La universidad capturada

El conflicto de la Universidad Mayor de San Simón pone en evidencia su mayor debilidad: el corporativismo. La autonomía y el cogobierno, que debían garantizar la libertad académica y resguardar a la universidad de la pugna política, son el mayor escollo para la renovación intelectual, el desarrollo de la ciencia y la creación de tecnologías. Muchos luchan cada día desde adentro para impulsar esas tareas, pero enfrentan diariamente las barreras impuestas por el control gremial de los sindicatos y los grupos que los manejan.

Para éstos, la universidad son salarios, beneficios, canonjías y favores, derivados todos de la participación en el presupuesto estatal. Este se administra con “autonomía” y se reparte en “cogobierno”, sujeto a controles meramente formales. Se invocan criterios académicos y de compromiso social en un discurso que todos repiten y nadie cumple.
El actual conflicto deriva de la postergación indefinida de procedimientos competitivos de reclutamiento y evaluación de docentes, que han reducido la proporción de docentes a la condición de oligarquía interna, cuyos privilegios resienten al resto. La titularidad se convirtió en una demanda gremial cuya satisfacción podía asegurar votos. Así procedieron en el Consejo.
El rechazo de los estudiantes a la titularización por antigüedad repudia la concesión de privilegios, pero ignora los que ellos mismos obtuvieron: la promoción con notas inferiores, exámenes especiales, permanencia indefinida, matrículas subsidiadas, cuotas de presupuesto, etc. Esto le quita fuerza a su discurso pretendidamente académico.
Además, la titularidad tiene un carácter feudal que obstaculiza la actualización o modificación de contenidos, limitando la renovación. Este problema de gestión académica no importa a nadie.
La autonomía y el cogobierno han permitido la “captura de la universidad por los gremios”, como decía Barnadas, y son ahora su mayor problema. Abolir esas normas tiene un costo político tan grande que nadie está dispuesto a pagarlo. Para cambiarlas desde adentro se necesita que las mayorías silenciosas se movilicen y rechacen la lógica corporativa. ¿Podemos pensar una alternativa?
Un Consejo Universitario compuesto por personas totalmente ajenas al quehacer cotidiano de la Universidad sería un primer paso a la renovación. Podrían ser nombrados por representantes de diversos sectores (docentes y estudiantes para honrar el cogobierno, pero también legisladores y colegios profesionales) y en base a prestigio profesional o académico, permaneciendo por periodos prolongados de tiempo (15 años por ejemplo), para honrar su autonomía.
A su vez, este Consejo designaría a las autoridades operativas (rector, decanos y jefes) sin condicionamiento alguno, buscando en el mundo entero a quien consideren más adecuado al cargo, sea o no boliviano de nacimiento, profesor titular o con libreta de servicio militar. A su vez, les exigiría resultados en términos de calidad en la formación profesional y en la investigación, sujetos siempre a evaluación y certificación externas, a partir de las cuales se negociaría el acceso al presupuesto. Un presupuesto que, además, debería estar abierto a las universidades privadas, también en consonancia a su calidad académica y al empleo de esos recursos para ofrecer becas o para investigación científica y tecnológica. Sin la presión de la competencia no habrá superación y la universidad seguirá siendo una manifestación del despilfarro rentista.

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