Gobernabilidad en Bolivia

Como todos los años, el Banco Mundial ha publicado sus indicadores mundiales sobre gobernabilidad. A partir de la revisión sistemática de una amplia gama de informes, este estudio evalúa “las tradiciones e instituciones por las cuales se ejerce la autoridad en un país”.
chartWB09La información es agregada en seis categorías: participación y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno, calidad del sistema regulatorio, observancia de la ley y control de la corrupción. El proyecto ofrece datos de Bolivia desde 1996 y puede consultarse vía internet a través de la página web http://www.worldbank.org/governance/wgi/ donde además se puede tener un detalle mayor y realizar comparaciones con otros países. Mientras más se acerca a 100 el valor del índice, mayor gobernabilidad.
El informe de este año coloca nuevamente a Bolivia como uno de los países con peores condiciones de gobernabilidad de América Latina. Venezuela sigue en el peor sitial.
En comparación con el año pasado, hay notables deterioros en los indicadores de respeto a la ley, calidad del sistema regulatorio, eficacia gubernamental y estabilidad política, pues en todos estos casos el rango de los datos coloca al país al borde de la alerta roja. Es también notable que en los seis grupos de variables la situación hoy sea peor que en 1998.
Algunas de las variables que utiliza este proyecto del Banco Mundial para medir la gobernabilidad son, sin embargo, muy limitadas, pues se basan en las percepciones de la gente. Tal es, por ejemplo, el caso de control de corrupción. Si por ejemplo la gente cree que eso ha mejorado, el índice dice que hay más control, sin importar si hay o no avances reales.
Por eso puede resultar interesante comparar estos datos con los de la revista Foreign Policy, que anualmente difunde su ranking de “Estados fallidos” basado en el comportamiento de 12 grupos de variables que van desde las presiones demográficas hasta la vigencia de los derechos humanos, incluyendo el crecimiento económico, la intervención extranjera, los servicios públicos o el faccionalismo de las élites (http://www.foreignpolicy.com). Es decir, en este caso buscan datos duros más que opiniones o percepciones subjetivas
Este año las peores condiciones se registran en Somalia, que encabeza la lista. De los países de América Latina el único en situación crítica es Haití, en el lugar 12, pero hay varios en la categoría de “en peligro”, y entre ellos está Bolivia, en el puesto 51 de un total de 177 países. El año pasado ocupaba el lugar 55, en una tendencia al deterioro en los últimos 4 años.
Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú también están en la misma categoría de riesgo, pero mientras los dos primeros nos acompañan en el deterioro, los últimos han ido mejorando sus indicadores continuamente.
De nuestros vecinos el que se encuentra en mejor posición es Chile (puesto 155), aunque en el último año ha sufrido cierto deterioro.
Por supuesto, para quienes vivimos en Bolivia la información obtenida por estas dos fuentes no resulta sorprendente. A pesar de la bonanza económica causada por el aumento de los precios de las materias primas, y a pesar del grado de apoyo ciudadano que tiene el gobierno, las instituciones que regulan la vida económica, política y social se han debilitado ostensiblemente en la última década, y las perspectivas hacia el futuro lucen preocupantes.
La reforma constitucional absorbió enormes energías políticas con resultados poco satisfactorios. La nueva Constitución, lejos de establecer un nuevo y legítimo pacto social, ha sido impuesta, transgrediendo las normas que debieron regularla, y no es el fruto de estudios ni de debate. Aplicarla es difícil y en algunos casos será imposible, y ya han empezado a notarse sus consecuencias negativas. La decisión de España de no otorgar nacionalidad a los hijos de bolivianos que nazcan en su territorio es una muestra sencilla pero que afecta a miles de nuestros compatriotas. Menos notoria pero igualmente fuerte es la continua declinación de las inversiones, alejadas por una normativa que limita considerablemente su potencial para el desarrollo.
Las consecuencias futuras seguramente se reflejarán en un mayor deterioro de los indicadores de gobernabilidad, que sin duda reflejan y condicionan también el desempeño económico. La declinación del crecimiento, la pérdida de mercados y el aumento del desempleo pueden aumentar la pobreza y estimular la emigración.
Al mismo tiempo, la lucha política, carente de marcos que la circunscriban en el respeto a la ley, a los derechos humanos y a las libertades individuales podría exacerbar esta situación.
Estas tendencias deben ser consideradas como llamadas de atención y como estímulos que nos conduzcan a revertirlas. Es urgente restablecer el imperio de la ley recuperando las instituciones judiciales, empezando por el Tribunal Constitucional y terminando en las ahora llamadas autoridades de regulación y supervisión, que simplemente han dejado de funcionar.
No debe olvidarse que el particularismo de la acción colectiva, la intolerancia política y la delincuencia (incluyendo la poderosa y globalizada economía del narcotráfico) son tres fuerzas que se nutren de la débil gobernabilidad y que también la agravan.

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