Misicuni: el trofeo inútil

Han pasado catorce años desde la guerra del agua y la situación está misicunicada día peor. Las grandes movilizaciones del año 2000, que lograron la victoria inmediata de rescindir el contrato con Aguas del Tunari, resultaron, como se anticipó entonces, en una derrota prolongada, y lograron hacer de Misicuni un trofeo inútil.

El proyecto Misicuni está estancado aunque sus responsables aseguran que resolverán todos los problemas gracias a que han logrado incrementar el presupuesto y han obtenido autorización para contratar, por invitación directa, a las empresas que se harán cargo de diversos componentes en que el proyecto está siendo dividido. Ojalá lo consigan. No es fácil comprender por qué no se avanza. Hace 30 años se podía dudar de que el proyecto fuera viable: la ciudad era pequeña y el país no tenía dinero. Pero la ciudad ha duplicado su población y el país ha invertido en un satélite y un teleférico mucho más de lo que se necesita para completar Misicuni y renovar la red de agua en Cochabamba.

Recordar la guerra del agua tal vez nos ayude a explicar este penoso estancamiento. Esa masiva y prolongada movilización del año 2000 rechazó la labor de un mal gobierno, reflejada en un mal contrato, pero agravó los problemas en vez de resolverlos.

Fue un mal contrato porque se basó en una lucha política demagógica: la que rechazó la solución inmediata que representaba el trasvase de Corani, sabiendo que la represa estaba ya en funcionamiento y que la empresa, justamente por la capitalización, disponía de los recursos necesarios para realizar las obras que pusieran agua en el valle central. Con el fin de desprestigiar al gobierno de entonces se buscó el fracaso de la propuesta Corani, lo que obviamente les impuso a los triunfadores la obligación de impulsar Misicuni a cualquier costo. Y eso hicieron, atándose a una negociación desventajosa de la que sólo pudo salir un mal contrato.

¿En qué fue malo? La licitación internacional dejó un solo proponente, el consorcio Aguas del Tunari, integrado por empresas de gran capacidad técnica y financiera, como Bechtel, y empresas locales muy fuertes, como Soboce e ICE. El consorcio estaba interesado en mejorar y ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado, pero sabía que el proyecto Misicuni era muy caro y ponía en riesgo la rentabilidad de la operación. El gobierno nacional y el municipal rechazaron toda posibilidad de postergarlo e insistieron en incluir a Misicuni como fuente de agua, comprometiendo todo su apoyo político e institucional a los cambios que fueran necesarios en la estructura tarifaria y en la política de aguas a fin de hacer viable la operación. Pero esa insistencia, en vez de garantizar el proyecto, generó los detonantes del conflicto: el aumento de tarifas, el temor de los dueños de pozos y de los aguateros, la incertidumbre de las cooperativas de agua y de las asociaciones vecinales que tienen sus propios sistemas, la resistencia de los regantes.

Estos grupos, movilizados en defensa de sus privilegios particulares, fueron articulados por la Coordinadora del Agua que, sin embargo, se presentó con un discurso en favor de los excluidos y de supuestos derechos vulnerados por el capital transnacional. Los excluidos se sumaron a la lucha a pesar de que no eran afectados ni siquiera por el mal contrato, y que serían beneficiados incluso si se lograba la implementación total del proyecto en esas condiciones.

En efecto, la mayoría de la población cochabambina dependía y aún depende de sistemas precarios de abastecimiento de agua, que son caros tanto en efectivo (el agua en turril cuesta hasta 10 veces más que el agua de Semapa) como en salud (la mortalidad infantil es mucho mayor en zonas sin agua corriente). Hasta con tarifas que fueran el triple de las vigentes en ese momento los excluidos ya hubieran ganado con la inclusión, pagando más barato por agua de mejor calidad.

No fue así. Los usuarios de Semapa protestaron por el alza de tarifas que iría a costear Misicuni, y sobre esa protesta se montaron los dueños de pozos y los aguateros que perderían su negocio con un mejor sistema de agua, y los regantes que, a su vez, son también dueños de mitas y vertientes. Fue una alianza poderosa que, además, enarboló un discurso político muy fuerte en supuesta defensa de los pobres y en rechazo al Gral. Bánzer, cuyo pasado seguía moviendo resentimientos.

No había sido fácil interesar a las empresas a invertir en la gestión y provisión del agua y la prueba era que el consorcio fue único proponente y aceptó con reticencias las imposiciones gubernamentales. Justamente por eso mismo, tampoco estuvieron dispuestos a defender su posición en un negocio tan incierto y difícil. Pero era claro que si abandonaban el país, pasaría mucho tiempo antes de que se pudiera convencer a otros de invertir en agua y saneamiento.

Para algunos, eso era mejor. Desde un punto de vista estrictamente ideológico no aceptaban hacer del agua una mercancía ni del derecho al agua un negocio. Ese ha sido el criterio prevaleciente en estos 14 años y los resultados son más que evidentes. La gran ironía es que ese discurso ha terminado protegiendo una situación en la que el agua sigue siendo una mercancía y el derecho al agua sigue siendo un negocio, aunque clandestino e informal, que escapa de regulaciones, controles e impuestos, y que condena a los pobres a pagar el precio más caro por el agua de peor calidad. La exclusión sigue siendo la norma en la ciudad, y Misicuni es, cada vez más, el símbolo de una frustración. Un trofeo millonario que aún no logra demostrar su utilidad.

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