Créditos vinculados

Una de las crisis bancarias más graves en Bolivia se generó en los créditos vinculados. Una legislación más estricta, con mayores atribuciones de control para la Superintendencia de Bancos, puso fin a esa perniciosa y abusiva práctica. Aunque parezca una exageración plantearla en esos términos, la otorgación de créditos a organismos estatales por parte de otro organismo estatal, como el Banco Central, parece estarle dando nueva vigencia a esa inadecuada práctica.

Uno de los casos más sonados de créditos vinculados fue el del Banco Internacional de Desarrollo, Bidesa, cuyos principales ejecutivos terminaron en la cárcel. Pero no era el único. De hecho, era frecuente que los socios y ejecutivos de los bancos utilizaran su influencia en ellos para obtener, muchas veces a través de intermediarios, créditos en condiciones favorables o sin las garantías adecuadas. Tampoco era una práctica exclusiva de los bancos privados. Incluso podría decirse que era mucho más frecuente y dispendiosa en los bancos estatales, porque en ellos la vinculación personal era reemplazada por la vinculación política y, en ausencia de “dueños” que los vigilaran, los ejecutivos de la banca estatal podían actuar con más discrecionalidad.

Algunos aprovecharon esos créditos favorables para montar negocios lícitos, devolvieron los créditos y la cosa no pasó de un favor personal. Pero otros despilfarraron el dinero y luego eludieron el pago, recurriendo a triquiñuelas legales y nuevos favores personales o políticos. Los bancos, imposibilitados de recuperar el dinero, transfirieron las pérdidas a los ahorristas que, en ese sistema, eran los que corrían mayores riesgos.

Así quebraron varios bancos y por eso, también, es que en su momento se optó por sacar al Estado del negocio financiero, cerrando bancos como el Agrícola, el Minero y del Estado.

Ese proceso no fue fácil ni carente de costos pero se llevó a cabo con muy pocas pérdidas para los ahorristas. Se fortaleció la Superintendencia de Bancos, hoy Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI), a través de la cual el Estado, que dejó de otorgar créditos, pudo tener una mayor capacidad de intervenir y controlar las operaciones de los privados. Y se modificó la ley de manera que los bancos dejaron de lado los créditos vinculados.  Ahora ni los directivos ni los ejecutivos de los bancos pueden obtener créditos en ellos, y tampoco sus familiares. Y si laASFIdescubre que alguno está evadiendo la norma a través de intermediarios o “palos blancos”, aplica multas severas a los bancos que transgreden la norma. Los créditos vinculados prácticamente han desaparecido o, en todo caso, representan hoy una mínima parte del movimiento financiero.

Esa reforma fue un gran avance. Se basó en el reconocimiento de que los bancos no son dueños del dinero que circula en ellos, sino que los dueños son los ahorristas y depositantes, y sus intereses deben ser preservados y defendidos por encima de cualquier otro. Los bancos, por ello, son obligados a actuar con la máxima cautela. Revisan cuidadosamente las garantías que les ofrecen, y califican los créditos que otorgan según el nivel de riesgo que representan. Y también según ese nivel de riesgo deben mantener reservas que respalden sus propias obligaciones con los depositantes. Esas reservas son evaluadas permanentemente por laASFI, por lo que los ahorristas están bien protegidos. Su dinero ya no sirve para respaldar favores políticos o personales.

La conversión del Banco Central en financiador de inversiones públicas, al margen de las normas que rigen para los bancos comerciales, parece estar reviviendo la práctica de los créditos vinculados.

Según se informó en Los Tiempos, el Banco Central ya ha otorgado créditos a las empresas del Estado por un monto que supera los tres mil trescientos millones de bolivianos. Las notas de prensa del Banco no informan sobre los criterios que guían las decisiones de otorgar ni sobre las condiciones financieras de los mismos. Una fuente muy bien informada nos explicó que esos créditos son otorgados previa evaluación del ministerio de ramo y la autorización del Ministerio de Economía, y se encuentran garantizados por bonos de Tesoro General de la Nación, salvo en el caso de YPFB que autoriza descuentos automáticos de los pagos que recibe por su cuota en las exportaciones, con lo que garantiza sus operaciones con sus flujos de caja. La tasa de interés es concesional, del 1%, los plazos son variables y dependen de las necesidades de la empresa pública. Y aunque la Constitución dispone que los créditos sean autorizados por la Asamblea Legislativa, ésta no lo hace por contrato sino que autoriza sumas globales cuando aprueba la Ley de Presupuesto o sus modificaciones.

Siendo estatal la empresa que recibe el crédito y son estatales quienes autorizan, evalúan y desembolsan los créditos, estamos muy cerca de reproducir la práctica de los créditos vinculados del pasado. En efecto, como no hay independencia entre los que intervienen en la operación, puede decirse que están vinculados entre sí. Y, al igual que antes, el dinero con que se realizan estas operaciones no les pertenece a ellos sino a los ciudadanos, que son los que asumen el riesgo final. Si la empresa fracasara y no pagara los créditos, el Banco Central tendría el respaldo de los bonos delTGN, pero elTGNya no tiene otro respaldo que los recursos del público, es decir, de los ciudadanos.

Se argumenta que la legalidad de estas operaciones se basa en la Constitución. Sin embargo, mientras no se modifique la Ley Orgánica del Banco Central, nos encontramos con que las autoridades ejecutivas están interpretando la Constitución. Con ese criterio se ha dado por “obsoleta y superada”  la autonomía del Banco Central, que se recomienda en el todo el mundo para proteger el valor de la moneda y, por tanto, el interés general.

En síntesis, pensamos que el hecho de que el Banco Central preste dinero a entidades del Estado excede sus atribuciones (art. 328CPE) y genera riesgos para la economía de los bolivianos.

La necesidad de impulsar el desarrollo productivo no es razón para eludir la norma bancaria. Si los proyectos estatales fueran rentables y eficientes, no tendrían dificultades en obtener créditos del sistema bancario, que dispone de abundante liquidez y se halla adecuadamente regulado. Y si no tienen la solvencia técnica, ni la probabilidad de éxito, ni las garantías de pago que exige la banca a cualquier emprendimiento, es porque no son factibles y no deberían realizarse. Están poniendo en riesgo el dinero de todos.

 

One Response to “Créditos vinculados”

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