LA OTRA MITAD DEL MUTUN

No es casual que el contrato de explotación del Mutún con la empresa Jindal no haya podido ponerse en marcha. Adolece de muchas deficiencias y la mayor parte de ellas puede rastrearse a su mismo origen.

En el origen encontramos que en realidad no hubo licitación y por tanto no se tomó una decisión basada en la competencia y evaluación de propuestas. Recordemos que a la última convocatoria respondieron unas pocas empresas y algunas de ellas fueron descartadas por prejuicios ideológicos o tecnológicos. Al final quedó Jindal, cuya propuesta tampoco era satisfactoria, pero también en base a prejuicios ideológicos se optó por autorizar la negociación directa. Al hacerlo, el Estado boliviano abandonó la posición de árbitro que podía escoger la mejor opción, y se colocó en la de adversario en la negociación. El tiempo jugó a favor de Jindal, porque cualquier las demoras en la negociación afectaban la oferta política del gobierno: siderurgia verde a corto plazo. Jindal aprovechó las ventajas que se le ofrecían, imponiéndole al Estado compromisos que son costosos (como los subsidios de gas) o difíciles de cumplir (como las inversiones en infraestructura).

En el negocio del acero Jindal es una empresa pequeña, casi local para la escala internacional, y que tiene por tanto limitada capacidad financiera. También es limitada su capacidad tecnológica para emprender el proyecto, sobre todo porque se le impuso una tecnología de uso de gas que aún requiere muchas labores de investigación y desarrollo para el tipo de mineral que hay en el Mutún.

Pero, como se desalentó o se descartó a las otras empresas, Jindal quedó como única opción.

Para sintetizar, diríamos que el problema de origen fue el enorme peso que tuvo la ideología política en todo el proceso. Los aspectos económicos y tecnológicos fueron relegados y eso explica que, al final, el proyecto no haya podido avanzar y en este momento se lo considere prácticamente fracasado.

La decisión del gobierno de Bolivia de avanzar con la explotación de la otra mitad del Mutún es la mejor prueba de lo mencionado. Si se creyera que el proyecto es viable no se estaría impulsando la alternativa de explotar directamente la otra mitad.

Ahora bien, con respecto a la opción planteada por ESM y el Ministerio de Minería, correspondería preguntarse si con ella se superan los problemas de origen que hemos descrito apuradamente en los párrafos anteriores.

En primer lugar, no es fruto de una competencia. No se llamó a concurso de empresas o licitación de ningún tipo, por lo que no hay manera de compararla para evaluar si es mejor o peor que otras. Y sin comparar, cómo tomarán su decisión las autoridades? Otra vez en base a prejuicios ideológicos o metas políticas? No es aconsejable, puesto que así se inició el fracaso del proyecto con Jindal, y sería inapropiado transitar el mismo camino.

En segundo lugar, el consorcio estatal que plantea la propuesta no tiene ninguna experiencia en este campo y carece de la capacidad técnica o financiera para el emprendimiento que propone. Su apuesta parece orientada a conseguir financiamiento estatal, basado en consideraciones políticas, y comprar con ese financiamiento las capacidades que necesita, o atraerlo asociándose a otras entidades. Todo eso es muy incierto y no estoy seguro de que sea lo más adecuado para el país el destinar cientos de millones de dólares a una aventura tan riesgosa.

En mi criterio, sin embargo, creo que es necesario impulsar una estrategia para explotar la segunda mitad del Mutún en tanto se decante el tema del contrato con Jindal, ya que el mismo sigue vigente y seguramente pasará un tiempo hasta que se tomen decisiones.

También considero positivo que las empresas estatales y el Ministerio estén diseñando una propuesta. Esto habla bien de las autoridades de ESM y el Ministerio.

Pero pienso que el gobierno de Bolivia debería preparar una nueva licitación, con menos restricciones ideológicas que antes y, por tanto, más abierta a escuchar las propuestas de financiamiento y tecnología que hagan las empresas. Y en esa licitación, naturalmente, debería participar el consorcio estatal ESM con los aliados que consiga en el resto del mundo, ya que según dicen hay interés de Corea, Venezuela, la China e Irán. Pero que lo haga con los mismos criterios de evaluación y definición de metas que el resto de los proponentes, nacionales o extranjeros, públicos o privados.

Si, como resultado de esa competencia resulta que es más positivo para el país, en términos de utilidades, impuestos, dinamización de la economía, que se produzca acero en palanquilla, o planchas y laminados, o barras, pues que se avance por ese camino. Si resulta que es más rentable exportar el mineral en bruto y sacarlo por barcazas, habrá que ir por ese lado.

El problema es que, mientras no lo sepamos, es decir, mientras no tengamos la posibilidad de comparar opciones en base a una competencia abierta, seguiremos tomando decisiones sustentadas en prejuicios, voluntarismo o afinidades ideológicas. Y ese es un camino que sabemos con seguridad que tiene costos, pero no tenemos ninguna certeza de que generará beneficios.

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