Reforma de la Policía: descentralizar

En Enero del año 2002, desde la Unidad de Conflictos de CERES , hicimos una propuesta de reforma policial. En ese momento había malestar en las filas policiales por las condiciones de trabajo y parecía estar gestándose un conflicto severo. La propuesta fue apoyada por el periódico La Razón, a través de su editorial, y llamó la atención de algunas autoridades. Pero ahí quedó. La desempolvo ahora como una contribución al debate planteado por las autoridades cruceñas que proponen descentralizar la policía para mejorar la seguridad ciudadana

POR LA SEGURIDAD CIUDADANA
Y POR LA DIGNIDAD DE LA FUNCION POLICIAL

Propuesta formulada por Roberto Laserna

(Unidad de Manejo de Conflictos – CERES)

Presentada en Enero de 2002

Es necesario reconocer que estamos viviendo una de las más graves crisis institucionales de los últimos tiempos, pues ella afecta de manera central a la entidad creada para salvaguardar los derechos ciudadanos y establecer el orden público: la Policía Nacional. Ninguna persona comprometida con el bienestar de todos los bolivianos puede mantenerse al margen de este problema y debe, por el contrario, aportar a la búsqueda de soluciones enmarcadas en el orden democrático, la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas y la afirmación de la equidad como principio orientador del desarrollo nacional.

A lo largo y ancho del país y sobre todo en las ciudades más grandes, una de las preocupaciones fundamentales de la gente se relaciona con la falta de seguridad, de la que son víctimas fundamentales los niños, los ancianos y las mujeres, pero que también afectan de manera directa a quienes trabajan en las calles como los taxistas, comerciantes y transportistas. Las revelaciones de corrupción y complicidad delincuencial que afectan a altos miembros de la Policía Nacional y los enfrentamientos registrados entre policías, comerciantes y proveedores privados de servicios de seguridad plantean la necesidad urgente de una reforma integral de la Policía Nacional, que debe tener por objetivo fundamental mejorar las condiciones del ejercicio profesional como base para aumentar la seguridad ciudadana y defender de una manera cada vez más eficaz los derechos y las libertades de la gente.

La crisis policial

La situación actual está caracterizada de manera inmediata por una sucesión de enfrentamientos, malos entendidos y desconfianzas entre los policías, tanto activos como en retiro, y las autoridades nacionales, especialmente de los Ministerios de Gobierno y de Hacienda. La improvisación, la arbitrariedad y la falta de recursos han determinado el fracaso de los planes de reestructuración aún antes de que se los llevara a cabo, erosionando las líneas de mando y autoridad que establecen nuestras normas constitucionales. La Policía Nacional se ha visto agredida por afirmaciones generalizadoras acerca de la condición moral e intelectual de sus miembros, muchos de los cuales han sido sancionados sin que se les reconozca el derecho a defenderse que sus propios reglamentos establecen. A las irregularidades denunciadas en el manejo de los bienes y recursos que pertenecen a los funcionarios policiales se han añadido dramáticas revelaciones acerca de la participación de oficiales de la Policía en bandas delincuenciales, que revelan que la estructura jerárquica ya no es competente para controlar el funcionamiento interno de la institución del orden.

La reforma de la Policía Nacional es una necesidad planteada por la población y que los mismos Jefes y Oficiales reconocen, pues saben también que su labor es inviable si la población sigue perdiendo confianza en ellos y no se siente protegida sino incluso amenazada con la presencia de los uniformados. Y ellos ven también con preocupación el crecimiento de la “industria de la seguridad”, que pone bajo control privado a cuerpos para policiales dedicados a la protección y el control de la seguridad de empresas, barrios y personas. Y saben también, como lo sabe toda la población, que las necesidades de seguridad se han diversificado y exigen de cuerpos y organismos especializados, con capacidad técnica y humana para prevenir, investigar y perseguir el delito, para realizar labores de protección de la gente y de sus propiedades materiales e intelectuales, y para enfrentar los desafíos de protección ambiental y de globalización de los problemas, de los delitos y de las expectativas de la gente.

Una Propuesta

Para defender la dignidad de la función policial y aumentar la seguridad ciudadana necesitamos una policía profesional mejor preparada y capacitada para cumplir sus funciones, y mejor remunerada. Creemos que ello se puede lograr mediante una reforma destinada a

UNIFICAR BAJO UN COMANDO REAL DE POLICIA NACIONAL
TODAS LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA,
DESCENTRALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS,
Y ASIGNAR UN ROL MÁS ACTIVO A LAS PREFECTURAS Y MUNICIPALIDADES EN LA GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Cómo avanzar

La Constitución Política del Estado dispone, entre otras cosas, que “la Policía Nacional, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. Ejerce la función policial de manera integral y bajo mando único, de conformidad con su Ley Orgánica y las leyes de la república” (Art 215) y establece que “las Fuerzas de la Policía Nacional dependen del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Gobierno” (Art. 216).

En ese marco, proponemos que la reforma policial tome en cuenta los siguientes puntos:

1. Para que las disposiciones constitucionales se cumplan debe definirse como parte de la Policía Nacional a toda fuerza organizada que se encargue de proporcionar servicios de control, protección, seguridad, prevención e investigación del delito, cualquiera sea la fuente de sus recursos y su ámbito jurisdiccional.

Esto implica poner bajo “mando único” a todos los servicios de seguridad, incluyendo los privados, que deben ser supervisados, regulados y normados por el Comando de la Policía Nacional y, en caso de guerra internacional, como ordena la CPE Art. 218, pasar a dependencia de las Fuerzas Armadas.

2. Para que se cumpla la norma que establece dependencia del Presidente, el Comandante General de la Policía Nacional debe ser designado por el Presidente de acuerdo a normas de la Ley Orgánica, y también el Presidente, previo informe del Comando, debe ser quien autorice los ascensos de los oficiales superiores (Teniente para arriba).

3. Para ejercer adecuadamente su función la Policía Nacional debería contar con un Comando General, de alto nivel profesional y bien remunerado, y con Servicios Descentralizados.

4. El Comando General se encargaría de:

4.1. Formar y capacitar profesionalmente a los policías, clases, suboficiales y oficiales, otorgando credenciales que habilitan a los profesionales de la seguridad ciudadana en sus diversas especialidades y grados.

4.2. Organizar y proporcionar cursos de especialización y ascenso, en coordinación con otras unidades académicas (Universidades, Academias Policiales y Militares, de dentro y fuera del país).

4.3. Preparar y tomar exámenes de ascenso, certificando especialidades y grados, y otorgando ascensos en niveles suboficiales.

4.4. Supervisar y controlar a todos los servicios de seguridad ciudadana, disponiendo para ello de un Servicio Interno de Investigaciones que haga de “policía de las policías” y pueda prevenir, investigar y perseguir casos de corrupción, negligencia, abuso de poder, etc.

4.5. Coordinar, armonizar y difundir las normas, reglas y procedimientos que sean aprobados en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional.

5. Los servicios especializados se descentralizarían y pasarían a ser administrados por las entidades que mejor pueden apoyarlos y controlarlos, rigiéndose todos bajo reglamentos y “normas de calidad” comunes y no pudiendo ninguno de ellos emplear a personas que no tuvieran certificación y grado aprobados por el Comando General.

6. Ejemplos de descentralización, en estructura ilustrada en la figura adjunta:

6.1. Policía Técnica Judicial, pasaría a ser administrada por el Ministerio Público.

6.2. Oficinas de Tránsito, y todo el control del tráfico vehicular en las ciudades, pasaría a las Municipalidades (que por fin podrían aplicar sus planes de vialidad y ordenar el transporte urbano).

6.3. Actividades de prevención y control del delito, y de protección de las personas y la propiedad, pasarían a las Municipalidades.

6.4. Protección ambiental, guardaparques, protección de los recursos naturales, pasarían a las Prefecturas.

6.5. Patrullaje de Caminos, pasarían a las Prefecturas.

6.6. Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se mantiene su dependencia del CONALTID a través del Viceministerio de Defensa Social, del Ministerio de Gobierno.

6.7. Protección ciudadana en mercados y lugares públicos, seguiría como dependencia de la Municipalidad pero ahora según normas, controles y supervisión del Comando General, con personal debidamente especializado.

6.8. Servicios Privados de Seguridad, seguirían bajo dependencia de las empresas que sean autorizadas para ello por el Ministerio de Gobierno pero funcionarían según normas, reglamentos y supervisión del Comando General, y estarían sujetas a su control y vigilancia.

6.9. Seguridad Universitaria, podría crearse bajo dependencia de las Universidades pero según normas, controles y supervisión del Comando General.

6.10. Servicio de Bomberos, pasaría a depender de las Municipalidades.

6.11. Servicios de Auxilio y Rescate (SAR) y unidades especializadas que deben crearse para manejar situaciones de riesgo y desastre natural, formadas por voluntarios, pasarían a dependencia de las Municipalidades.

7. El financiamiento de esta propuesta implica la necesidad de combinar transferencias del Tesoro General de la Nación (una solución viable y que ya ha sido probada consistiría en aumentar la coparticipación tributaria de modo que las Municipalidades puedan disponer de los recursos adecuados para las nuevas responsabilidades), asignaciones presupuestarias propias y recaudaciones por servicios.

La descentralización implica que los servicios de seguridad ciudadana podrán mejorar y recuperar su legitimidad, de modo que el público no evadiría sus obligaciones y los recursos que se recauden serían también mejor administrados.

Comentarios finales

Un Comando unificado en la emisión de normas, la formación profesional y las funciones de inspectoría garantizaria que las unidades de servicio desarrollen sus labores en los marcos legales, evitando su manipulación y utilización por las autoridades políticas, cualquiera que sea el nivel del Estado en que se encuentren. Al mismo tiempo, la existencia de unidades descentralizadas que funcionan con personal profesional y bajo la administración de las autoridades que se encuentran en la mejor posición para comprender los problemas que enfrentan, evitaría el uso de la Policía Nacional como instrumento de represión al servicio de poderes efímeros. Así, esta propuesta no solamente apunta a resolver la crisis inmediata de la Policía Nacional, confiando en su profesionalización, sino que contribuiría decisivamente a la institucionalización del país y el fortalecimiento de la democracia.

Esquema de organización

3 Responses to “Reforma de la Policía: descentralizar”

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