Una alternativa para Potosí

por Roberto Laserna

Las fronteras, o los límites territoriales, se originan con el fin de establecer áreas de control de los recursos naturales. Se determinan según la capacidad que tienen las comunidades (desde tribus a naciones) para controlar el territorio o, también, según su intención de hacerlo. Por eso las cuestiones de límites han sido siempre conflictivas y sujetas a la tensión entre grupos que aspiran, cada uno por su lado, a controlar los recursos del territorio que logren mantener dentro de los límites que reclaman como suyos. Estas controversias se intensifican cuando los recursos naturales que se encuentran en la zona fronteriza se valorizan económicamente. Si las comunidades que disputan el límite (es decir, el recurso) están bien organizadas, suelen negociar y establecer acuerdos que, casi siempre, incluyen compromisos de distribución de las ganancias que se obtengan, o mecanismos para compensar las pérdidas de una de las partes.

Esto no es nuevo, pero creí necesario recordarlo para resaltar una de las dimensiones más importantes del conflicto que moviliza a Potosí en estos días.

Un segundo aspecto, derivado del anterior, tiene que ver con la justificación de sus demandas. Potosí ha dado al mundo inmensas riquezas y hoy es el departamento de Bolivia con los mayores índices de pobreza. Por supuesto, quienes plantean este contraste tienen razón y todos lo sabemos. Por eso es también comprensible que los actuales potosinos, aunque no son los mismos que sufrieron la explotación colonial o que murieron en los socavones, planteen que esto no puede seguir así y que los recursos de los potosinos deben beneficiar primero que nada a los potosinos.

Esta posición nos remite a un tercer aspecto del conflicto, que ya no es solamente potosino sino muy boliviano, y que tiene que ver con esa comprensión regionalista del carácter nacional de las riquezas naturales. Hay un acuerdo bastante generalizado de que las riquezas naturales son de la nación y, con variaciones de lenguaje y de ideología, así ha estado escrito en nuestras constituciones. Pero cuando se introdujo el tema de las regalías se resquebrajó esa definición, estableciendo un derecho privilegiado para una parte del todo. Esto tuvo su justificación y en algunos casos resultó positivo. De hecho, Santa Cruz sabía de la experiencia de Potosí y no quiso repetirla, logrando imponer el control directo de la parte que supuestamente le tocaba del conjunto, e invirtiéndola en la región.

Como puede notarse al considerar los tres aspectos, la demanda de Potosí simplemente plantea recorrer un camino ya establecido, en el supuesto de que es el único posible o, tal vez, en la creencia de que es el más efectivo.

Lo que Potosí quiere es definir mejor “sus” límites, para de ese modo acceder mejor a “sus” recursos. El problema es que lo mismo piensan en Oruro y, por extensión, el resto de las comunidades, sea que ya existan (como departamentos o provincias) o que se formen (como departamentos o municipios), lo que conduce inevitablemente a aumentar los riesgos de conflicto. Esto lo sabe el gobierno y, por eso, ha tratado de eludir la presión, lo cual también es comprensible.

Tal vez sea entonces el momento de replantear la situación, empezando por reconocer el problema y las aspiraciones de la gente, pero pensando en caminos alternativos.

El desafío es resolver el problema y superar el conflicto. Esto puede hacerse si encontramos una manera distinta de asegurar que las riquezas lleguen efectivamente a la gente sin pasar necesariamente por el control burocrático de los territorios demarcados por los límites.

Una alternativa relativamente sencilla y rápida es establecer que las rentas de todos los recursos naturales se distribuyan directamente entre todos los bolivianos, independientemente del lugar del país en que hayan nacido o en el que hayan establecido su residencia. Si por ley se definiera la propiedad común de todos los yacimientos de gas natural, litio, uranio, plata, estaño, hierro, manganeso o, para el caso, agua, y se creara un mecanismo para la distribución igualitaria de las rentas que genere su explotación entre todos los bolivianos, los potosinos dejarían de tener un interés particular en controlar el cerro de Asanta-Pahua, o los chaqueños en crear su propio departamento para contar con regalías del gas, porque tanto ellos como, para el caso, los orureños y demás tarijeños, tendrían acceso a la parte que en rigor les corresponde sin que, al mismo tiempo, se vean afectados los derechos que también tiene el resto de los bolivianos.

Naturalmente, esta opción posiblemente sea descartada con similar firmeza por las autoridades nacionales, departamentales y municipales, porque perderían el control de esos recursos y, con ellos, perderían la oportunidad de hacer obras y gastos sin pasar por el trabajo de tener que recaudar impuestos y rendir cuenta de ellos. Pero es posible que algunos admitan que, justamente, la manera más apropiada de fortalecer al Estado es fortaleciendo la capacidad económica de sus ciudadanos y transformando a las entidades públicas en organizaciones al servicio de la gente, y reconozcan que hay caminos alternativos para cumplir la promesa de que los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano, a todos y cada uno de los bolivianos.

Aferrarnos al modelo existente, de límites y regalías controladas por las burocracias, nos ha llevado al conflicto que hoy vive Potosí y que puede estallar en cualquier otro lugar del país. Pero no es el único camino y debemos abrir con urgencia una alternativa. Los potosinos la merecen y usted también.

© www.columnistas.net

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