Exportación de aceites y Estado teflón

Lo ocurrido este mes pone en evidencia el carácter rentista del Estado. Por problemas de abastecimiento y precios del aceite, el gobierno de Bolivia decidió insólitamente prohibir su exportación. Como los ingresos fiscales dependen sólo marginalmente de los impuestos que genera la industria del aceite, las autoridades estatales no tomaron en cuenta el impacto que su decisión podría tener en los productores de aceite, soya, sorgo, maíz, algodón o girasol, ni en los empresarios que invirtieron en el rubro, ni en los trabajadores que dependen de él.

Este comportamiento, aparentemente absurdo, resulta perfectamente lógico cuando se recuerda que el financiamiento del Estado en Bolivia no depende de la riqueza que la gente genera, sino de la que se encuentra en la naturaleza. Es un aspecto común a la mayor parte de los países con abundantes recursos naturales, donde se vive un contraste similar de abundancia y pobreza, mucha riqueza y poco crecimiento. En la medida en que el Estado no depende de los impuestos, se desentiende de la suerte económica que tengan los trabajadores y empresarios, es indiferente a ellos, a sus actividades de producción, inversión y trabajo. Se recubre del teflón de las rentas, gasíferas en nuestro caso.

Controlar las rentas naturales hace que la economía fiscal se vuelva indiferente a los avatares de la economía nacional, es decir, sea insensible a los problemas de los bolivianos en su calidad de consumidores o productores. En esas condiciones, los agentes económicos no tienen otro camino que actuar en las esferas política o social, donde las autoridades sí son más sensibles. Es así que el carácter rentista del Estado se contagia a la sociedad, induciendo también comportamientos rentistas en la gente, es decir, obligándola a agruparse y presionar para defender su interés económico en la política o en las calles. Desaparecen los incentivos para producir y trabajar y aparecen los incentivos a la lucha política y social, porque ella permite en definitiva capturar una parte de las rentas naturales. Los aceiteros, soyeros y campesinos, además de los comerciantes y transportistas que intervienen en esta “cadena productiva” no tienen ahora otra alternativa que salir a las calles… y asi seguimos.

Dos reveses, dos…

Luego del tremendo revés que propinó la Corte Nacional Electoral al Gobierno, al resolver en contra de las leyes que aprobó de manera torpe y abusiva para forzar el referendum sobre su proyecto de CPE, los obispos acaban de emitir un pronunciamiento sobre el proyecto de Constitucion del MAS que es sin duda digno de una lectura atenta.

Se trata de una crítica severa y ponderada al proyecto del MAS que también implica una convocatoria a los católicos para rechazarla. Los Obispos tratan los temas de religión, aborto y educación, que son probablemente su mayor preocupación, pero en su reflexión apuntan a las amenazas políticas que contiene ese proyecto para las libertades individuales, la democracia, el crecimiento económico y la equidad.

Ambos hechos han sido sorprendentes.

La cercanía de Exeni al gobierno y el hecho de que la Sala Plena que preside también pusiera en entredicho los referendums autonómicos ha impedido a muchos percibir la magnitud de su gesto. Al suspender el referendum constituyente no solamente ha despreciado la enorme “inversión” que hizo el gobierno al cercar el Congreso y engañar a la directiva del Senado, sino que también permite que se cuestione más vigorosamente lo actuado por el oficialismo en La Glorieta y en Oruro. Si como resultado de este tiempo ganado se recupera un Tribunal Constitucional confiable, todo el andamiaje seudojurídico que ha montado el gobierno para imponer su CPE podría venirse abajo. No es poca cosa.

Las regiones, y en especial Santa Cruz, se han sentido también amenazadas por la resolución de la CNE y han reaccionado en contra de Exeni. Y es cierto que pierden con esa decisión, pero no en la magnitud de la pérdida del gobierno. Si el referendum regional se realiza en mayo o en diciembre no habrá mayor diferencia, de todos modos terminarán ganando la autonomía. Pero, mientras tanto, el país entero podría ganar en recuperación institucional y en remover la amenaza de la CPE del MAS.

El documento de los Obispos prueba en parte lo afirmado. A medida de que se conozca, el rechazo a la CPE del MAS irá en aumento. Y fue sorprendente, porque se difundió al mismo tiempo en que se planteaba la intervención de la Conferencia Episcopal como mediadora en un eventual proceso de concertación. No es seguro que el Gobierno mantenga su inicial aceptación, pero ha recibido una señal muy fuerte que no podrá ignorar. La prensa ha destacado también la crítica de los Obispos al procedimiento que se sigue para lograr las autonomías. Pero, nuevamente, esa crítica es muy suave frente a la que se plantea al gobierno.

Voluntarismo y mediación

El entusiasmo por las nuevas oportunidades que se abrieron, gracias a la decision de Exeni, de concertar soluciones a la crisis política, se está expresando en una lluvia de sugerencias sobre quiénes deben participar en el diálogo, dónde debe hacerse, qué temas debe tratar y quiénes deben o pueden actuar de mediadores.

Todo eso puede sin duda contribuir a establecer un adecuado escenario para la concertación, siempre que recordemos algunos principios elementales de la concertación.

En lo referente a mediadores, el principio clave es que deben ser aceptados por las partes. Y no solamente aceptados de mala gana, por presiones de la opinión pública, sino aceptados de buena fe y con disposición a respetar su rol en el proceso.

Esto quiere decir que el primer tema que deben concertar los actores involucrados en la concertación es el de los mediadores. Son ellos quienes deben proponer y decidir quiénes serán los mediadores, y determinar también cuál ha de ser el papel que desempeñen(moderar discusiones, elaborar propuestas, arbitrar discrepancias, etc.).

En esa concertación preliminar pueden tratarse también otros asuntos de método: dónde, cuántos, hasta cuándo, cómo expresarán el acuerdo cuanbdo lo haya, a qué expertos externos recurrirán y en qué temas, y un largo etcétera que se requiere para llevar una negociación a buen término.

Todo esto es bien conocido pero aquí lo olvidamos continuamente, y vamos de fracaso en fracaso con nuestros diálogos, pues nunca se realizó ninguno al amparo de procedimientos técnicamente probados para la concertación.

¿Será posible hacerlo esta vez? Lo dudo, pero no está demás insistir.

Esto quiere decir, entre otras cosas, que lo peor que puede suceder es que presionemos a favor de uno u otro mediador, o que aparezcan voluntarios para mediar.  Si nadie me llama a mediar en un problema y yo me meto de puro entusiasta, con seguridad que ambas partes sospecharán de mí… y probablemente tendrán razón.

En síntesis, sigamos apoyando estos esfuerzos y propongamos métodos y procedimientos, pero dejemos que la concertación madure como opción para las partes en conflicto. Y si somos de alguna de las partes, ayudemos a que madure esa opción pero trabajando internamente.

Oportunidad para la concertación

En un programa de TV emitido durante el fin de semana pasado, Julio Cesar Caballero me preguntó lo que significaba en la actual coyuntura la decisión de la Corte Nacional Electoral de suspender los referendos autonómicos.

Como la mayor parte de la prensa, la pregunta concentraba su atención sobre los referendos autonómicos, cuando al mismo tiempo la CNE dispuso la suspensión del referendo constitucional en una resolución que no solamente hacía referencia a la inviabilidad logística de cumplir los deseos del gobierno sino, además, la ilegalidad de lo hecho por el MAS en el Congreso la semana pasada. Exeni, como Presidente de la Corte, ha rechazado la actuación gubernamental del jueves 28 y se ha colocado al frente de un gobierno que no vaciló en ejercer la fuerza en plena Plaza Murillo.

Con justa razón, la oposición se ha mostrado desconfiada con la CNE y su presidente, y cree que estamos frente a una maniobra para demorar las autonomías. Pero al margen de las intenciones que pudiera tener Exeni, lo evidente es que ha puesto al gobierno nuevamente donde estaba: frente a la pared. Y sería un grave error de la oposición no aprovechar las circunstancias creadas de esta manera para impulsar un proceso de concertación política que recupere algo de la institucionalidad perdida. Si de aquí se pudiera lograr, cuando menos, un Tribunal Constitucional en serio, ya se habría logrado mucho.

Existe, en consecuencia un pequeño espacio para la concertación, una pequeña oportunidad para la negociación política.

Por supuesto, no será fácil llevarla a cabo por la gran desconfianza que se ha creado entre todos los actores políticos. Pero no será imposible si se la lleva a cabo siguiendo alguna metodología probada para la concertación o, cuando menos, buscando un acuerdo procedmiental de inicio, antes siquiera de discutir la agenda. En el actual grado de desconfianza, lo aconsejable sería buscar, primero que nada, un acuerdo sobre mediador, facilitador o, incluso, arbitro, que bien puede ser una persona en la que ambas partes confien, o una institucion con suficiente poder como para que las partes la respeten, o teman.

Si el resultado de este proceso es tener un arbitro propio y permanente, es decir, un Tribunal Constitucional fuerte e independiente, habremos ganado mucho en la preservacion de la democracia.

La JIFE y la hoja de coca

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes le ha hecho un inmenso favor al Presidente Evo Morales al proponer un retorno a la Convención de 1961 y la erradicación del consumo de coca en estado natural. De inmediato ha resurgido la imagen de víctima que cultiva con tanto esmero el movimiento cocalero, y que a lo largo de los últimos años le ha permitido asociar la defensa de la coca a la defensa de la identidad y ambas a la resistencia al imperialismo, al capitalismo y a todo lo que se les pueda asociar. Con ello podrán encubrir las ineficiencias de la gestión gubernamental presidida por Evo Morales, incluyendo las de una política hacia la coca que no ha hecho más que prolongar las condiciones de subordinación del campesino productor a la estructura político-sindical del MAS.

El cálculo político de la JIFE es, en consecuencia, perfectamente funcional a los intereses inmediatos del Presidente Morales. Pero es, además, científicamente equivocado, pues no hay sustento alguno a su definición del acullico como adicción perjudicial a la salud y, por tanto, a su demanda de erradicarlo. Varios científicos han demostrado que los estudios en que se basó la Convención de 1961 no siguieron metodologías adecuadas y arrojaron resultados que hoy ya no se consideran válidos, de manera que reivindicar decisiones tomadas hace 45 años con datos y conclusiones inapropiados no pasa de ser una muestra de ceguera ideológica que, como vimos y veremos, tiene efectos opuestos a los que pretenden.  

En este tema hay que recuperar la sabiduría griega y recordar que en su Corpus Hippocraticum el fundador de la medicina y la farmacología afirmó que “Sólo la dosis distingue al remedio del veneno”.

Cátedra de economía “positiva”…

Al terminar el primer año de la gestión del Presidente Morales, un triunfalista Alvaro García Linera se jactó de estar dando cátedra de economía…

Estos “catedráticos” acaban de hacer un nuevo aporte al país: una “variación porcentual positiva” del Indice de Precios al Consumidor del 2.62% durante el corto mes de febrero del 2008. Con esto, su aporte al crecimiento positivo de los precios llega al 13.32% en los últimos 12 meses y al 21.15% desde que comenzó la gestión presidencial de Evo Morales.

El aporte positivo al crecimiento de los precios de los alimentos es todavía mayor: 4.77% sólo en febrero.

A este paso, no debería extrañarnos que en el próximo informe sobre cumplimiento de los Objetivos del Milenio se escriba que en los últimos dos años se ha registrado una “variación positiva” de la incidencia de la pobreza.

Hay inflación y la inflación es dañina. Perturba las condiciones económicas y afecta con mayor fuerza a los grupos que son económicamente más vulnerables. Casi siempre implica un proceso de redistribución regresiva del ingreso, que hace más pobres a los pobres y crea oportunidades para el enriquecimiento de quienes tienen capacidad, y poder, para especular.

Pero en el gobierno se empeñan, de un tiempo a esa parte, a utilizar ese lenguaje de “variaciones positivas” de los precios para hablar de la inflación, y al aporte o la incidencia positiva que representan los aumentos de precios en tal o cual rubro. Les invito a ver por ejemplo las notas de prensa en las que el INE presenta los datos sobre el comportamiento del Indice de Precios al Consumidor.

Los catedráticos de esta curiosa economía positiva no hacen más que “aportar positivamente” al crecimiento de la ira popular. A la ineficiencia suman la mentira… y a ella el insulto de creer que los bolivianos somos tontos.