EL LINCHAMIENTO

marcialEl mismo día en que flagelaron a Marcial Fabricano, castigado por la justicia comunitaria por pensar con cabeza propia, fue linchado Jesús Ríos Orellana, un joven de 20 años de edad al que acusaron de ser ladrón de bicicletas. Lo capturaron cuando escapaba de los acusadores y se golpeó la cabeza al caer de una pared. Lo amarraron con alambres a un poste y lo golpearon hasta acabar con su vida.
Desde el 2005 se han registrado unos 90 linchamientos en Bolivia. Nadie lleva la cuenta. A un joven lo encontraron durmiendo la fiesta encima de un auto en Punata y lo arrastraron por las calles hasta matarlo, pensando que era un ladrón cuando no hizo más que venir del pueblo vecino para festejar con sus amigos. A tres policías los detuvieron tratando de aprovecharse de los delincuentes en Epizana y los mataron a golpes. Muchos han muerto rociados de kerosene o gasolina, quemados lentamente. Algunos pocos se salvaron, como en Achacachi, cuando la policía logró rescatar a varios sospechosos de robo que eran torturados y quemados en medio del pequeño estadio de fútbol del pueblo. Un señor con senilidad prematura fue linchado en La Paz cuando lo encontraron cargando una licuadora que no era suya. A unos por una garrafa en la ciudad y a otros por una oveja en el campo.ladronbicis
Los muertos se acumulan y las comunidades agraden a los policías y fiscales que pretendan investigar esos crímenes. Matan por impotencia y rabia, y caen presos del silencio y el miedo. Basta un dedo acusador y se aplica la sentencia.
Uno tras otro, inocentes y culpables mueren linchados, ensombreciendo las conciencias de barrios y comunidades enteras por toda Bolivia.
Si el acusado escapa, es culpable, pues de otro modo no escaparía. Si se asusta y tiene miedo, es culpable, porque los inocentes no tienen razón para temer. Si no confiesa, es que oculta algo y es culpable. Si confiesa, claro, es culpable.
“Les hemos advertido” dicen, y muestran maniquíes colgados de los postes de alumbrado, como lúgubre anticipo de lo que puede suceder en ese barrio cualquier mañana de domingo.
Estos son los argumentos que se escucha, en un lenguaje tosco y nervioso pero claro, cada vez que los micrófonos de la prensa intentan comprender lo que pasó en un lugar de linchamiento. Pero se escucharon argumentos muy parecidos de las autoridades del gobierno de Evo Morales, cuando comentaban los pedidos de asilo y refugio en el Perú de tres ex Ministros de Estado, acusados en el Juicio de Responsabilidades instaurado en contra del gobierno derrocado por el golpe social de octubre 2003. El que escapa es culpable, se dijo, quien nada tiene, nada teme.
No puede sorprender entonces que en los barrios alejados se repita el mismo razonamiento, llevando muerte allá y demostrando acá que el Juicio de Responsabilidades no es sino un linchamiento de formas solemnes.
Los observadores y analistas suelen afirmar que los linchamientos son también reacciones colectivas de impotencia ante la ausencia de justicia. Ocurren allá donde no llegan ni la policía ni los tribunales, o donde la autoridad es tan débil que no alcanza a proteger a la sociedad.
Por esos mismos días en que flagelaron a Fabricano y lincharon a Ríos, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados impuso una decisión: suspender al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de retardación de justicia y sin tomar en cuenta sus descargos. Así se sumó el nombre del Dr. Eddy Fernández a una lista ya larga de tribunos y magistrados a los que se ha acosado desde el poder político con el fin de obligarlos a renunciar. El Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura han sido paralizados de ese modo y ahora la Corte Suprema se arriesga a la falta de quorum. En realidad, la credibilidad del sistema judicial ha sido corroído con acusaciones políticas y debilitándolo en su funcionamiento con designaciones demoradas o renuncias forzadas.
La exigencia gubernamental de que las autoridades de octubre 2003 se sometan a una justicia en la que ellos no creen y a la que atacan continuamente resulta simplemente inverosímil. Por eso el Gobierno del Perú y ACNUR han sido rápidos en su decisión de proteger a los ex Ministros. Ojalá pudieran hacerlo también con los ladrones de bicicletas y garrafas, o con los jóvenes que una tarde de fiesta lleva por zonas en las que son desconocidos, y donde corren peligro de muerte si alguien levanta un dedo acusador y los asusta, haciéndolos correr hacia un seguro linchamiento.

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