La prisión corporativista de la Universidad

La Universidad Mayor de San Simón se encuentra en una de sus peores crisis. Es triste observar cómo, concentrando una fuerza intelectual y técnica tan grande, y contando con tantas personas de talento, San Simón no logra encontrar salidas a su crisis.

En mi criterio, no es por falta de opciones o estrategias. Basta conversar con docentes y estudiantes para darse cuenta de que se conocen las dimensiones de esta crisis, y hay muchas estrategias para devolver a San Simón el sitial que tuvo, de ser la mejor universidad boliviana, e incluso llevarla más arriba. Hasta podría decirse que en su Estatuto actual están las bases de dicha estrategia.
El problema es que, en ese mismo Estatuto, también están los barrotes que la tienen prisionera y le impiden avanzar. Obviamente, no es sólo cuestión de Estatuto, ya que esos barrotes han sido generados a lo largo de varias décadas y son parte fundamental de su tradición y hábito. Me refiero, si se me permite resumirlo en una palabra, al corporativismo.
La autonomía fue convertida en norma constitucional desde el referendo de 1931, cuyos resultados han sido respetados a pesar de cambios y reformas constitucionales posteriores. Para eso son los referendos. Ese principio fundamental, concebido para defender la libertad de pensamiento y de expresión y por tanto la “universalidad” del conocimiento, ha sido asociado al cogobierno, un mecanismo participativo de gestión que debía garantizar la autonomía frente al Estado, y la libertad frente a la intolerancia.
Con el correr de los años ese instrumento se ha transformado hasta convertirse en un fin en sí mismo y con el cual los grupos organizados de docentes y estudiantes buscan alcanzar objetivos y privilegios particulares, muchas veces alejados de los intereses comunes que dicen representar.
Por el corporativismo la universidad cierra sus puertas a todos los académicos del mundo, sin importar su calidad o interés científicos, para elegir a sus autoridades únicamente entre sus propios docentes. Y además lo hace excluyendo a la mayoría de ese ya reducido grupo, pues solamente pueden ser candidatos quienes alcanzaron el privilegio de la titularidad en la cátedra. A los órganos colegiados, como los Consejos, solamente pueden elegirse representantes entre aquellos del grupo que cumplen requisitos igualmente excluyentes. Y se multiplican esos órganos desde el nivel general, de la universidad, hacia las facultades, las carreras y los departamentos. En todos esos niveles hay estudiantes interviniendo en la administración académica, sin estar preparados para ello, así como docentes y autoridades obligados a satisfacer las promesas que hicieron a los grupos de presión que les permitieron llegar a ese lugar. Los desafíos académicos y el interés común quedan postergados, y olvidados.
Es necesario romper los barrotes del corporativismo desplazando a los sindicatos de docentes y estudiantes lejos de la administración académica, pues en ella deben regir otros criterios y otras prácticas.
No estoy en contra de la participación docente estudiantil pero sí pienso que deberían buscarse fórmulas basadas en las jerarquías académicas y abriendo plenamente la Universidad al mundo.
Pienso que un Consejo Universitario puede ser elegido por votación directa de estudiantes y docentes, siempre que ellos tengan plena libertad para buscar candidatos dentro o fuera de la universidad y en tanto cumplan ciertos requisitos mínimos de formación académica. Así, los estudiantes podrían elegir como sus representantes a personalidades destacadas que puedan expresar sus intereses de una formación profesional de mejor calidad y mayor pertinencia.
Ese Consejo, ya paritario, podría constituirse en el Claustro que elija las autoridades ejecutivas, buscando dentro o fuera de la Universidad a las que mejor puedan ejercer el cargo, dadas las condiciones de remuneración y evaluación que correspondan.
En los niveles inferiores, de Facultades y Carreras, podría procederse de manera similar en cuanto a las autoridades ejecutivas, que serían designados por el consejo universitario en base a concursos abiertos a cualquiera aunque con la supervisión de comisiones especiales de las facultades y carreras.
Creo necesario insistir en la apertura porque ella puede romper el control corporativista. En muchas universidades es una condición para ser autoridad la de no haber trabajado en ella, pues de ese modo se promueve el intercambio de experiencias y se evita el incesto académico.
Proponer condiciones académicas para los miembros del Consejo y un único Consejo como autoridad máxima seguramente nos llevaría a una universidad elitista. Ya veo que alguien mencionará este tema como una objeción. Pero justamente de eso se trata. La universidad forma élites profesionales y técnicas, y su deber es formar las mejores élites posibles! No puede ser sino elitista en su funcionamiento! Lo importante es que lo sea en términos de conocimiento y capacidades intelectuales, no de sindicatos, o de política, o de etnia, edad o género, que al final son también mecanismos de discriminación y jerarquización aunque se los levante en nombre de una supuesta igualdad democrática.
Enfrentar este desafío, lamentablemente, no parece posible pues, como señalé, su Estatuto cierra la participación a sus corporaciones, incluso cuando se trata de su Congreso, máximo nivel de decisión orgánica. Renunciarán las federaciones, los sindicatos, los centros al control de la universidad que es lo que ahora les permite vivir?

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