Archive for the ‘Asamblea Constituyente’ Category

Don Marcos Escudero, un notable olvidado

August 17, 2011

Esta es la firma de Marcos Escudero. Se encuentra en un certificado que él mismo expidió de puño y letra en 1850, recordando haber presidido un examen de grado seis años atrás, en su condición de Cancelario de la Universidad de San Simón.

 

Este dato es importante, porque su nombre no figura en las listas oficiales de la Universidad, (more…)

La economía plural y el igualitarismo

December 10, 2010

Los discursos gubernamentales reiteran la promesa del igualitarismo, y la Constitución Política del Estado define la economía boliviana como plural. La teoría y la historia sugieren que esa combinación no es viable. (more…)

El cambio que no cambia

August 8, 2010

La historia reciente del país ha estado marcada por la promesa del cambio. Insatisfechos con nuestras condiciones de vida y de trabajo, con las perspectivas que ofrece el país a nuestros hijos, con la pobreza extendida por toda el área rural y las visibles desigualdades en las ciudades, con la debilidad e ineficacia de nuestras instituciones, con la lentitud de la justicia y la precariedad de la Policía, con el comportamiento de nuestra dirigencia política y hasta con el bajo desempeño de nuestro fútbol, los bolivianos apostamos por el cambio y nos dejamos deslumbrar por quienes lo prometen rápido y sin costo.

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6 de Agosto… de qué patria?

July 27, 2009

El 6 de agosto se conoce como el Día de la Patria pero lo que se celebra es la Fundación de la República. Al reunirse la Asamblea Constituyente fijó como fecha de Fundación de la República e Bolívar el 6 de Agosto, en homenaje a la victoria conseguida por el Libertador en Junín, un año antes. Y lo que se fundó entonces fue una República.
Desde el año 2009 rige en Bolivia una nueva Constitución Política del Estado que se propuso dejar “en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal”, creando el Estado Plurinacional cuya fecha de fundación sería el 25 de enero. Si esto es así, no tiene sentido alguno que se mantenga el 6 de agosto como la fecha de celebración oficial del día del Estado Plurinacional. Hacerlo revela un grado de incoherencia tan grave que el mundo creerá que somos un país de esquizofrénicos. A lo sumo, el 6 de agosto debería quedar como una fecha dedicada a conmemorar el proyecto republicano que perdimos en esa chacota plagada de ilegalidades que fue la Asamblea Constituyente que sancionó, a la fuerza y lejos del debate y de las normas, la Constitución en vigencia. (more…)

Tristes impostores

July 21, 2009

Pocas cosas me resultan tan tristes como las imposturas reveladas. Anoto tres. (more…)

¿La nueva Constitución de Bolivia?

January 23, 2009

                 Comprimiendo la nueva CPE en una sola página, tenemos la imagen que acompaña esta nota. La frecuencia con que se utilizan las palabras se representa en los tamaños que ellas tienen en el gráfico. Si se observa con detenimiento el gráfico se verá que resalta nítidamente la intención ideológica de sus autores, pues sobresale entre todas la idea del Estado. De hecho, esta palabra se repite 463 veces en todo el texto, poniendo en evidencia cuál es la preocupación y la intención de los autores. En contraposición, encontramos que la palabra democracia, incluyendo sus derivadas (como democrático), se mencionan solamente 14 veces.
Puede también observarse que palabras como plurinacional, indígena y derechos destacan por encima de las demás. Cada una de ellas es repetida más de 120 veces. La idea de ciudadano, por otra parte, es confinada a los márgenes de la CPE, con menos de 50 menciones, y tienen frecuencias de mención incluso menores palabras como libertad o justicia. En términos económicos, la palabra más aludida es recursos, con 121 menciones, en tanto que el mercado es prácticamente ignorado, con 4 menciones en todo el texto, y la tecnología, en todas sus derivaciones, logra 16 menciones.
¿Más claro?

Paradoja post Referendo

January 21, 2009

Evo Morales puede haber ganado un nuevo referendo más, y confirmar de ese modo su popularidad. Pero es indudable que al mismo tiempo está debilitando su capacidad de gobernar y, por lo tanto, su poder de hacer efectivas sus promesas. Esa es la paradoja.

La nueva Constitución está llena de promesas que corresponden a las expectativasque han sido alentadas durante los últimos años. Pero está también tan llena de disposiciones confusas y contradictorias, que será poco menos que imposible gobernar con ellas. Más aún, la aprobación de la nueva Constitución representa un salto en el proceso de debilitamiento institucional y, por lo tanto, en la posibilidad de hacer gestión de gobierno, pues para ella se necesita organización, normas, reglamentos, líneas de mando y de toma de decisiones. Y todo eso forma parte del sistema objetado y repudiado por el proyecto de Constitución, que aspira a reemplazarlo todo por una nueva institucionalidad.

Para construir esa nueva institucionalidad se necesita personal y, por tanto, tiempo y dinero. El Presidente cree que tiene lo primero, por eso su afirmación de que llegó a Palacio “para toda la vida” y su énfasis en elecciones y votos que reafirmen su popularidad. Pero no tiene dinero. La industria del gas, su principal fuente de recursos fiscales, está estancada,  y la desconfianza en los mercados hacia Bolivia como proveedor de gas es cada vez mayor. En este momento el país ocupa el peor lugar en los índices de confianza de la industria petrolera (ver la encuesta del Fraser Institute), lo que quiere decir que los inversionistas prefieren tratar con Cuba, Irán o Angola antes que con Bolivia.

Evo, más popular pero con menos poder. Esa es la paradoja. Por supuesto, me refiero a poder no en términos de la autoridad que puede ejercer sobre su círculo de amigos o sobre las masas que lo aman, sino al poder de hacer cosas, de transformar la realidad, de cumplir promesas. Ese poder es cada vez menor y, en gran medida, como consecuencia de sus propios actos.

Incertidumbre jurídica… ¿deliberada?

October 23, 2008

La elaboración y aprobación apresurada de leyes en el país suele generar más incertidumbre que derechos. A veces creo que lo hacen a propósito, para dejar agujeros útiles para quien sabe cómo aprovechar el famoso dicho de “hecha la ley, hecha la trampa”.

El Congreso acaba de cambiar el texto del proyecto de Constitución aprobado en Oruro, en medio de reprochables presiones tanto en aquélla como en esta última oportunidad, y ha aprobado también una ley que convoca a referendum para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional.

La Ley 2769 que regula los referendos tiene una redacción tan mala que deja un hueco legal por el cual se colarán nuevos elementos de incertidumbre. En efecto, en su artículo 10 dicha ley dice:  “Se prohibe la convocatoria a Referéndum durante la vigencia de un estado de sitio”.  En este momento estamos en estado de sitio, aunque restringido al Departamento de Pando, por lo que convocar a referéndum en estas circunstancias está expresamente prohibido y hacerlo es ilegal.

El gobierno se escuda en el hecho de que este referéndum fué implícitamente convocado en la Ley 3364 de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, por lo que fijar la fecha ahora no caería bajo esta norma. Y, en efecto, el artículo 25 de la ley 3364 dispone que se convoque a referéndum para aprobar o rechazar el texto constitucional, pero obviamente se refiere al texto que hubiera sido aprobado bajo esa misma norma, que en el artículo inmediato anterior, el 24, disponía que la aprobación debía hacerse por “dos tercios de votos de los miembros presentes” y, por supuesto, en su sede, que según el artículo 6, era la ciudad de Sucre. Nada de eso se cumplió, ¿por qué entonces la misma ley es ahora invocada para defender la convocatoria a referéndum?

La intención del legislador, además, posiblemente se refería no solamente a la convocatoria sino a la realización misma del referéndum, pues es un principio fundamental que los actos electorales se realicen en condiciones de plena libertad para los ciudadanos, que es algo que restringe el estado de sitio. Pero la redacción de la ley de referendum es tan mala que no lo decía así de claro, refiriéndose solamente a la convocatoria. Y por eso, los  abogados que arreglan las ilegalidades del gobierno salen ahora con que el momento en que se realice el referéndum ya habrá terminado el estado de sitio en Pando, de manera que ese problema se habría “salvado”. Tal vez sea “legal” este argumento, pero prueba nomás que la ley está redactada de una manera muy defectuosa.

Por si fuera poco, la misma ley 2769 en su artículo 11 dice que no podrá realizarse ninguna modalidad de referéndum en el período comprendido entre los 120 días anteriores y los 120 días posteriores a elecciones nacionales o municipales.  No menciona las prefecturales porque ellas todavía no habían sido incorporadas en nuestra práctica democrática, pero debería ser obvio que la norma se extiende a esas elecciones. De ser así, se invalidaría el referéndum ya que están pendientes las elecciones prefecturales en La Paz y Cochabamba.  

Y aquí viene otra trampita. Como la ley está mal redactada, dice que no se puede 120 días antes ni 120 días después, pero no dice que no se pueda en el mismo día! Y es por eso que han fijado el 25 de enero para el referéndum, transgrediendo la intención de los legisladores, que querían aislar el acto de votar en un referéndum del acto de elegir autoridades o representantes.

La incertidumbre jurídica no implica solamente que no hayan tribunales o que los funcionarios judiciales y fiscales sean objeto de presiones de otro poder, sino que también proviene de la defectuosa redacción de las normas. Este defecto es tan frecuente que lleva a sospechar si no será deliberado, evitando la claridad justamente para dar campo a triquiñuelas y chicanerías en los tribunales, y a la resolución de controversias por medio de la presión y el conflicto.

Esto, que observamos en dos leyes, se reproduce y multiplica en el nuevo proyecto de Constitución. Ya podemos suponer lo que se viene después…

A referendum!

October 21, 2008

Cuando escribo estas líneas, 20 de octubre de 2008, el Congreso está reunido para dar forma a un acuerdo político de transacción. Con una Plaza Murillo invadida por militantes del gobierno, que disfrazan su presencia amenazante con bailes y cantos festivos, el Vicepresidente adelantó los principios de un acuerdo político según el cual se convocaría a referendum para sancionar un nuevo texto constitucional modificado en mucho más que algunas comas y puntos. Se dice que este acuerdo habría sido viabilizado por la renuncia del Presidente a un año de su mandato actual -desconociendo el referendum que lo ratificó para que lo cumpliera íntegramente- y a presentarse a reelección después de que concluya su segundo mandato -que no ha empezado y que de todos modos dependerá de las elecciones que se realicen en diciembre del 2009-.

Esto quiere decir que el voto popular en Bolivia no vale nada.

En efecto, de nada sirvió el 67% del referéndum que ratificó el mandato del presidente Morales, y de nada servirá la votación de diciembre del 2009, pues ya se da por descontada la victoria del mismo presidente Morales.

Y quiere decir también que la ley no vale nada. La Asamblea Constituyente, ilegalmente incorporada como opción de reforma el 2005, rompió de tal manera sus propias normas y las que regulaban su funcionamiento, que ha quedado como redactora de un borrador descartable. Ahora resulta que Comisiones ad hoc creadas por acuerdo de bancadas puede cambiar lo que ella aprobó, en medio de violencia y presiones, en las sesiones de La Glorieta (noviembre 2007) y Oruro (febrero 2008). Por si esto no quedara suficientemente claro, en este momento los políticos repiten la fórmula de “meterle nomás” para que los legisladores “arreglen” luego la parte legal.

Los ideólogos del “poder constituyente” argumentan que todo esto se basa en la idea de que en democracia el pueblo es el soberano, y que, por tanto, no hay razón ni ley que estén por encima de la presión callejera. Esa que esta noche ejercen los pocos miles de militantes que rodean el Congreso, y que condenan al silencio a los millones de ciudadanos que fueron e irán a las urnas creyendo que su condición ciudadana tiene algún valor.

¿Qué sucederá cuando cambien los sentimientos y las pasiones? ¿A qué ley o a qué votos recurrirán los gobernantes para justificar su permanencia en el futuro?

Uno no puede dejar de recordar que Victor Paz consiguió legalizar su reelección en  1964, y que en aquella oportunidad obtuvo más del 85% de los votos… pero menos de tres meses después era derrocado por su propio vicepresidente, sin que pudieran protegerlo la ley que él mismo arregló, los milicianos que lo defendieron con armas, ni los militantes de su partido que se habían beneficiado de tierras, cupos, pegas y otros privilegios distribuidos en sus largos años de mandato.

Por supuesto, la historia no se repite. Pero algo deberíamos aprender de ella y de la sentencia de Franz Tamayo, que en algún momento afirmó que “la única servidumbre que no mancha, es la servidumbre a la ley”. Lo dijo Tamayo que ha sido de los pocos, en este país, que sabía lo que decía…

Oportunidad para la concertación

March 10, 2008

En un programa de TV emitido durante el fin de semana pasado, Julio Cesar Caballero me preguntó lo que significaba en la actual coyuntura la decisión de la Corte Nacional Electoral de suspender los referendos autonómicos.

Como la mayor parte de la prensa, la pregunta concentraba su atención sobre los referendos autonómicos, cuando al mismo tiempo la CNE dispuso la suspensión del referendo constitucional en una resolución que no solamente hacía referencia a la inviabilidad logística de cumplir los deseos del gobierno sino, además, la ilegalidad de lo hecho por el MAS en el Congreso la semana pasada. Exeni, como Presidente de la Corte, ha rechazado la actuación gubernamental del jueves 28 y se ha colocado al frente de un gobierno que no vaciló en ejercer la fuerza en plena Plaza Murillo.

Con justa razón, la oposición se ha mostrado desconfiada con la CNE y su presidente, y cree que estamos frente a una maniobra para demorar las autonomías. Pero al margen de las intenciones que pudiera tener Exeni, lo evidente es que ha puesto al gobierno nuevamente donde estaba: frente a la pared. Y sería un grave error de la oposición no aprovechar las circunstancias creadas de esta manera para impulsar un proceso de concertación política que recupere algo de la institucionalidad perdida. Si de aquí se pudiera lograr, cuando menos, un Tribunal Constitucional en serio, ya se habría logrado mucho.

Existe, en consecuencia un pequeño espacio para la concertación, una pequeña oportunidad para la negociación política.

Por supuesto, no será fácil llevarla a cabo por la gran desconfianza que se ha creado entre todos los actores políticos. Pero no será imposible si se la lleva a cabo siguiendo alguna metodología probada para la concertación o, cuando menos, buscando un acuerdo procedmiental de inicio, antes siquiera de discutir la agenda. En el actual grado de desconfianza, lo aconsejable sería buscar, primero que nada, un acuerdo sobre mediador, facilitador o, incluso, arbitro, que bien puede ser una persona en la que ambas partes confien, o una institucion con suficiente poder como para que las partes la respeten, o teman.

Si el resultado de este proceso es tener un arbitro propio y permanente, es decir, un Tribunal Constitucional fuerte e independiente, habremos ganado mucho en la preservacion de la democracia.

Sinceridad constituyente

December 19, 2007

El Presidente Evo Morales ha festejado la entrega de un texto constitucional aprobado a mano alzada por el MAS. Ya sabemos que la propuesta es excluyente y que ha sido aprobada luego de numerosos vicios procedimentales y transgresiones legales. Y también que enfrenta el repudio de una gran parte de los ciudadanos. De nada sirven las 400 promesas que contiene si, como los dedos que cruzan los niños por detrás cuando no son sinceros, incluye la posibilidad de cambiar por mayoría todas las promesas (art. 411).

Al gobierno le costará convencer a los bolivianos de que es una propuesta viable y de que encarna sus aspiraciones de cambio y de progreso, o incluso las de “vivir bien”.Para empezar, tendría que mostrar las dos manos y no cruzar los dedos a escondidas. Y practicar lo que predica. Puede hacer de inmediato las dos cosas, sin esperar una nueva constitución y ni siquiera una ley. Bastaría respetar la concertación para la reforma y poner en práctica inmediata los aspectos que requieren solo voluntad política.

Veamos algunos ejemplos.  La propuesta del MAS dice que “la censura (en una interpelación) implicará la destitución de la Ministra o del Ministro” (art. 159,16). Hace apenas unos días y cuando este borrador ya era conocido, se censuró al Ministro Rada. Lejos de destituirlo,  el Presidente rechazó su renuncia y lo ratificó. Y así lo hizo en todas las censuras anteriores a sus ministros. La propuesta no obliga al Ministro censurado a renunciar, sino al Presidente a destituirlo. Si es consecuente, el Presidente debería aplicarla y destituir a los ministros que ya fueron censurados.

En otro apartado, la propuesta del MAS establece que para el desempeño de funciones públicas es requisito “conocer al menos dos idiomas oficiales del país”. La lista es suficientemente amplia como para esperar que, cuando menos el Presidente y su gabinete sepan al menos dos. Y si no, lo más lógico sería despedir a los que necesitan aprender otro. Se dirá que esta propuesta no está vigente. Pero se trata, justamente, de demostrar que el festejo oficialista es sincero y que, incluso sin la obligación, las autoridades del MAS cumplirán lo que le plantean al país. De aprobarse esa norma (art. 235), sería obligatoria para todos los servidores públicos, desde el Presidente hasta los barrenderos de las alcaldías, incluyendo los técnicos de las empresas, las embajadoras y los secretarios, las maestras, médicas y enfermeros, diputados, senadores, magistrados y todo el que aspire a una pega pública. Nada impide al Presidente exigir de inmediato su cumplimiento a todo el círculo superior del Poder Ejecutivo, empezando por él mismo. Y lo justo sería acudir a un evaluador externo que califique el conocimiento idiomático, pues no basta repetir un slogan o recitar una canción para acreditar dominio de lenguaje. Como se dice, promesa es deuda y sinceridad obliga.

Algo similar puede darse con los suplentes. El proyecto del MAS los elimina del Congreso o Asamblea Legislativa Plurinacional. Para ser coherentes deberían renunciar sus suplentes o, cuando menos, dejar de recurrir a los ajenos cuando necesitan crear quórum luego de impedir la asistencia de los titulares de la oposición.

Es cierto que la propuesta del MAS no incluye la sinceridad entre los veinte valores que propone como sustento del Estado (su art. 8), pero sí propone en ese mismo artículo “el principio ético moral del ama llulla” (no seas mentiroso).La ley no les prohíbe lo que ya empezaron a festejar.   El autor pertenece a www.columnistas.net

La Asamblea y el asambleísmo

August 18, 2007

En una típica maniobra del asambleísmo predominante en los sindicatos obreros, campesinos y estudiantiles, la directiva de la Asamblea Constituyente ha proscrito el debate racional de su seno. En efecto, utilizando argucias inaceptables en un órgano que debiera ser el mayor ejemplo de democracia, ha impuesto en su plenaria un voto de silencio sobre la demanda de la capital de la República, que exige la consideración del derecho que le fuera arrebatado por la fuerza en 1899.

Al parecer, hoy como ayer, la dirigencia paceña tiene más fe en la fuerza que la razón pues se niega incluso a debatir la cuestión de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el lugar más adecuado para ello. Porque si la Asamblea Constituyente no puede tratar un tema tan elemental, ¿con qué autoridad podrá tratar otros?

Aunque sabíamos que la Asamblea Constituyente fue también impuesta por la fuerza como parte de una estrategia destinada a construir poder mediante la creación de incertidumbre sobre el sistema institucional prevaleciente, muchos creyeron sinceramente que podría ser convertido en un escenario de encuentro social y político, en el que los conflictos y las discrepancias serían canalizados en debates racionales, dando así oportunidad al surgimiento de la “democracia deliberativa” y un nuevo pacto nacional. Hoy está más claro que nunca que ésta fue una posición voluntarista cuando no francamente ingenua. Lo único que ha logrado la Asamblea, hasta ahora, es dar legitimidad a esa parodia de la democracia que es el asambleísmo, donde el volumen de los gritos puede fácilmente imponer silencio a las ideas. La Asamblea Constituyente fue, y sigue siendo, un peligro para la democracia en Bolivia.  Un peligro del que solamente nos libran las instituciones y leyes, y el compromiso que ha demostrado la población boliviana – a pesar de su escasa formación y la facilidad con que cae en las tentaciones demagógicas- con la libertad.

DEFENDIENDO LA ALHARACA

July 12, 2007

¿Por qué entonces tanta alharaca ahora? se pregunta nuestro querido y respetado amigo Xavier Albó luego de criticar un reportaje de La Razón que, a su vez, criticaba la visión indigenizada de Bolivia que emergió del Censo del 2001.

Es sorprendente, por decir lo menos, que un investigador acucioso e inteligente como Albó no se haya dado cuenta todavía de por qué tanta alharaca con este asunto. La explicación de la alharaca es muy sencilla, querido Xavier, y es que los datos que ayudaste a construir y que tanto defiendes están siendo utilizados para justificar el cuoteo étnico del país y arrinconar a la mayoría de los bolivianos que, contra las alharacas indigenistas, quisiera ser definido simplemente así: boliviano. La alharaca se justifica porque la visión étnica desde la cual se quiere reconstruir el sistema político e institucional del país, es una visión unidimensional de la identidad, que privilegia apenas un aspecto de ella y que, al hacerlo, no solamente amenaza la libertad de las personas sino que también representa una amenaza a la paz y a la convivencia social. Si bien la autodefinición étnica pone de relieve una identidad que usted llama cultural y que es seguramente cultural en el rigor conceptual de la antropología, usted y yo sabemos muy bien que es una definición de identidad que tiene fuertes connotaciones raciales para el sentido común de las personas. Estoy seguro de que usted no ignora este aspecto, pues por algo en su artículo menciona las “cargas emocionales negativas” de algunas categorías como blanca, chola, originaria a las que, porque sí, usted mismo define como razas, demostrando que incluso para un antropólogo profesional la distinción entre “raza” y “etnia” es, cuando no confusa, muy tenue. Frente a esa confusión, de la cual es difícil escapar, me permito, querido Xavier, defender la alharaca que tanto te sorprende como un acto de principios destinado a rescatar la condición humana, que es incluyente, como base fundamental de ciudadanía.

Quisiera que se entienda también que defender la alharaca es, en este caso concreto, también un acto de rechazo a quienes quieren condenar a las personas a las prisiones de una identidad étnica. Prisiones, porque dando prioridad política a un aspecto simplificador de la compleja y diversa identidad humana, como es el étnico, las personas podrían ser limitadas a un desarrollo unidimensional de su propia personalidad, que requiere explorar otras fuentes de identidad. Lo que es aún más peligroso, a partir de ahí podrían incluso ser conducida a enfrentar a los otros con violencia por considerarlos una amenaza, un grupo con menos derechos, inferiores, opresores, enemigos o lo que se le ocurra a quien sea capaz de manipular el reduccionismo identitario. Porque si uno puede verse a sí mismo primariamente como parte de un grupo étnico, ignorando los otros aspectos de su identidad, también podrá ver al otro solamente como perteneciente a otro grupo étnico, ignorando que es mucho más que eso y que, en ese mucho más, ambos tienen mucho que compartir. Ya sé que esta simplificación no está en el proyecto de reconstrucción estatal desde lo étnico, que incluye esa visión plurinacional y la propuesta de autonomías indígenas, pero es necesario reconocer que, si se plantea lo étnico como principio organizador del Estado, es decir, de la política y del derecho, lo que se está planteando en los hechos es definir esa dimensión como la esencial. El mensaje implícito es que las otras no son esenciales o son menos importantes. Por eso la alharaca, Xavier, porque por ese camino podemos fácilmente acercarnos al abismo de la violencia racista o, si no llegamos a él, quedarnos en la maraña de las exclusiones e injusticias.

¿Cuál es la opción? ¿Ignorar el racismo que realmente existe y las diversas formas de discriminación? Por supuesto que no. La opción es una que la propia humanidad ha creado al descubrirse como tal, es decir, la de organizar nuestros sistemas institucionales y políticos a partir de lo que es esencial y, además, común a todos: la condición humana, la individualidad, el derecho de todos a ser personas y a ejercer la libertad como un acto de realización y de responsabilidad consigo mismo y hacia los demás. En lo concreto esto significa colocar en el centro del diseño institucional a las personas, y definir al Estado y a sus instituciones como instrumentos que deben estar al servicio de las personas, o sea, dicho en términos políticos, de los ciudadanos. Esto no impide los derechos culturales que eventualmente serán reconocidos para ciertos grupos ni importa obligaciones a nadie para definirse, si así lo quiere, como mestizos, como quechuas o como jóvenes, siempre que se reconozcan y reconozcan a otros como personas en igualdad de derechos y obligaciones.

¿Desaparecerán de este modo las desigualdades y las injusticias? Por supuesto que no, pero por lo menos mantendremos abierto y transparente el desafío de seguir luchando para superarlas, evitando el riesgo de encubrir unas desigualdades con otras, que pueden desencadenar nuevas y peores exclusiones.

REPRESENTACION Y LIBERTAD

July 6, 2007

Desde que recuperamos la democracia en los años 80, se consideró que las dificultades para consolidarla  eran evidencias de una permanente crisis de representación. De ahí que gran parte de las reformas políticas en el país fueron orientadas por la búsqueda de nuevos y mejores mecanismos para hacer que el sistema político sea más representativo. Quienes tuvieron responsabilidades de gobierno concentraron sus esfuerzos en mejorar la representación, y quienes aspiraban al poder concentraron sus críticas en esos esfuerzos que consideraban insuficientes.

Ambos grupos tuvieron éxito, pero el problema quedó sin resolver.

En efecto, durante todo este periodo de reformas institucionales se han modificado sustancialmente los mecanismos electorales y la conformación de órganos políticos como el Congreso Nacional y los Concejos Municipales, e incluso se han ensayado órganos innovadores como los Consejos Departamentales y la Asamblea Constituyente. La eliminación de un supuesto “monopolio de los partidos” y el establecimiento de cuotas para abrir espacios a grupos no representados han cambiado la composición territorial, étnica y de género de los órganos colectivos. Se diseñaron reformas y se las aplicó, lo que significa que hubo éxito en la ejecución de esas ideas.

Las fuerzas que habían criticado la falta de representatividad de los organismos existentes también tuvieron éxito, pues lograron cambiarlos y, sobre todo, porque aumentaron sus propias posibilidades de acceso al poder. Tuvieron tanto éxito que lograron desarticular el sistema de representatividad con que nació la democracia, imponiendo la ilusión de que es posible una gestión directa y participativa de la política por parte de los grupos sociales movilizados.

En el límite de este modelo participativo cada uno se representa a sí mismo, lo que tiende a la exacerbación del particularismo y la disolución de la política como espacio de creación del bien común.

El problema es que el país llega con frecuencia a ese límite. Ocurre cuando la gente cree que no tiene otra manera de ser escuchada si no es ejerciendo presión sobre los demás, y se lanza a bloqueos, tomas y ocupaciones de lugares, o al autosacrificio de crucifixiones y huelgas de hambre.

El hecho de que estemos bordeando esos límites con tanta frecuencia señala que los cambios efectuados en la búsqueda de una mayor y mejor representación no han sido adecuados.

Ese es también el significado de los rápidos rechazos que sufren alcaldes, concejales y diputados que al poco tiempo de haber sido elegidos por un mecanismo que, supuestamente, los hizo más representativos, confrontan demandas de renuncia que llegan a expresarse en acciones violentas. Estos son ejemplos pálidos frente al de la Asamblea Constituyente, formada por tres delegados por cada circunscripción territorial más cinco por departamento y que, sin embargo, tiene que andar recorriendo el país para enterarse de lo que piensan sus representados.

¿Cómo se explica que tengamos éxito al mismo tiempo que fracasamos?

Quizás podamos encontrar una respuesta a este problema en la concepción misma de la representación que ha guiado y todavía orienta el debate político en el país. Si se analiza con detenimiento se verá que en Bolivia predomina una concepción fundada en lo social más que en lo político y que, por tanto, impone criterios de representación social para el funcionamiento de órganos que son políticos, con lo cual termina por inutilizarlos. Veamos.

Desde la concepción social predominante se busca representar lo que hoy son las personas, mientras que la política debería representar lo que las personas quieren ser. Para decirlo en términos más amplios: hemos tratado de que se represente lo que es el país, sin darnos cuenta de que, a la larga, eso nos impide encontrar lo que queremos ser.

La idea de representación  social se refiere a lo que hoy son los sujetos, a sus características y a su historia. Y si resulta complicado diseñar mecanismos socialmente representativos es, precisamente, porque las personas no somos unidimensionales, sino que somos muchas cosas al mismo tiempo. Lo que un día y en un lugar nos parece muy importante para definir nuestra identidad o nuestra posición, otro día o en otro lugar ya no lo es. Así, ser hombre o mujer puede ser muy importante en una situación, pero en otra resulta serlo mucho más el trabajo que desempeñamos o la profesión que tenemos. Si sube el impuesto al salario, ésta será la condición más importante para nosotros y no el origen de nuestros antepasados. Y si de pronto hay un conflicto con los de un lugar vecino, el territorio que habitamos o nuestro lugar de nacimiento determinarán nuestra posición e identidad.

Organizar un sistema que sea representativo de una identidad que es múltiple y cambiante es imposible y por eso fracasará siempre. La identidad étnica, por ejemplo, que algunos proponen como principio de representación, podría ser importante al momento de diseñar el sistema, pero ya no al ponerlo en funcionamiento o mucho menos cuando deba administrar discrepancias y conflictos.  Y lo mismo puede decirse de la identidad de género, o de generaciones, o territorial.

Es necesario reconocer que la búsqueda de un sistema político basado en la representación social enfatiza una perspectiva conservadora, que mira hacia el pasado. Si tiene éxito, ancla a la sociedad en ese pasado, es decir, la ata a lo que es y a todo aquello que determinó lo que ahora es esa sociedad. Con el riesgo adicional de que puede terminar profundizando las divisiones y promoviendo el conflicto, puesto que tiende a poner de relieve los particularismos y las peculiaridades.

La opción alternativa consiste en concentrarse en lograr que el sistema político sea políticamente representativo, lo que quiere decir que debe dar cabida a las propuestas de futuro, a las ideas de lo que queremos ser como sociedad o como país. Esto permitiría colocar las aspiraciones de futuro por encima de las divisiones y diferenciaciones que se originaron en el pasado. El futuro es donde podemos imaginar la paz y donde se encuentran el desarrollo y la equidad, si trabajamos para lograrlo.

Un sistema institucional políticamente representativo no es solamente más viable sino, además, mucho más fácil de construir. Basta con establecer normas que garanticen las libertades ciudadanas y controlen la intolerancia y el autoritarismo con mecanismos que equilibren los poderes y permitan controles mutuos, y dejar que la gente se agrupe y organice en torno a propuestas y aspiraciones.

Este cambio de enfoque otorga mayor libertad para las personas. En vez de obligarnos a elegir a quien represente lo que circunstancialmente puede ser relevante, nos permite romper las prisiones del pasado para pensar con más libertad en lo que queremos ser, en nuestro porvenir. La política tiene que ser el lugar donde se busca, y encuentra, la libertad. Al fin de cuentas, el futuro y la esperanza deben ser también parte de la identidad.

Y si fracasa la Constituyente?

July 6, 2007

¿Y SI FRACASA LA CONSTITUYENTE? 

Roberto Laserna 

Ahora que se han hecho más visibles las sombras del fracaso de la Asamblea Constituyente es frecuente escuchar advertencias de que, si eso ocurre, podría desatarse la violencia en el país. Se trata, obviamente, de un exceso, y hasta podría considerarse una suerte de chantaje destinado a atemorizar a la población. Chantaje para lograr que la población siga creyendo en esa ilusión que nos condujo a forzar las normas y abrir la Caja de Pandora en la que se ha ido convirtiendo, previsiblemente, la Asamblea, y forzar su prórroga, no contemplada en la ley de convocatoria. Esto solamente prolongaría la incertidumbre, nuevos conflictos y crecientes pugnas particularistas. O chantaje para crear un ambiente que permita, por el temor, una aprobación ciega al nuevo texto constitucional en el referéndum previsto para darle plena vigencia. Ningún chantaje logra efectos duraderos por lo que lo más razonable sería, ahora, admitir que la Asamblea fracasó. Invertir más esfuerzos y recursos en ella solamente agravaría el costo económico y político que el país ya absorbió hasta ahora.

El fracaso de la Asamblea, es decir, su cierre sin pena ni gloria el próximo 6 de agosto, cuando se haya verificado finalmente que no se logró el ansiado encuentro deliberativo y el nuevo pacto democrático, implicaría mantener la vigencia de la actual Constitución Política del Estado.

Después de admitir el fracaso no caeremos en un vacío de normas y leyes sino que tendremos que asumir la necesidad de seguir jugando bajo las reglas que el país se ha ido dotando a lo largo de sus 182 años de vida republicana. ¿Qué quiere decir esto?Que Bolivia seguirá definida como una república unitaria “libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural”  y que tendrá un gobierno con “la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos”. Que la soberanía seguirá residiendo en el pueblo y que el derecho de voto será universal e igual para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Que no habrá esclavos ni siervos y que todo trabajo deberá ser justamente remunerado.  Que se respetará la dignidad de la persona sin discriminación alguna y que todos gozarán de libertad para pensar,  expresarse, trasladarse, invertir, trabajar, producir, tener creencias religiosas, desarrollar su cultura o asociarse con otros, siempre en el marco de las leyes y respetando las libertades de los demás. ¿Qué hay de malo en todo eso?¿Por qué no podríamos continuar presumiendo la inocencia de la gente hasta que se pruebe lo contrario en una corte independiente y donde los acusados sean escuchados y tengan la protección de la ley y el apoyo de un abogado? ¿Por qué no podría seguirse reconociendo el derecho de las personas a la propiedad siempre que ella no sea perjudicial al interés colectivo y a recibir indemnización si se la expropia?

La actual Constitución Política del Estado, que ha sido puesta en duda por la Asamblea Constituyente, otorga autonomía a los gobiernos municipales y reconoce la de las universidades, y define la educación como “la más alta función del Estado”. También establece la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, creando mecanismos de equilibrio entre la  representación territorial (Senado) y poblacional (Diputados), dando protección a los ciudadanos (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Corte Electoral) y controlando el uso de los bienes públicos (Contraloría). Si fracasa la Constituyente, renovará su vigencia la norma que define los recursos naturales del suelo y del subsuelo, incluyendo aguas, hidrocarburos y minerales como de “dominio originario del Estado”. Seguirá reconociéndose que “el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, y se establece el derecho del campesino a la dotación de tierras”, desconociéndose el latifundio y regulándose la economía a fin de que responda “a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano”. ¿Acaso esto es tan malo que debamos tirarlo por la borda?

Reconocer que la Asamblea fracasó no nos dejaría en un limbo jurídico ni institucional. Hay una Constitución y ella es el fruto de una larga acumulación de experiencias y luchas sociales que, indudablemente, puede seguirse mejorando y cambiando mediante procedimientos razonables y cautelosos, de concertación democrática. Admitir el fracaso de la Constituyente, en vez de prolongar su agonía, no nos cierra los caminos del cambio que seguiremos buscando, pero sí nos ayudaría a cerrar una fuente de conflictos e incertidumbre y nos permitiría dedicarnos a cosas menos ilusorias y más efectivas. Hay mucho que hacer en el país para que sigamos en el camino de la confrontación estéril al que nos está llevando este proceso. Reconocer que nos equivocamos como país al apostar por la Constituyente nos ayudará, finalmente, a abandonar la ingenua creencia de que basta con cambiar leyes para que cambie la realidad.  

Publicado en Los Tiempos, 26/06/2007 y El Deber, 26/06/07