La libertad en la Ley de Imprenta

En un anterior artículo señalamos que la Ley de Imprenta tiene por objeto regular la publicación de ideas, cualquiera que sea el medio a través del cual se transmiten o comunican los signos, y cualquiera que sea la persona que lo haga. Se trata de una norma que obliga y defiende a cualquier ciudadano. Estas conclusiones emergen de la propia ley, que se inicia justamente proclamando el derecho de todos a publicar sus pensamientos sin previa censura, señalando como primer responsable al autor de la publicación. De hecho, especifica también que, conocido el autor, es el único responsable ya que “la responsabilidad no es conjunta ni mancomunada sino sucesiva” (Art. 2). Las referencias al periodismo, a los editores, directores y dueños de imprenta tienen relevancia únicamente cuando no puede identificarse al autor de una publicación, o si los autores no fueran personas jurídicamente responsables (art 2). Por ello también estipula la necesidad de que las publicaciones regulares identifiquen directores y editores y las eventuales el nombre del establecimiento. De manera muy sencilla, la Ley de Imprenta (que en lenguaje actual debería llamarse Ley de Difusión de Ideas o de Publicación), define luego los “delitos de imprenta”, que ocurren solamente si es que hay “publicación”, para lo cual dice la ley que basta que haya sido leído por cinco o más personas. Esta norma diferencia delitos contra la Constitución (Art. 10), contra la sociedad (Art. 11) y contra las personas (Art. 13), pero no define en detalle en qué consisten los delitos sino que transfiere esa potestad al Jurado de Imprenta.Este es un detalle crucial, ya que establece un fuero especial y de carácter ciudadano para la consideración de las libertades y obligaciones de pensamiento y expresión. En efecto, la Ley de Imprenta permite que cualquier individuo haga la denuncia ante el Ministerio Público (un fiscal), y que éste realice la acción penal (Art. 31), llevándola por escrito ante el Juez (art 33) cuya función se limita a realizar el sorteo de Jurados, a posesionarlos y a dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia.  Pero la valoración de las denuncias, la calificación de los delitos y la definición de las sanciones corresponde al Jurado de Imprenta. El Jurado o Tribunal de Imprenta está constituido por ciudadanos designados por sorteo de entre los 40 que deben ser nombrados por el Concejo Municipal (el tamaño es menor en las ciudades pequeñas). No son jueces profesionales sino personalidades notables que tienen residencia y ejercen plenamente sus derechos civiles y políticos (Art. 21 y 22), y llegado el caso de que se inicie un juicio, son elegidos por sorteo. Los contendientes pueden recusar a un máximo de 6 miembros del jurado, siendo reemplazados por los restantes hasta formar el tribunal de 12 requerido por la ley (Art. 36).Este tribunal concentra su actuación en la evaluación de la veracidad de lo publicado. Para ello revisa los textos, considera los testimonios de los querellantes y de los testigos y facilita la confrontación de datos e ideas. En caso de que se comprueben delitos, impone sanciones pecuniarias o multas en rangos preestablecidos y “en proporción a la gravedad declarada”. Tampoco pueden exceder cierto límite. La Ley menciona el límite de 400 pesos, cuyo equivalente es 125 días de detención. Por supuesto, el valor de la moneda hoy es muy diferente, pero la equivalencia en días de detención permite fácilmente establecer que la pena máxima hoy no debería pasar de  4100 Bs. (tomando el salario mínimo legal como referencia). Este es un aspecto interesante. A diferencia del Ecuador, donde un tribunal ordinario gravó con 40 millones de dólares a El Universo por haber publicado “injurias” contra el Presidente Correa, quien hubiera recibido esa suma en desagravio de no haber hecho la remisión de la condena, la Ley de Imprenta boliviana impone sanciones que son sobre todo de carácter moral, ya que incluso si se imponen multas, éstas no van al supuesto agraviado sino a un fondo municipal de beneficencia (Art. 66). Un aspecto fundamental de la Ley de Imprenta es que permite que los delitos de publicación contra las personas (calumnia e injuria) puedan someterse a consideración del Jurado de Imprenta o de los tribunales ordinarios en casos de particulares, pero si los involucrados fueran funcionarios públicos deben, obligatoriamente, tratarse ante el Jurado de Imprenta (Art. 28), salvo si hubieran sido difamados o calumniados personalmente y no por su calidad de funcionarios. De este modo, se establece una clara protección a la crítica a la función pública, sea política o de denuncia, ya que es difícil que el poder intimide o manipule a un tribunal de 12 personas cuya actuación final se realiza en secreto (Art. 46).Me resulta difícil imaginar que en las actuales circunstancias pueda conseguirse una legislación más favorable a la libertad de expresión que está consagrada como uno de los derechos fundamentales de la persona, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 19) como en la Constitución Política del Estado (Art. 21 inc 3, 5 y 6). Esta debería ser una razón más que suficiente para defender la Ley de Imprenta.

One Response to “La libertad en la Ley de Imprenta”

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    Hello, everything is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that’s in fact fine, keep up writing.

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