Reelección presidencial y continuidad de políticas

La reforma de la Constitución impuesta por el MAS en las irregulares sesiones de la Asamblea Constituyente en La Glorieta y en Oruro incluyó la posibilidad de la reelección presidencial inmediata. Esto nos ha devuelto, en la tradición constitucional boliviana, al periodo previo a 1839, llevándonos a un viaje de 170 años de retorno a pasado.

Luego de la propuesta inicial de Bolívar de una presidencia vitalicia que ejercía, sin embargo, una función simbólica por el peso que su constitución otorgaba al Congreso y a los Prefectos, la idea de la reelección incorporada en 1831 fue descartada ocho años más tarde y así se mantuvo, con algunas experiencias frustrantes de reelección, hasta el 2009. En todo este tiempo la reelección solamente era admitida después de haber transcurrido un periodo constitucional.

El último intento de incorporar la figura de la reelección inmediata en la Constitución corresponde a la reforma de 1961, que habilitó a Víctor Paz Estenssoro a postularse nuevamente en 1964, al finalizar su segundo mandato (1960-1964). Esa reforma también fue forzada y muy controversial, aunque Paz Estenssoro logró la reelección llevando como compañero de fórmula al Gral. René Barrientos. La oposición se abstuvo de participar y denunció fraude cuando el binomio Paz-Barrientos logró el 85.9% de los votos válidos que en esa ocasión alcanzaban algo menos de 1.3 millones. A pesar de una victoria tan aplastante, o quizás debido a ella, el gobierno perdió rápidamente legitimidad y quedó interrumpido a los pocos meses, cuando la insurgencia urbana y especialmente estudiantil dio paso al golpe de los generales Ovando y Barrientos. En 1967 se sancionó una nueva Constitución, vigente hasta este año, que restableció la fórmula de la reelección discontinua, es decir, admitiéndola solamente después de que hubiera pasado un periodo constitucional.

El prorroguismo fue el argumento principal en la protesta social que condujo a la caída de Paz Estenssoro, como lo había sido también en 1930 en contra de Hernando Siles, aún cuando éste había cedido formalmente el mando a su consejo de ministros. Incluso podría decirse que el derrocamiento de Andrés de Santa Cruz, luego de 10 años de gobierno, fue en parte justificado por la prolongada permanencia del caudillo. Los tres salieron al exilio por varios años y sólo una perspectiva histórica más amplia permitió valorar sus gestiones de gobierno.

La referencia anterior debería ayudarnos a recordar el carácter efímero del poder y el tradicional rechazo de los bolivianos a los intentos de los políticos de prolongar su permanencia en el poder. Los ciudadanos de este país nunca aceptaron gobiernos “para toda la vida”, rechazando incluso a quienes juzgaron con enorme aprecio antes y después de haberlos expulsado, como los citados Santa Cruz, Siles y Paz Estenssoro.

Además de la tradición, hay razones de fondo para desconfiar de la reelección y desaconsejarla en Bolivia.

La fragilidad y vulnerabilidad de nuestro sistema institucional tiende a concentrar el poder en la figura del Presidente y, por tanto, tiende a personalizar la representación y la capacidad de gestión, aumentando los riesgos de abuso y exclusión. Rechazar la reelección es expresar un temor y un repudio razonables al autoritarismo.

Si nuestro sistema institucional fuera más vigoroso y eficaz, generaría mayor certidumbre y no serían importantes para su funcionamiento las personas, de modo que importaría poco definir quién ocupa qué cargo. Bastarían los mecanismos institucionales para asegurar el respeto a los derechos de las personas y la expansión de sus oportunidades de desarrollo. En un sistema de instituciones fuertes las funciones “hacen” a las autoridades, y no son las autoridades, como ahora, las que hacen a las funciones.

Por lo tanto, la reelección no afecta a la democracia cuando el sistema institucional es fuerte, es decir, cuando las leyes son claras y se cumplen, cuando representan controles que impiden el abuso del poder. Pero cuando el sistema institucional es débil la reelección da lugar a que el caudillismo reemplace a las instituciones, y a que el orden sea impuesto por la fuerza. En ese caso, el autoritarismo sustituye al derecho y la ley.

Cualquiera que sea el método con el que evaluemos la fortaleza de la institucionalidad boliviana, encontraremos que es débil y vulnerable a presiones de grupo o incluso a influencias personales. En ese contexto, es posible anticipar que la reelección debilitará aún más el frágil sistema institucional boliviano: es una amenaza a la democracia.

Este problema, sin embargo, no debería impedirnos buscar cierta continuidad en algunas políticas que requieren del largo plazo para dar frutos. Es tan dañino pretender refundar el país cada cinco años, como lo es creer que la continuidad de las políticas depende de la continuidad de las personas en el poder.

© www.columnistas.net

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