Seguridad en el transporte

El país sufre un paro del transporte motorizado. La información simplista concentra la causa del mismo en un decreto que aspira a imponer severos castigos a quienes conduzcan ebrios, omitiendo los datos que han hecho del decreto un problema de gran magnitud. En la disputa entre el gobierno y los transportistas se ha perdido de vista la cuestión central de la seguridad vial y, como ocurre con frecuencia, los ciudadanos estamos ahora en el medio de una pugna de poder en la que ya estamos perdiendo todos.

El decreto fue apresuradamente redactado para dar muestras de la preocupación del gobierno por la seguridad en las carreteras, luego de que se produjera una sucesión de accidentes con decenas de muertos y heridos. Los transportistas reclamaron de inmediato y pidieron reconsiderar las nuevas normas y las penalidades creadas. El debate público se redujo a la cuestión de la ebriedad y el retiro de la licencia de conducir y pasó por alto el hecho de que, en realidad, el decreto pretende transferir toda la responsabilidad de la seguridad vial hacia los empresarios y hacia los profesionales del transporte. Este es el núcleo del problema y, visto así, la protesta que sufre el país está más que justificada.

Es obvio que los transportistas, los dueños y los asalariados, tienen una parte muy importante de responsabilidad en la seguridad vial, pero no puede ignorarse que también la tienen las instituciones del Estado y las autoridades que las manejan.

Por ejemplo, las unidades policiales de Tránsito tienen una gran responsabilidad al ser ellas las encargadas de otorgar licencias de conducir. La diferencia entre una licencia particular y una profesional es, en la práctica, de unos cuantos pesos. Los exámenes que se toman son elementales y con frecuencia se los elude.

El de chofer es, en realidad, el título profesional menos exigente del país. Los médicos deben pasar por 7 años de universidad más 2 de especialidad por lo menos para que se les permita tratar con vidas humanas, siempre que lo hagan de uno en uno. Los choferes no. Basta el desordenado trámite en el Tránsito y pueden tratar, cada día, con muchas vidas humanas a la vez. Con frecuencia, incluso jugar con vidas, como cuando hacen carreritas entre micros y trufis en avenidas y carreteras. Por supuesto, ellos tienen que asumir responsabilidades por su comportamiento, pero ¿no deberían también asumirlas las autoridades policiales? ¿No fueron ellas las que otorgaron las licencias y las que, según la ley, deberían verificar su autenticidad y vigilar que se cumplan los reglamentos?

También tienen una gran responsabilidad las entidades encargadas del diseño, construcción y mantenimiento de las vías camineras. Una larga recta que culmina en una curva abrupta, con poco peralte y sin señalización, tarde o temprano cobrará víctimas. Son muchísimos los casos de este tipo, en los que se erigen como tardías señales de alerta las cruces que recuerdan a los fallecidos. Un bache imprevisto, piedras que cayeron en la noche, el agua que busca su cauce por que no hay cunetas adecuadas son también factores que algún momento resultan mortales.

Problemas de este tipo abundan y no sólo en carreteras, también en las ciudades, donde a cada rato uno se enfrenta a semáforos mal coordinados, rompemuelles improvisados, rotondas mal diseñadas, salidas y entradas de autopistas que invitan a la imprudencia.

Pongamos en ese laberinto de calles y carreteras mal diseñadas y mal mantenidas a choferes que improvisan su profesión con licencias injustificadas y tendremos justamente lo que tenemos hoy: número creciente de accidentes graves.

Además de lo anterior, en los hechos no existe un verdadero sistema para autorizar y supervisar a las empresas de transporte, sean unipersonales o de grandes capitales. Como en muchas otras actividades, las más grandes suelen cumplir mejor las normas porque son más fáciles de vigilar. ¿Pero quién revisa en serio los frenos de un trufi que vuela cada día al Chapare? ¿O las llantas del taxi que sube y baja por la autopista?

Ninguna de estas observaciones pretende reducir la importancia de la seguridad vial. Todo lo contrario. En otras oportunidades hemos llamado la atención acerca del aumento exponencial de los accidentes como una muestra del deterioro general de la seguridad ciudadana. Pero eso no puede justificar improvisaciones como la que pretende eludir la responsabilidad gubernamental y transferirla a los demás mediante castigos y penalidades.

Me pregunto si no podemos aprovechar este momento de tensión para considerar opciones más creativas para mejorar la seguridad en el transporte.

Me atrevo a proponer una idea. Ya que hay un SOAT que obliga a asegurar a todos los vehículos, ¿no podríamos mejorarlo? Por ejemplo, se lo podría ampliar de manera que no solamente funcione como una red de protección a las víctimas, cuando ya se producen los accidentes, sino también como un mecanismo de prevención. Para ello, bastaría transferir a las compañías de seguros la responsabilidad de efectuar la revisión técnica de los vehículos e incluso la de otorgar las licencias de conducir, y de incorporar en ellas una prima de seguro similar al SOAT. Este es para vehículos y, por ser universal, resulta bastante barato. Pagar una prima, anual para profesionales y trienal para particulares, permitiría contar con recursos para resarcir daños causados por los conductores, incluso a ellos mismos, y además facilitaría incrementar las primas a los que conducen mal, transgreden las normas o son detectados manejando bajo la influencia del alcohol u otras drogas.

Como los accidentes son un costo para las compañías de seguros, ellas pondrían el mayor interés en reducirlos. Y como las infracciones tendrían un costo para los conductores, éstos pondrían su interés en reducirlas.

La policía de Tránsito, en ese modelo, tendría la función clave de supervisar que se apliquen las normas en la otorgación de licencias y en vigilar y castigar a los infractores, concentrando su atención a lo que es propiamente el tránsito de vehículos.

Esquemas parecidos podrían diseñarse para el tema de las carreteras y vías urbanas. Y en lo que hace a las empresas, bastaría con que funcionen las antiguas Superintendencias, hoy reducidas a dependencias ministeriales con el pomposo nombre de Autoridades.

Que las crisis sean también oportunidades depende, sobre todo, de lo que hacemos en ellas. En este caso, puesto en la mesa del debate público el tema de la seguridad en el transporte, hagamos el esfuerzo de ir más allá de la pulseta de poder y busquemos soluciones de fondo y de largo plazo que realmente nos ayuden a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos.

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