Roberto Laserna
Hace unos días el Presidente de Nigeria, Umaru Yar’Adua, envió un proyecto de ley al parlamento de su país proponiendo la distribución del equivalente al 10% de los ingresos petroleros directamente a los ciudadanos del delta del Níger. La región, productora de la mayor parte del petróleo de este gigante africano, es también la más azotada por la violencia y donde los contrastes de riqueza y pobreza son los más altos. De hecho, Yar´Adua pretende con este procedimiento satisfacer la demanda fundamental de la población del Níger, que es acceder a una parte de esa riqueza, eliminando así la principal causa de la violencia en la zona.
Hasta ahora, Nigeria fue uno de los casos emblemáticos de la maldición de los recursos naturales, pues desde que se descubrió petróleo en su costa no sólo crecieron las exportaciones y el PIB, sino también la pobreza, el SIDA y la violencia.
Muy cerca de Nigeria se encuentra Ghana, hasta ahora uno de los pocos países africanos que parecía encaminarse hacia una democracia con sólidas instituciones y una economía estable y en crecimiento. Pero hace poco descubrió grandes reservas de petróleo y dentro de un par de años el país se convertirá en exportador petrolero. Los investigadores del Centro para el Desarrollo Global de Washington difundieron un estudio sobre los problemas que podría representar para Ghana la afluencia de esos recursos, y prepararon un memorando al Presidente John Atta Mills sugiriéndole una fórmula para evitar esos problemas: distribuir el dinero petrolero entre todos los ciudadanos (cgdev.org). La directora de este centro, Nancy Birdsall ya había planteado junto a Arvind Subramanian una propuesta similar para Irak hace algunos años, a través de la prestigiosa revista Foreign Affairs.
En Marzo de este año, Muammar Gaddafi propuso liquidar el enorme aparato burocrático de Libia y distribuir entre los ciudadanos los ingresos provenientes del petróleo. La propuesta del caudillo libio es parte de su sorprendente giro político, luego de reconocer el fracaso de la larga revolución que preside y admitir que es tiempo de ensayar algo completamente diferente.
La propuesta ha encontrado la resistencia de la burocracia libia, incluyendo el primer ministro al-Mahmoudi y el presidente del Banco Central, Bin Guidara. Para ellos, la distribución de los recursos petroleros entre todos los ciudadanos causaría una debacle económica, con inflación y caos. Gaddafi replicó: “lo que ustedes quieren es que la situación no cambie y puedan así conservar sus privilegios”, y les exigió que piensen en cómo se puede distribuir directamente a todos los libios el dinero proveniente de las exportaciones petroleras. “El petróleo pertenece a los libios y ellos deben tener ese dinero y hacer con él lo que les plazca”, habría afirmado el líder libio (Javno.com).
Todavía no se sabe la respuesta del Presidente de Ghana, pero sí la de los políticos y burócratas, tanto irakíes como norteamericanos, que han estado a cargo de la reconstrucción de Irak: “Si el dinero es público, lo gastamos nosotros”. No son sus palabras, por supuesto, pero es su lógica. Similar a la de los ministros de Gaddafi y a la de los planificadores del gobierno boliviano, que prefieren mantener el control de los recursos para sostener proyectos grandiosos de industrialización, educación, infraestructura, dejando para la gente los mínimos bonos que garanticen su apoyo político. Sabemos que esos proyectos son grandiosos en intenciones pero pobres en realidad, como lo muestran las experiencias de despilfarro y corrupción que compartimos con muchos países petroleros.
En noviembre del 2006 un grupo de ciudadanos planteó en Bolivia una solución parecida. En un documento firmado entre otros por Eduardo Rodríguez Veltzé, Victor Hugo Cárdenas, Juan Antonio Morales, ex Prefectos departamentales, ex Ministros, periodistas y académicos, se planteó “que se distribuyan todas las rentas naturales entre todos los ciudadanos, sin intermediarios ni promesas, de manera directa y transparente, a fin de que cada uno decida qué hacer con esos recursos para beneficiar a su familia y contribuir al progreso nacional”.
Aquella propuesta no fue una ocurrencia y, como se ve, tampoco aislada. Se basa en investigaciones que detectaron los riesgos de la abundancia en un entorno de débil institucionalidad como el nuestro, y en estudios que descubrieron los impactos positivos de las transferencias directas de efectivo, como los bonos, así como de estudios prospectivos que demostraron que este modelo reduciría la pobreza y las desigualdades y dinamizaría el crecimiento.
Por su parte, el Banco Mundial difundió hace poco una amplia revisión de experiencias de transferencia directa de dinero a la gente. Unas más que otras, todas las experiencias analizadas han sido exitosas.
En síntesis, la distribución directa y en efectivo con absoluta seguridad eliminaría los enormes problemas que crea la abundancia y eso debería bastar para convencernos de la necesidad de llevarla a cabo. Pero si a ese enorme beneficio se le añade la probabilidad de que además reduzca la pobreza y la desigualad, no deberíamos dudar un instante para convertir esta propuesta en política de Estado.
El país vive ahora una coyuntura especial. El boom exportador ha pasado pero el país todavía obtiene mucho dinero de la explotación de sus recursos naturales. El hierro y el litio podrían sumar mucho más a lo que se tiene, así como podrían hacerlo otros recursos ambientales que apenas conocemos. Aprendiendo de lo que ya hicimos con el Bonosol-Renta Dignidad, podemos avanzar más y hacer que finalmente se cumpla la promesa que han hecho todas las constituciones bolivianas: “los recursos naturales son del pueblo”.
Si logramos que las rentas lleguen a sus verdaderos dueños, los ciudadanos bolivianos, sin discriminación ni intermediación, no solamente alcanzaremos niveles superiores de desarrollo y bienestar en Bolivia, sino que ayudaremos a que lo hagan ciudadanos de países tan dispares y lejanos como Libia, Nigeria, Ghana e Irak.
VIENTOS NUEVOS 