ciega al nuevo texto constitucional en el referéndum previsto para darle plena vigencia. Ningún chantaje logra efectos duraderos por lo que lo más razonable sería, ahora, admitir que la Asamblea fracasó. Invertir más esfuerzos y recursos en ella solamente agravaría el costo económico y político que el país ya absorbió hasta ahora.

El fracaso de la Asamblea, es decir, su cierre sin pena ni gloria el próximo 6 de agosto, cuando se haya verificado finalmente que no se logró el ansiado encuentro deliberativo y el nuevo pacto democrático, implicaría mantener la vigencia de la actual Constitución Política del Estado.

Después de admitir el fracaso no caeremos en un vacío de normas y leyes sino que tendremos que asumir la necesidad de seguir jugando bajo las reglas que el país se ha ido dotando a lo largo de sus 182 años de vida republicana. ¿Qué quiere decir esto?Que Bolivia seguirá definida como una república unitaria “libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural”  y que tendrá un gobierno con “la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos”. Que la soberanía seguirá residiendo en el pueblo y que el derecho de voto será universal e igual para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Que no habrá esclavos ni siervos y que todo trabajo deberá ser justamente remunerado.  Que se respetará la dignidad de la persona sin discriminación alguna y que todos gozarán de libertad para pensar,  expresarse, trasladarse, invertir, trabajar, producir, tener creencias religiosas, desarrollar su cultura o asociarse con otros, siempre en el marco de las leyes y respetando las libertades de los demás. ¿Qué hay de malo en todo eso?¿Por qué no podríamos continuar presumiendo la inocencia de la gente hasta que se pruebe lo contrario en una corte independiente y donde los acusados sean escuchados y tengan la protección de la ley y el apoyo de un abogado? ¿Por qué no podría seguirse reconociendo el derecho de las personas a la propiedad siempre que ella no sea perjudicial al interés colectivo y a recibir indemnización si se la expropia?

La actual Constitución Política del Estado, que ha sido puesta en duda por la Asamblea Constituyente, otorga autonomía a los gobiernos municipales y reconoce la de las universidades, y define la educación como “la más alta función del Estado”. También establece la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, creando mecanismos de equilibrio entre la  representación territorial (Senado) y poblacional (Diputados), dando protección a los ciudadanos (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Corte Electoral) y controlando el uso de los bienes públicos (Contraloría). Si fracasa la Constituyente, renovará su vigencia la norma que define los recursos naturales del suelo y del subsuelo, incluyendo aguas, hidrocarburos y minerales como de “dominio originario del Estado”. Seguirá reconociéndose que “el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, y se establece el derecho del campesino a la dotación de tierras”, desconociéndose el latifundio y regulándose la economía a fin de que responda “a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano”. ¿Acaso esto es tan malo que debamos tirarlo por la borda?

Reconocer que la Asamblea fracasó no nos dejaría en un limbo jurídico ni institucional. Hay una Constitución y ella es el fruto de una larga acumulación de experiencias y luchas sociales que, indudablemente, puede seguirse mejorando y cambiando mediante procedimientos razonables y cautelosos, de concertación democrática. Admitir el fracaso de la Constituyente, en vez de prolongar su agonía, no nos cierra los caminos del cambio que seguiremos buscando, pero sí nos ayudaría a cerrar una fuente de conflictos e incertidumbre y nos permitiría dedicarnos a cosas menos ilusorias y más efectivas. Hay mucho que hacer en el país para que sigamos en el camino de la confrontación estéril al que nos está llevando este proceso. Reconocer que nos equivocamos como país al apostar por la Constituyente nos ayudará, finalmente, a abandonar la ingenua creencia de que basta con cambiar leyes para que cambie la realidad.  

Publicado en Los Tiempos, 26/06/2007 y El Deber, 26/06/07