Dalence no es Santos

Guillermo Dalence, un antiguo dirigente sindical, fue Ministro de Minería en el actual gobierno que preside Evo Morales, y asumió la Presidencia de la Empresa Siderúrgica del Mutún con la misión de acelerar el proyecto y facilitar la ejecución del contrato con Jindal.
Hizo lo que pudo.
Hoy está bajo acusación fiscal por corrupción y daños económicos al Estado Multinacional, porque habría pagado millonarios sobreprecios en la compra de terrenos en la zona del Mutún.
La acusación compara los precios pagados, en una compra respaldada por el Decreto 085 firmado por el Presidente y aprobado por sus ministros, con los valores catastrales de esos terrenos. Y por supuesto que hay diferencias enormes. El valor catastral de unas tierras perdidas en el monte, cerca de una frontera inhóspita y lejos de caminos, es minúsculo en comparación con el precio de mercado de unas tierras necesarias para poner en marcha una planta siderúrgica. Son las mismas tierras, claro está, pero los criterios de valoración y las condiciones económicas que definen su valor, son radicalmente diferentes. Los dueños de esas tierras no las iban a vender por el valor catastral, e incluso en una expropiación legal los jueces habrían obligado a pagarlas de acuerdo a un avalúo especializado que tome en cuenta su valor de mercado. A eso no se le puede llamar sobreprecio, sino precio nomás.
En ausencia de competencia, no sabremos nunca si la compra fue con un precio adecuado o si se impuso una arbitrariedad. Los dueños de esas tierras tenían en este caso la sartén por el mango. No solamente tenían la propiedad, sino que sabían que al frente estaba un comprador apurado, urgido y con billetera frágil, porque no negociaba con su propio dinero, sino con el de nadie, es decir, con la plata del Estado. A Dalence su gobierno le exigió comprar de una vez las tierras, le dió poder de excepción para hacerlo, y le dio el dinero, que por supuesto tampoco le pertenecía al gobierno. Dalence hizo lo que se le pidió.
Tal vez merezca estar donde está, pero no debería estar solo.
El gobierno debió haber procedido de acuerdo a ley. Es decir, debió demostrar que era de interés nacional y utilidad pública la expropiación de esos terrenos, tramitar la ley necesaria para ello, y dejar que los jueces definan el valor de las indemnizaciones.
¿Por qué no lo hizo?
La primera hipótesis que salta en este país de desconfiados alude a la corrupción. Sobreprecio es negociado.
Yo me inclino por una hipótesis alternativa: la ineludible ineficiencia del estatismo.
En este caso, además, exacerbada por voluntarismo. El gobierno decidió, por razones políticas e ideológicas, que era prioritaria la siderurgia en el Mutún, y desde el principio procedió por excepción. En vez de declarar desierta la licitación del Mutún, abrió una negociación directa con Jindal, en la que estaba en desventaja, y firmó, por excepción, uno de los contratos de riesgo compartido más objetables que se han firmado en el país. En ese contrato asumió más compromisos de los que podía cumplir, concediendo a cambio de ellos enormes ventajas a la Jindal. Alguna vez hablamos del gas a precio rebajado y de la compra obligada de magnesio. También estaba el tema de las tierras, ésas que tienen a Dalence condenado antes de juicio.
Sin licitación ni expropiación judicial, sin competencia, simulada o real, ¿cómo esperaban que Dalence sepa cuánto debía pagar por esos terrenos? Y si lo presionaban a comprarlos, debilitando su poder de negociación, ¿cómo esperaban que evite pagar “sobreprecios”? Dalence se confió en la confianza que le tenían. Hizo mal, porque no todos pueden “meterle nomás y arreglarlo después”.
Queda por aclarar algo más: lo de ineludible en eso de la ineficiencia del estatismo.
No es un tema ideológico, es más bien práctico y este caso lo muestra con claridad.
Si una empresa privada hubiera necesitado comprar los terrenos, nadie hubiera hablado de sobreprecio. Se hubiera producido una negociación abierta y sencilla en la que el comprador y el vendedor se hubieran puesto de acuerdo. Pero ni el Estado ni las empresas que le pertenecen pueden actuar de esa manera. La ley se los impide. Sus compras están sujetas a procedimientos que, casi siempre, demoran mucho tiempo. Ese tiempo que aquí quisieron ganar con decretos de excepción, y que ha puesto a Dalence en la mira de sus nerviosos compañeros y bajo sospecha del país entero.
El voluntarismo, ese deseo de hacer las cosas rápido, fue el que llevó a los decretos de excepción y el que abrió las puertas a un negocio que ha resultado sospechoso.
El estatismo, como se ve, es inevitablemente ineficiente, porque o hace las cosas lentamente, o las hace mal.
Por eso, suele también devorar a sus hijos. Dalence no es el primero y, tengan la seguridad, tampoco será el último.
El paraíso de las excepciones, los fideicomisos y las licitaciones desiertas está lleno de santos como Dalence.

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