DISCAPACITADOS: UNA MARCHA SOBRE NUESTRAS PRIORIDADES

discapacitados-los_tiempos-600x335Los discapacitados se encuentran realizando una impactante movilización. Luego de haber hecho vigilias durante cerca de dos meses, sin lograr que se abriera el diálogo eficaz con las autoridades, optaron por marchar desde Cochabamba hacia La Paz. Sus demandas se concentran  fundamentalmente en la otorgación de un bono mensual de 500 bolivianos. Desde el gobierno hasta ahora solamente les ha llegado una respuesta: no hay recursos para atender esa demanda.

A poco de iniciarse la marcha, la prensa difundió el dato de que en los últimos años la instalación de campos deportivos empleó cerca de 350 millones de dólares. Muchos de esos campos deportivos son pequeñas canchas de fútbol con pasto sintético y cercas de malla olímpica, que son administradas por dirigentes locales. También por esos días un artículo llamó la atención acerca de los elevados costos que representa el avión presidencial, adquirido en varias decenas de millones de dólares y que se caracteriza por sus elevados costos de operación, no siempre justificados en temas de Estado. También se difundió la lamentable noticia de que el proyecto de exploración de hidrocarburos en el norte de La Paz, Lliquimuni, había fracasado pese a las varias centenas de millones de dólares que se invirtieron en él. Por último, la atención pública ha estado concentrada en los problemas de la empresa china CAMCE, cuyos proyectos con el estado superan los 500 millones de dólares.

A la luz de estos datos, la afirmación gubernamental de que “no hay recursos” parece más bien poner de relieve que los discapacitados no se encuentran entre las prioridades estatales.

En agosto del año 2008 se promulgó la ley 3925 creando el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad para atender a los discapacitados con una asignación anual de 40 millones de bolivianos. Así se justificó la eliminación de los subsidios a los partidos políticos con los que se trató de fortalecer el sistema democrático. En el año 2011, mediante decreto, se dispuso para la administración de ese fondo la creación de unidad ejecutora dependiente del Ministerio de la Presidencia, y al año siguiente se creó la renta solidaria para los discapacitados en situación grave y muy grave por un monto de 1000 bolivianos anuales, asignando a dicho fin la mitad de la asignación anual del Fondo. Los otros 20 millones anuales son destinados a proyectos de beneficio para los discapacitados.

En la página web del Fondo (http://fnse.presidencia.gob.bo/) se informa sobre algunos de esos proyectos. Por ejemplo se han establecido centros de costura, de preparación de comidas y de rehabilitación, pero al parecer el proyecto principal consiste en la distribución de pequeñas casetas de venta o quioscos callejeros que pueden ser atendidos por personas con discapacidad. Sin desmerecer la importancia que pueden tener estas acciones, es evidente que su cobertura es limitada y está lejos de resolver la diversidad de necesidades que tienen las personas con discapacidad. De otro modo, no estaríamos frente a una movilización que demanda tanto sacrificio.

Lo que sucede en este caso no es excepcional, al contrario, parece reflejar un estilo político paternalista profundamente arraigado en nuestro país. Un estilo que supone que los beneficiarios no conocen sus verdaderos problemas y no pueden resolverlos, por lo cual se atribuye a la burocracia la solvencia técnica y profesional necesaria para hacerlo. Es decir,  se presume que los funcionarios saben lo que los beneficiarios necesitan, y que éstos no pueden sino ser receptores pasivos de la generosidad pública. En esa lógica se encuentran los subsidios de maternidad y los programas que distribuyen mochilas a los estudiantes.

Frente a las evidentes limitaciones del paternalismo estatal somos muchos los que, desde hace tiempo, planteamos la alternativa de entregar de manera directa a los beneficiarios los recursos que les son supuestamente destinados. Las transferencias directas han demostrado ser, en todos los casos que se han estudiado, altamente eficaces. Primero, porque su costo de administración suele ser muy bajo y genera pocas oportunidades para el desvío de dinero o su utilización inadecuada por parte de la burocracia. Segundo, porque se puede tener constancia de que los recursos llegan realmente a sus destinatarios. Finalmente, porque en la mayor parte de los casos se ha podido comprobar que los destinatarios utilizan adecuadamente el dinero que reciben, resolviendo sus problemas principales y empleando con prudencia el dinero.

A pesar de estas evidencias, todavía es frecuente escuchar que la entrega de dinero en efectivo sólo conduce al despilfarro, la compra de artículos suntuarios, e incluso el consumo de bebidas. Aunque esto sí puede ocurrir en algunos casos, no representa la realidad de la mayoría. En Bolivia tenemos la experiencia del Bonosol-Renta Dignidad cuyo éxito es reconocido dentro y fuera del país, pero que sin embargo no parece haber sido una lección bien aprendida.

Los discapacitados señalan con razón que un bono de 1000 bolivianos al año es insuficiente y por ello piden que él mismo se aumente a 6000 bolivianos, lo que representaría una pensión de 500 bolivianos mensuales. Si todos los recursos del fondo fueran entregados de esta manera, alcanzarían para unas 6600 personas. Es seguro que la cantidad de posibles beneficiarios sea mucho mayor. No existen cifras confiables sobre la cantidad de personas con discapacidad, especialmente tomando en cuenta que hay grados muy diversos de discapacidad.

El último censo nacional incluyó preguntas sobre este tema y permitió detectar que cerca del 10% de la población boliviana sufriría algún tipo de discapacidad. Esta es una proporción elevada pero incluye también a muchas personas con problemas que no constituyen una gran limitante para el estudio, el trabajo o el deporte. Algo de miopía, un poco de sordera, dificultades de aprendizaje, algunas restricciones en movimiento, son comunes pero no impiden llevar a cabo una vida normal. Los niveles más graves de discapacidad afectan a una proporción mucho más reducida de gente. Un estudio apoyado por la cooperación japonesa y la Organización Panamericana de la Salud del año 2000 (http://www.ops.org.bo/textocompleto/ndi24111.pdf )  encontró que en grado tres de discapacidad grave se encontraba cerca del 20% de las personas con discapacidad y en el grado cuatro o muy grave se encontraba el 10% aproximadamente. Si combinamos estos datos suponiendo que conservan alguna vigencia podemos estimar que en el país hay unas 100,000 personas con un nivel de discapacidad muy grave. A cada una un subsidio de 6000 bolivianos al año requeriría 600 millones, o poco menos de 90 millones de dólares. Esta es sin duda una cifra muy superior a la que se destinó para el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, por lo que sería necesario determinar fuentes adicionales de financiamiento. Pero es posible también diseñar opciones intermedias. Supongamos por ejemplo que las personas con discapacidad muy grave reciban una pensión anual similar a la Renta Dignidad. Y que las personas con discapacidad grave, estimadas en 200,000, reciban la mitad de esa cifra. Un programa de esta naturaleza necesitaría poco más de 80 millones de dólares al año.

Esa cifra puede parecer todavía elevada, sobre todo considerando que estamos sobreestimando las cifras y que el número de beneficiarios sería mucho menor. Pero el impacto económico justificaría con creces esta inversión.

En primer lugar, porque permitiría dar una pensión de invalidez de cobertura prácticamente total a las personas con discapacidad grave y muy grave. Aunque la suma individual es indudablemente modesta, alcanzaría para que todos ellos pudieran acceder a un seguro básico de salud como el que ya ofrecen algunas entidades del país. Y el saldo permitiría a sus familias cubrir por lo menos una parte de los costos especiales que requiere la atención de una persona con discapacidad.

En segundo lugar, debe tomarse en cuenta que la discapacidad grave suele representar una carga familiar tan grande que en muchos casos impide que las familias puedan superar la pobreza. De hecho, en los niveles más bajos de pobreza suelen encontrarse a la mayor parte de las personas con discapacidad grave y muy grave. Por lo tanto un programa de esta naturaleza contribuiría de manera decisiva a reducir la pobreza en el país.

En tercer lugar, considerando que esos recursos serían destinados al gasto personal y familiar, habría que tomar en cuenta que tendrían también un importante efecto multiplicador en la economía. Tomando en cuenta un estudio sobre el tema realizado hace algunos años, pensamos que transferencias directas por 90 millones de dólares a familias de escasos recursos podrían generar un movimiento económico de casi 400 millones de dólares al año. En consecuencia, el programa tendría como efectos indirectos el aumento del empleo y el crecimiento de la economía.

Estas tres dimensiones muestran que una pensión de invalidez no solamente es más viable sino que tiene efectos mucho más positivos para el país que proyectos de inversión como el de Lliquimuni, para no mencionar otros más modestos pero igualmente fallidos.

Un programa de esta naturaleza tampoco tiene grandes dificultades operativas. Ya existen en el país desde hace años instituciones, normas y profesionales que pueden calificar los grados de invalidez. A ellos recurren los fondos de pensiones, tanto para certificar el grado de invalidez como para corroborar la persistencia de problemas cuando se tienen dudas. Y los montos podrían distribuirse utilizando el sistema bancario tanto si se trata de pagos mensuales como si se tratara de pagos anuales. Los pagos mensuales facilitan el empleo del dinero en las necesidades habituales, mientras que los pagos anuales pueden contribuir a que las personas con discapacidad y sus familias realicen pequeñas inversiones.

Las personas con discapacidad no han buscado encontrarse en esa situación. Su demanda no está solamente motivada por su dolorosa condición personal. Ella surge también de haber sido testigos de una bonanza exportadora sustentada por recursos naturales que también les pertenecen, pero que en algunos casos fueron penosamente desperdiciamos. Y surge también del fondo nacional de solidaridad y equidad, una promesa con buenas intenciones y limitado impacto.

Todavía es posible aprovechar la marcha de los discapacitados para movilizar nuestra conciencia y reordenar nuestras prioridades.

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