Y si nos acordáramos de Haití

Foto de Reuters

El 12 de enero de 2010 Haití fue golpeado por un terremoto devastador que derribó desde los palacios gubernamentales hasta los barrios más pobres de Puerto Príncipe, destruyendo lo poco que había de infraestructura de servicios públicos. Más de 300 mil personas murieron y una cantidad similar de personas quedaron heridas. La solidaridad internacional se manifestó casi de inmediato. Pero… ¿cuánto ayuda la ayuda? 

Un informe reciente del Centro para el Desarrollo Global (CGD, con sede en Washington) señala que ya se han desembolsado 6 mil millones de dólares en ayuda oficial y que las donaciones privadas alcanzan a unos 3 mil millones adicionales. Para un país de 10 millones de personas, estas cifras son importantes. Representan 900 dólares por persona, o unos 4500 dólares por familia. El PIB per cápita se estima en unos 800 dólares anuales.
La ayuda demoró en llegar y aún hoy son muchos los donantes que no pueden ejecutar sus proyectos por carencia de infraestructura, debilidad de instituciones, falta de personal especializado y muchas más razones. El problema menos percibido en todo esto es que los haitianos, víctimas del terremoto, siguen siendo tratados como receptores pasivos de la cooperación externa. Esto duplica el desastre, o por lo menos lo prolonga.
De acuerdo al documento del CGD, apenas el 1% de la ayuda humanitaria y entre el 15 y el 20% de la ayuda de largo plazo ha llegado al gobierno de Haití. La mayor parte de los fondos de la cooperación han sido canalizados a través de organizaciones no gubernamentales y contratistas privados. Los haitianos están desilusionados por la lentitud con que se avanza en la reconstrucción del país y muchos están preocupados por la falta de transparencia y rendición de cuentas.
El argumento principal que se esgrime para justificar el uso de ONGs y contratistas externos es la falta de capacidad institucional, de gestión y de ejecución técnica en Haití. Tal vez sea cierto, pero lo es también que, con este mecanismo, tal carencia se renueva y coloca a los haitianos a una situación de inhabilitación permanente.
El CGD considera que un mayor esfuerzo de transparencia podría resolver muchos de estos problemas y propone que se aprovechen las circunstancias para fortalecer la Iniciativa por la Transparencia de la Ayuda Internacional (IATI por sus siglas en inglés) exigiendo a todos, donantes y receptores, ajustarse a sus normas de información y divulgación. Adicionalmente, recomienda licitaciones públicas y competititivas para la selección de los constructores y proveedores de servicios.
La transparencia es sin duda necesaria y debería promoverse ese tipo de iniciativas en Haitì y en el resto del mundo. Pero ella no resolverá el problema de fondo, que es el de la construcción acelerada de capacidades en Haití.
¿Cómo hacerlo?
El gobierno insiste en que la ayuda debería canalizarse a través suyo y mediante aportes directos al Presupuesto General, ya que ello le permitiría asumir el control de la situación y ganar legitimidad frente a su pueblo y soberanía frente a los donantes. Pero una larga historia de corrupción impide a los donantes confiar en el sistema político haitiano.
Algunos donantes han planteado la necesidad de contratar a empresas y organizaciones haitianas para realizar los trabajos de recuperación. Pero tampoco se ha podido avanzar mucho. Apenas el 1% de los contratos de construcción de infraestructura financiados por USAID han sido otorgados a empresas haitianas, pese a que USAID hizo un esfuerzo deliberado para identificar empresas con capacidad para realizar obras y rendir cuentas.
Los donantes prefieren seguir los caminos conocidos y entregan dinero a las entidades de su confianza. Así se establece una pirámide: gobiernos o entidades de cooperación que entregan dinero a organizaciones intermedias que, a su vez, seleccionando a las que actúan en el terreno de los proyectos. En cada nivel va quedando algo del dinero por overhead y gastos de administración, monitoreo y evaluación, de manera que al final llega a la población mucho menos de lo prometido. Ni siquiera se sabe cuál es la cantidad de ONGs que trabaja en Haití. Los registros y estimaciones van de 343 a 20 mil. La mayoría son delegaciones de entidades de Europa y Estados Unidos. De una muestra de más de 500, apenas el 21% tenía como sede principal Haití.
No puede extrañar, entonces, la lentitud con que se ha ido estructurando el sistema de ayuda en Haití, ni tampoco su escaso impacto en la vida cotidiana de los haitianos.
Los gobiernos, especialmente si se rigen bajo normas democráticas, tienen alguna presión para responder a las demandas de la gente y ésta, por lo menos, tiene el poder del voto para castigar, rechazar o respaldar una gestión. Esta relación bidireccional entre el pueblo y el gobierno se hace más fuerte y efectiva si es la misma gente la que, con sus impuestos, financia a los gobiernos, y se hace mucho más débil si el gobierno se financia con rentas de recursos naturales o cooperación externa. Una relación fuerte es mejor que una débil, pero ésta resulta de todos modos mejor que una inexistente. Y la relación entre la cooperación y el pueblo haitiano es prácticamente inexistente, pues tiende a ser unidireccional: unos dan y otros reciben. Estos tal vez sean consultados y hasta participen en la ejecución de las obras, pero no tienen ni el ánimo para reclamar por ineficiencias ni mecanismos para castigar la ejecución inadecuada o innecesaria de obras.
El problema se resolvería si el dinero de la ayuda para los haitianos llegara de manera directa a la gente, pues eso le permitiría orientar las asignaciones de recursos a partir de sus necesidades. Una parte podría distribuirse en dinero en efectivo, dando a las familias la oportunidad de comprar alimentos, medicinas, vestimentas y materiales de construcción, y otra en bonos para comprar servicios públicos, pagar peajes carreteros e incluso impuestos a los gobiernos locales y nacional. Los proveedores de servicios redimirían esos bonos ante las entidades financieras luego de haber prestado los servicios a la gente, y no antes. Esto reduciría también las posibilidades de corrupción y desvío de fondos. Pero lo más importante es que un modelo así crearía de inmediato las condiciones para que las capacidades institucionales y políticas se generen y desarrollen, tanto en el ámbito económico como en el político.
Demás está decir que, además, por este tipo de mecanismos se reducirían drásticamente la pobreza y la desigualdad, que tienen una duración más larga y devastadora que el mismo terremoto.

(c) http://www.columnistas.net

2 Responses to “Y si nos acordáramos de Haití”

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