Incertidumbre jurídica… ¿deliberada?

La elaboración y aprobación apresurada de leyes en el país suele generar más incertidumbre que derechos. A veces creo que lo hacen a propósito, para dejar agujeros útiles para quien sabe cómo aprovechar el famoso dicho de “hecha la ley, hecha la trampa”.

El Congreso acaba de cambiar el texto del proyecto de Constitución aprobado en Oruro, en medio de reprochables presiones tanto en aquélla como en esta última oportunidad, y ha aprobado también una ley que convoca a referendum para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional.

La Ley 2769 que regula los referendos tiene una redacción tan mala que deja un hueco legal por el cual se colarán nuevos elementos de incertidumbre. En efecto, en su artículo 10 dicha ley dice:  “Se prohibe la convocatoria a Referéndum durante la vigencia de un estado de sitio”.  En este momento estamos en estado de sitio, aunque restringido al Departamento de Pando, por lo que convocar a referéndum en estas circunstancias está expresamente prohibido y hacerlo es ilegal.

El gobierno se escuda en el hecho de que este referéndum fué implícitamente convocado en la Ley 3364 de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, por lo que fijar la fecha ahora no caería bajo esta norma. Y, en efecto, el artículo 25 de la ley 3364 dispone que se convoque a referéndum para aprobar o rechazar el texto constitucional, pero obviamente se refiere al texto que hubiera sido aprobado bajo esa misma norma, que en el artículo inmediato anterior, el 24, disponía que la aprobación debía hacerse por “dos tercios de votos de los miembros presentes” y, por supuesto, en su sede, que según el artículo 6, era la ciudad de Sucre. Nada de eso se cumplió, ¿por qué entonces la misma ley es ahora invocada para defender la convocatoria a referéndum?

La intención del legislador, además, posiblemente se refería no solamente a la convocatoria sino a la realización misma del referéndum, pues es un principio fundamental que los actos electorales se realicen en condiciones de plena libertad para los ciudadanos, que es algo que restringe el estado de sitio. Pero la redacción de la ley de referendum es tan mala que no lo decía así de claro, refiriéndose solamente a la convocatoria. Y por eso, los  abogados que arreglan las ilegalidades del gobierno salen ahora con que el momento en que se realice el referéndum ya habrá terminado el estado de sitio en Pando, de manera que ese problema se habría “salvado”. Tal vez sea “legal” este argumento, pero prueba nomás que la ley está redactada de una manera muy defectuosa.

Por si fuera poco, la misma ley 2769 en su artículo 11 dice que no podrá realizarse ninguna modalidad de referéndum en el período comprendido entre los 120 días anteriores y los 120 días posteriores a elecciones nacionales o municipales.  No menciona las prefecturales porque ellas todavía no habían sido incorporadas en nuestra práctica democrática, pero debería ser obvio que la norma se extiende a esas elecciones. De ser así, se invalidaría el referéndum ya que están pendientes las elecciones prefecturales en La Paz y Cochabamba.  

Y aquí viene otra trampita. Como la ley está mal redactada, dice que no se puede 120 días antes ni 120 días después, pero no dice que no se pueda en el mismo día! Y es por eso que han fijado el 25 de enero para el referéndum, transgrediendo la intención de los legisladores, que querían aislar el acto de votar en un referéndum del acto de elegir autoridades o representantes.

La incertidumbre jurídica no implica solamente que no hayan tribunales o que los funcionarios judiciales y fiscales sean objeto de presiones de otro poder, sino que también proviene de la defectuosa redacción de las normas. Este defecto es tan frecuente que lleva a sospechar si no será deliberado, evitando la claridad justamente para dar campo a triquiñuelas y chicanerías en los tribunales, y a la resolución de controversias por medio de la presión y el conflicto.

Esto, que observamos en dos leyes, se reproduce y multiplica en el nuevo proyecto de Constitución. Ya podemos suponer lo que se viene después…

2 Responses to “Incertidumbre jurídica… ¿deliberada?”

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