El aporte de Roberto Laserna

Por Fernando Molina
periodista y escritor

Laserna llegó a formular su teoría del rentismo a partir del análisis de los conflictos sociales. Pero no pertenece al oficialismo.

Al conocerse la lista de los 200 libros que publicará el Estado en homenaje al bicentenario del país, la investigadora Ximena Soruco señaló su decepción por que el comité seleccionador no hubiera encontrado un texto sintético que interpretara de manera memorable la economía del país. En su opinión esto se debió a que los textos más interesantes son antiguos, no se encuentran actualizados y, simultáneamente, a que los escritores económicos actuales se han dedicado a asuntos “específicos”. Pero se equivoca. Sí existe una obra que generaliza, es decir, teoriza, las principales características y problemas de la economía boliviana, y que lo hace de una manera original y plenamente actual. Solo que no pertenece al mainstream ideológico del momento, sino todo lo contrario, lo que seguramente explica su “invisibilidad” (que sin embargo sólo se da en su contacto con las esferas oficiales).

Se trata de la contribución realizada por el sociólogo y economista cochabambino Roberto Laserna, mediante una serie de publicaciones que describen el entramado de relaciones que se han tejido en torno a los recursos naturales. En La trampa del rentismo, Laserna muestra aquello que se esconde detrás del descubrimiento de yacimientos o de especies vegetales raras: un mundo de conflictos, organizaciones creadas para disputarse la riqueza natural, presiones que logran deformar o anular al Estado, hábitos culturales, productivos y políticos; todo un sistema que este autor denomina “rentismo”.
Roberto Laserna ha llegado a formular su teoría sobre el rentismo a través del estudio del conflicto social. Luego de varios trabajos en este campo, ha encontrado que la riqueza que no es sostenible y de cuya percepción futura no se tiene certeza –justamente como la generada por los recursos naturales– constituye un poderoso aliciente para el estallido de conflictos, porque los grupos sociales procuran apropiarse de ella, directa o indirectamente, antes que los demás lo hagan y de que se acabe. En Conflicto social y crecimiento económico en Bolivia descubre una relación estadística positiva entre un ingreso generado no por un aumento de la productividad, sino por la escasez de un bien –y que por tanto constituye “renta” o, como dice el documento, “ganancia de comercio”– y el incremento de los conflictos a lo largo de los anteriores 38 años de la historia boliviana.
La “ganancia de comercio” se debe al aumento de las entradas por exportaciones de materias primas, que a su vez puede originarse en algún descubrimiento natural o a una mejoría en los términos de intercambio.
En cambio, el crecimiento económico que se basa en la inversión y la productividad no genera más conflictos. Como ya se ha demostrado mil veces, la teoría de Marx sobre la industrialización empobrecedora (es decir, el pronóstico de El Capital de que una economía más desarrollada necesariamente habrá de volver más pobres a los obreros industriales) es falsa. Laserna proporciona una prueba más: su estudio muestra que tampoco en Bolivia la expansión industrial tiende a aumentar los conflictos como esperaría quien repitiera acríticamente a Marx. En cambio, cuando el país obtiene “ganancias de comercio”, es decir, rentas, los conflictos se multiplican, repitiendo el fenómeno que se da en las familias que reciben una herencia de cierta importancia: la nueva riqueza pone a sus miembros a pelear entre sí.
Según el texto que mencionamos, los conflictos sociales impiden crecer a Bolivia en por lo menos uno por ciento del PIB cada año. Y este es un cálculo conservador. Además, la conflictividad no es, ni mucho menos, la única consecuencia negativa de la “maldición de los recursos naturales”.
La riqueza del país en minerales, petróleo y recursos “pseudo renovables” (como el caucho, la castaña y las maderas tropicales, que en realidad “funcionan” como recursos no renovables ) no sólo nunca ha generado un desarrollo sostenible, sino que nunca lo provocará. En lugar de eso, convierte a la sociedad en una colectividad organizada para vivir, de una forma u otra, de las rentas extractivas.
En esta sociedad el Estado actúa como un proveedor, un paterfamilias que reparte sus ingresos entre todos los hijos. Laserna muestra que este proceso tiene dos consecuencias negativas: a) no resuelve, sino que promueve el conflicto entre grupos corporativos interesados en orientar la redistribución a favor suyo y b) socava la institucionalidad del Estado. Contra lo que podría creerse, el Estado rentista es un alcázar con muros de cartón, ya que sólo así es factible que los grupos de interés lo presionen y “perforen” continuamente. Al mismo tiempo, su papel de mediación entre la producción y la repartición del excedente ocasiona su degradación moral y política (corrupción, favoritismo, empleomanía, etc.) Y, cerrando el círculo, la debilidad estatal sabotea la dinámica económica.
Los grupos de la parte moderna de la economía reciben directamente los beneficios de los recursos naturales y por eso normalmente se hallan interesados en que las empresas extranjeras inviertan en la industria extractiva, dado que son muy pobres para hacerlo por su cuenta. La gran base atrasada del país se beneficia de estas rentas por medio del Estado, es decir, de una actividad política orientada a la distribución de los excedentes producidos por los enclaves extractivos.
Aparecen así dos fuerzas completamente opuestas. Por un lado, una fuerza centrífuga, que se aprovecha de los excedentes y los exporta a los mercados extranjeros; y por el otro, una fuerza centrípeta que trata de beneficiarse de esta misma riqueza mediante toda clase de iniciativas redistribuidoras, la mayoría de las cuales tiene como sujeto al Estado. Como es lógico, ambas fuerzas tienden a neutralizarse mutuamente. Esto se expresa en la inclinación de los de abajo a inviabilizar las iniciativas económicas de los de arriba, a fin de impedir que el excedente “se gaste”. Como éste proviene de los recursos naturales, no es una riqueza abierta sino una suerte de “tesoro” que cabe repartir, pero no multiplicar. La oposición y falta de armonía de estas fuerzas son una causa del atraso de Bolivia, y una de las razones de su enorme conflictividad.
Como puede suponerse, semejante tensión tiene a la nación suspendida en el vacío, sin movimiento. Un país embebido en la lucha por el único excedente que produce es un país quemado, agotado para el esfuerzo que requiere el emprendimiento y la innovación; un país que, como se deriva naturalmente de su ansiedad por redistribuir, vive y muere por la política y, en cambio, es ajeno al resto de las actividades humanas, sobre todo las productivas.
Frente a ello, Laserna propone algo que aparentemente resulta contradictorio: el reparto directo de las rentas del gas. Su argumentación para hacerlo es la siguiente:
a) Ya que no es posible ignorar que las rentas existen, hay que tratar de garantizar que sirvan efectivamente a los ciudadanos corrientes, a quienes nada tienen que ver con la administración del recurso ni forman parte de los grupos que, al movilizarse, pueden influir sobre su destino.
b) Si de veras se quiere que el dinero del gas ayude a la gente, como señalan los estatistas, ¿por qué, entonces, no darle directamente ese dinero a la gente? ¿Por qué no repartir los ingresos que recibirá el país de su industria petrolera de modo que los ciudadanos dejen de depender de los poderosos de turno, de los burócratas, de los charlatanes que agitan ilusiones ante las grandes mayorías, pero que todo lo hacen en su propio beneficio?

c) De esta manera, la riqueza del gas quedaría fuera del alcance de la corrupción y no sería materia de reparto discrecional. Además, con la distribución directa de la renta del gas, cada boliviano obtendría suficiente dinero para cambiar su vida y transformar, al mismo tiempo, la vida del país. Emergería un mercado interno que justificaría la creación de una industria nacional. Por fin los ciudadanos serían libres; liberados de la política, de la inevitable necesidad de organizarse para participar una y otra vez de las batallas contra el Estado; liberados del sueño inútil de salvarse mediante una “pega” en una empresa estatal, sueño que casi nunca se convierte en realidad. Se convertirían en rentistas con autonomía y financiarían al Estado a través del pago de impuestos, por lo que por primera vez tendrían un interés concreto en que éste funcione razonablemente bien. El Estado ya no dependería de las rentas, sino de su propio desempeño en beneficio de la ciudadanía.

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