El 1 de mayo volvió a celebrarse el ritual que renueva el prebendalismo estatal: el gobierno “regaló” un aumento salarial. Con dinero ajeno, claro. Es un rito anual cuyos efectos son ignorados. En los diálogos al café “Marcos Escudero” se los ha evaluado.
Rodolfo Eróstegui, conocido columnista en temas laborales, destacó que estos aumentos transgreden las normas del código del trabajo. Éste sugiere la determinación periódica de un salario mínimo, pero no una intervención tan profunda en el mercado, como para determinar cambios en el salario básico o eliminar la negociación obrero patronal.
La especialista Beatriz Muriel, de INESAD, destacó que la política salarial boliviana ha sido excluyente y discriminatoria, debido a que trata la situación de los trabajadores con empleos regulares, que representan apenas el 15 % de la fuerza laboral. La gran mayoría, que trabaja por cuenta propia o en pequeños negocios, no recibe la atención del gobierno. Peor aún, esta política alienta el crecimiento del sector informal y aumenta el desempleo encubierto.
Este proceso fue corroborado por José Luis Barroso, quien estudia el mercado laboral. El destacó que la demanda laboral manifestada, fundamentalmente, a través de avisos de prensa, se ha ido reduciendo a tal punto que el año 2022 la cantidad de puestos de trabajo que se ofrecen por avisos de prensa es menor a la que se ofrecía hace 14 años.
En el Instituto Nacional de Estadística encontramos uno de los datos favoritos del gobierno: la evolución del salario mínimo en Bolivia cuyo crecimiento ha sido significativo pasando de 440 Bs el 2004 a casi 2500 el 2022.
Sin embargo, lejos de haber mejorado la situación de los trabajadores esta política la ha perjudicado. Y no solo a los trabajadores, sino también a los inversionistas y, por tanto, a todos los bolivianos.
El salario mínimo se ha convertido en el salario de acceso al mercado de trabajo. Su paulatino aumento encarece la contratación trabajadores no calificados o principiantes y eso los deja fuera.
Lo importante, en todo caso, es observar la capacidad adquisitiva o el poder de compra de los salarios, y no del mínimo sino del promedio, que es más representativo. Los datos del INE muestran que el salario promedio real en el sector privado se ha mantenido estancado y con leve tendencia declinante en los últimos 20 años. El crecimiento económico no ha mejorado la situación de los trabajadores. El 2004 el salario medio real en el sector privado era de 1600 Bs. medido a precios de 1995. En el año 2022, con los mismos criterios de medición, el salario medio real de los trabajadores del sector privado era de 1560 Bs. La bonanza sólo fue aprovechada por el sector público, donde sí crecieron los salarios reales.
Los salarios reales bajaron a pesar del aumento del mínimo, porque los salarios más altos se contrajeron. Las desigualdades salariales se han reducido lo que implica que se ha eliminado el premio a la capacidad o a la mayor formación. Es decir, no hay incentivos para mejorar la productividad laboral. Hay más igualdad, pero menos justicia.
En suma, el estancamiento del salario real en el sector privado, la contracción del sector formal, y la disminución de las diferencias, indican que los trabajadores que han sufrido mayor deterioro en su posición en el mercado laboral han sido los más productivos, los más experimentados, los mejor calificados. Con mayores costos y menor productividad las inversiones son menos rentables, y la economía ha terminado perjudicada.
(el autor es investigador de CERES)
Javier Milei obtuvo la más alta votación en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la Argentina (PASO). Estas primarias son un mecanismo ordenador del sistema político. Cualquier elector puede votar en cualquiera de los partidos interesados en participar en la elección y dentro de ese partido por alguno de los candidatos que considere más cercano a su posición. Es decir, lo que se eligió en las PASO fueron los candidatos que terciarán en las elecciones nacionales al realizarse en el mes de octubre.
El sistema parlamentario se caracteriza porque su principal órgano de poder es colegiado y surge de la votación de sus ciudadanos. El gobierno es elegido por el parlamento. Cuando existe una mayoría partidaria, es ella la que elige al jefe de gobierno; pero, cuando no, se forman alianzas o coaliciones que pueden implicar acuerdos programáticos o de gestión. En suma, es un mecanismo de gobierno basado en la concertación y el diálogo.
En este artículo consideramos la posibilidad de una radical reforma monetaria. Podríamos usar como ejemplo cualquier moneda internacional, euros, rublos o “yuanes”. Hablamos de dolarizar por la cercanía que tenemos con una moneda que nos es habitual.
la Gestora Pública de Pensiones, el organismo creado por el gobierno para la administración estatizada del sistema de pensiones. Durante el debate animado por los resultados positivos que mostraba en su exposición, Durán dijo que el gobierno no le teme a la competencia con los Fondos de Pensiones privados, pero que la Constitución había dado un mandato claro: estatizar el sistema de pensiones.
Ellos recordaron que demoramos casi tres décadas en poner en marcha la exportación de gas al Brasil y que, en las últimas tres, prácticamente agotamos esa opción. La producción está declinando, ya no hay capacidad para exportar en las magnitudes que se habían proyectado, hoy nadie menciona más la posibilidad de hacer de Bolivia el corazón energético de América del Sur, no hay en carpeta ni un solo proyecto de gasoducto y mucho menos de licuefacción de gas. Por el contrario, no solo exportamos cada vez menos gas, sino que en un futuro próximo estaremos importando gas licuado, como ya lo hacemos con diésel y gasolina. 
La universidad boliviana está en una crisis profunda que no hace más que agravarse con el tiempo. Es difícil saber cuándo comenzó. Identificar ese momento depende de la manera en que la caractericemos. Pero es indudable que está instalada y no ofrece señales de resolución. Los indicadores son muchos y variados.
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