Presiones al sistema de pensiones

El actual sistema de pensiones en Bolivia, manejado por dos Administradoras de Fondos de Pensiones, ha estado bajo presión desde su nacimiento. Fue resistido por las dirigencias sindicales, que se beneficiaban de los directorios en los fondos complementarios y la seguridad social, y por los que aspiraban a ejercer su capacidad de presión sobre el Estado para arrancarle subsidios especiales en su etapa de jubilación. Nunca pudo operar libre de presiones y solamente sujeto a las regulaciones de la autoridad de supervisión. Aún así se esperaba que cumpla todos sus objetivos. Esto es como lanzar al agua a un nadador maniatado y esperar que nade bien.

La pugna ideológica contrapuso un idealizado sistema de reparto con el sistema de capitalización individual, asignando al primero las “virtudes” de la solidaridad y al segundo los “defectos” del individualismo. Y con esa lógica se propuso la reforma del 2010 que crea una Gestora Pública en reemplazo de las AFPs, además de crear rentas solidarias y establecer rangos mínimos y máximos para las pensiones.

Afortunadamente, el proceso de transferencia de las AFPs a la Gestora ha resultado ser muy complejo y hasta ahora no se ha realizado. Pero en todo este tiempo las AFPs han estado sometidas a una gran incertidumbre que, por supuesto, afectó seriamente su desempeño y la confianza de sus clientes, actuales y potenciales.

En un sistema de pensiones la confianza es crucial. Se trata de realizar ahorros a largo plazo y eso solamente puede hacerse si se tiene confianza en que al culminar el ciclo laboral los ahorros que uno deposita estarán ahí, seguros, para garantizar la etapa de retiro, la jubilación.

Los que quisieran un sistema administrado por el Estado esperan que los recursos públicos sean los que den esa seguridad. En otras palabras, esperan que los recursos que son de todos, les den protección privilegiada a ellos. Así era antes. No importaba el monto de los aportes, bastaba calcular los últimos sueldos para obtener una pensión que en los hechos terminaba subsidiada por todos, ya que cuando no alcanzaba el dinero se buscaban transferencias públicas. Y bien sabemos que con frecuencia se inflaban esos últimos sueldos para alcanzar jubilaciones más elevadas.

En esa esperanza se basa la ilusión de que aportando el 10% durante 25 años sería posible tener un 100% del sueldo final los siguientes 25 años.

El sistema actual es mucho más justo. Uno recibe en función a lo que aporta, y a los rendimientos de sus ahorros a lo largo de todo el periodo. Si se quiere una jubilación elevada pues entonces habrá que aportar proporciones superiores al mínimo y por periodos más prolongados. Esto implica que el aportante debe tener mayor capacidad para decidir lo que hace, incluyendo la posibilidad de cambiar de una AFP a otra que rinda mejor. Pero al mismo tiempo es clave que las AFPs puedan comportarse más libremente a fin de buscar el mayor rendimiento posible para sus clientes. La excesiva regulación ha impedido que esto ocurra en el país, afectando los rendimientos de los ahorros. Y además las rentas solidarias han erosionado los ahorros individuales premiando a los que aportaron menos durante su vida laboral.

A pesar de estas limitaciones, el sistema ha demostrado ser exitoso y mucho más sólido que el sistema anterior, que se encontraba en la quiebra cuando llegó la reforma, que fue por eso más obligada que opcional.

Por eso me llamó la atención que hace unos días se difundiera un informe de la OIT decretando el fracaso de las AFPs y abogando por la reforma del sistema de pensiones.

Cuando se cambió el sistema anterior, se desconocía a cuánto alcanzaba el patrimonio acumulado por los aportantes y éstos no tenían registros que respaldaran sus ahorros. Por entonces la jubilación era privilegio de los asalariados sindicalizados, ya que nadie podía afiliarse individualmente.

El nuevo sistema comenzó en 1997 con 329 mil afiliados y hoy cuenta con 2.3 millones. Ha crecido a un ritmo casi 9 veces más rápído que el crecimiento de la población, lo que quiere decir que su cobertura aumentó significativamente. En el nuevo sistema cualquiera puede afiliarse y todo aportante puede consultar el monto de sus ahorros recibiendo cada año información sobre los rendimientos que han generado, lo que antes era imposible.

En los primeros 10 años los aportes alcanzaron a 3.400 millones de dólares y para febrero de 2019 ya superaron los 17 mil millones de dólares. Este dinero pertenece a los 2.3 millones de aportantes cuyas cuentas están contabilizadas al centavo. Ese dinero no es de las AFPs y tampoco del Estado. Su cuidado ha permitido que en estos 30 años no se registrara ni un solo caso siquiera parecido al Focssap y menos al Fondioc.

En este momento hay más de 140 mil jubilados que reciben cada mes unos 355 millones de bolivianos de las AFPs.

El monto de las pensiones es indudablemente bajo pero éste es el resultado de muchos factores. El haber evadido el depósito de aportes en la edad más productiva, el haber forzado el retiro a una edad temprana, el haber limitado las opciones de inversión de las AFPs y el obligarlas a financiar la deuda del Tesoro General son algunos de esos factores, por lo que la responsabilidad o culpa de ese bajo rendimiento son compartidas.

En conclusión, el sistema no está en absoluto quebrado, como decía el alarmista titular de la nota de El Observador Económico, y tiene la solidez que le dan los 17 mil millones de dólares de los aportantes. Puede mejorar sus rendimientos y servir mejor a sus clientes, contribuyendo también de un modo más eficaz al bienestar general. Por supuesto. Pero no podrá hacerlo mientras penda sobre el sistema la espada de Damocles de la intervención estatal y la inaceptable promesa de restablecer un sistema que dependa de los subsidios estatales.

El autor es economista de CERES

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